OPINIÓN | Por Alfredo Guevara | Abogado, militante de Derechos Humanos
Aquellos que tradicionalmente se han encargado de utilizar el nombre de la República incurrieron en las peores violaciones del orden democrático e institucional.
Bajo el liderazgo de Alfonsín en los albores de la Democracia los valores republicanos fueron cada vez ganando más fuerza, pero no en su versión autoritaria, sino apropiados por los movimientos de Derechos Humanos y amplios sectores de la sociedad que exigieron el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
Pero lo que hemos visto durante el periodo macrista, y lo que sucede en provincias como Jujuy o Mendoza son casos dignos de mencionar-
En el orden nacional, fue claro el informe del Relator de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados, quien señaló la existencia de un plan sistemático de amedrentamiento y quiebre de la independencia judicial a partir de 2015. Todos los atropellos fueron realizados en el nombre de la República. El caso de Jujuy es conocido, los escándalos en la manipulación del Poder Judicial por parte de Morales han llegado a distintas instancias internacionales con la persecución a Milagro Sala.
Pero poco se conoce de la situación mendocina, que demuestra el grado de descomposición del radicalismo. Mendoza se encuentra en este momento sumida en una grave crisis institucional, debido a la ofensiva del gobierno de Suarez para consolidar una mayoría automática en la Suprema Corte Mendocina y completar el trabajo de Cornejo.
Cornejo designó en los puestos clave de control constitucional a funcionarios y militantes partidarios; ha puesto uno de cada tres jueces flexibilizando arbitrariamente el puntaje de concursos; y enfrentó a la Suprema Corte de Mendoza considerando que allí resiste un sector “garantista”.
El próximo martes 30 de junio, después de la operación de desgaste que se realizó sobre Jorge Nanclares para obtener su renuncia, el Senado de la Provincia se dispone a designar en sesión secreta a Teresa Day, que le otorgaría finalmente la mayoría automática para consolidar el modelo punitivista que convirtió a Mendoza en la provincia que lidera el ranking de prisionización a nivel nacional, criminalizó la pobreza y la protesta; restringió la libertad de expresión e introdujo el lawfare a nivel local.
Diversos sectores políticos- incluyendo sectores conservadores y radicales- han cuestionado a Teresa Day por no reunir los requisitos que impone la constitución para el cargo en cuanto a la antigüedad en el ejercicio de la magistratura o la abogacía. Además, Teresa Day ha sido cuestionada por sus declaraciones contrarias al aborto, su falta de formación en perspectiva de género y su pertenencia al Opus Dei. Grupos “pro vida” encararon una campaña de apoyo a su candidatura, que fue rechazada por las organizaciones de mujeres nucleadas en “Ni Una Menos”. Su curriculum es gris. Trabajó como Secretaria en un Tribunal que impuso condenas a prisión perpetua a menores de 16 años que originaron que la Corte Interamericana condenara a la República Argentina en 2014 en la causa Mendoza. Ha participado en la redacción de una ley de prisión preventiva que ha sido calificada como regresiva por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2016. Intervino en las presiones a una jueza para la firma de 24 allanamientos y detenciones en la persecución ilegal a la Organización Barrial Tupac Amaru condenada por diversos organismos internacionales.
Las mayorías que el radicalismo tiene en el Senado garantizarían la aprobación del pliego de Day el próximo martes.
Sin embargo, todavía no hay nada dicho. Los distintos bloques de la oposición legislativa (Frente de Todos, Partido Intransigente y Protectora) han planteado una acción de Declaración de Certeza, que tramita ante la Sala II de la Corte Provincial, sobre la que el control radical no es total.
Por otra parte, ante la misma sala, Organismos de Derechos Humanos como la Asociación Ecuménica de Cuyo, Mujeres Cotidianas, La Machi, Casa de la Memoria, la A.P.D.H. y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre han planteado una acción de inconstitucionalidad, y la suspensión de los trámites de designación.
Estamos frente a un ciclo autoritario que en Mendoza, como en Jujuy, se resiste a morir y está dispuesto a llevar la tensión institucional al extremo de amenazar a los jueces de la Suprema Corte que no responden a los intereses del gobierno con el Juicio Político si se interponen en sus objetivos de conseguir la mayoría automática.
El resultado de la crisis es desconocido, habrá que ver si los ex republicanos logran la mayoría automática, o si la Suprema Corte de Justicia decide suspender el procedimiento de designación de María Teresa Day.
De lo que no cabe la menor duda, es que cada vez tienen menos margen para seguir utilizando el nombre de la República aquellos que, como Macri, Cornejo, Suarez o Morales se han encargado en los hechos de destrozar la división de poderes y la garantía a tribunales independientes e imparciales propios de una sociedad democrática.
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