Se calcula que en nuestro país cerca de tres millones de personas desconocen su identidad biológica. Aquellas que han emprendido la búsqueda de su origen se encuentran con trabas pesadas: pactos de silencio, redes intangibles y una inadmisible desatención del Estado. Una ley aprobada recientemente en Mendoza busca sanar en parte esa deuda. Para entender más sobre el asunto nos acercamos a la realidad que esconden las cifras y que las políticas no terminarán de contener. La historia de un buscador, un caminante con una mochila que pesa.
Por Redacción EL OTRO
La charla se da en el café de la plaza que lo ha visto a nuestro entrevistado como adolescente, estudiante, hincha, militante. Su barrio. Es sábado a la mañana, lo dice el ánimo de la gente que se mueve en la calle. Elegimos una mesa, nos traen lo pedido y enseguida la charla se transforma en el relato que ambos esperábamos.
El punto de partida es su adolescencia, momento en el que comenzó el camino para completar su historia. “Mis padres de crianza desde pequeño me dijeron que yo era adoptado, pero luego me enteré de que esa adopción no había sido legal. Allí comencé mi búsqueda, primero acudí a Abuelas de Plaza de Mayo porque creía que era hijo de desaparecido pero el resultado fue negativo. Entonces comencé de a poco a armar mi propia construcción y a comprender sin juzgar a nadie, siempre agradecido de lo que me dieron y tratando de entender las distintas necesidades. Obviamente que es un proceso largo. Las búsquedas se guardan y se sacan de la mochila y por suerte he tenido el apoyo necesario para hacer que esa mochila sea más cada vez más liviana. No puedo volver al pasado pero puedo recurrir a la historia para completar mi álbum de figuritas para saber qué paso. La figurita más difícil de conseguir es mi identidad de origen, el resto está todo integrado, mis padres, mi compañera, mis hijos, mis amigos, mi historia. Buscamos el momento cero, saber qué fue lo que sucedió”.
Luego de comprobar que no era hijo de desaparecidxs, JP (así prefiere ser citado) se encontró con la soledad de no saber ni tener a dónde acudir. “Creo que nací en San Luis, el 11 o 12 de agosto de 1983, allí me fueron a buscar mi papá y mi mamá, pero concretamente no se si allí llegué desde un lugar cercano o me trasladaron dos horas en un camión, o en una ambulancia. No se si intervinieron policías, médicos, abogados, funcionarios de otras instituciones. En una época renegaba de todas las instituciones y organizaciones, porque si todos habían participado en un proceso de apropiación ilegal estaba todo mal con todo, hoy tengo una mirada más objetiva. Quiero cerrar una etapa de mi vida, saber qué pasó, si fue abandono, ¿te dijeron que había nacido muerto?, o si me diste porque no tenías recursos…”
Desde la adolescencia, JP se relacionó con personas que estaban en procesos similares, pero en 2017, cuando ya había cumplido 34 años, su madre de crianza lo vinculó con una organización mendocina dedicada a búsqueda de la identidad. “Integrarme al Colectivo Mendoza por la Verdad ha sido de mucha ayuda, me permitió acercarme a múltiples realidades, es un cable a tierra. He podido transitar de otra manera este proceso, hoy no busco solamente hacerme el ADN y saber los resultados, sino que además estoy activo en la lucha para que todas esas personas que no conocen su identidad biológica, y la están buscando, puedan tener un acompañamiento”.
Constitucionalmente en Mendoza, el acompañamiento a las personas que buscan su identidad biológica es una obligación del Estado, a partir de la aprobación de la ley 9182 en 2019 y su reglamentación en septiembre de 2021. Dicha norma crea el Programa Provincial de Búsqueda Universal de Identidad de Origen y Biológica destinado a “brindar asistencia y contención a todas las víctimas de sustitución de identidad, cualquiera sea la fecha de su nacimiento, y/o sus familiares”. Se garantiza asesoramiento jurídico y legal, impulso para investigaciones, recursos económicos, medios para la realización gratuita del examen de ADN, y otras herramientas de gran importancia.
Una ley, un programa, el Estado
El Colectivo Mendoza por la Verdad es el impulsor de esta ley. La organización se creó a partir de la historia y el trabajo de Patricia, una madre que busca a su hijo/hija nacido en 1983, en un hospital público de la provincia, al que dieron por fallecido y nunca pudo ver. Los padres y las madres que sostienen la búsqueda de sus hijos conforman una parte importante del grupo.
La abogada del organismo, Guadalupe Álvarez, con quien dialogamos, nos contó que la ley 9182 se trabajó fuertemente fuera y dentro de la Legislatura, entre 2015 y 2019. “Nos acompañó la diputada María José Sanz, pero pudimos explicar en cada comisión y cada bloque que no se trataba de una cuestión partidaria sino política y tuvimos gran aceptación. Se aprobó por unanimidad”, resume.
“A nadie le garantizamos que le vamos a encontrar su hijo/a o su identidad, si vamos a asegurarle que en el proceso no esté sola. Lo que pasa comúnmente es que la gente acude a las instituciones buscando ayuda y le dicen te llamamos, o le hacen el ADN y el resultado es negativo y chau… Vas a un lugar buscando una esperanza y lo único que recibís es un no. Más allá de lo humano, hay un incumplimiento por parte del Estado”, explica la letrada, cofundadora del Colectivo.
Mendoza es la primera provincia en el país en tener la ley aprobada y reglamentada. A nivel nacional distintas iniciativas han perdido estado parlamentario, pero hay cinco provincias donde la están discutiendo y en Buenos Aires tiene media sanción. Amadeo refuerza que “el programa sirve para que vos encuentres un espacio dentro de Derechos Humanos de la Provincia, que te contenga y que te diga por dónde ir y agotar todas las instancias posibles, pedir documentación personal, contención psicológica o si necesitás hacer un ADN que te lo puedan hacer gratuitamente”.
“Nosotros como Colectivo seguimos con toda la tarea de difusión y concientización, hemos estado en escuelas de Malargüe. Nuestro trabajo es llegar al territorio y que las personas sepan que van a estar acompañadas. También seguimos trabajando para que se aprueben nuevas leyes”, señala la abogada, en tanto subraya que es importante que cada provincia tenga su ley y que también haya una a nivel nacional que aúne, porque cada territorio tiene sus propia particularidad.
Justamente, la falta de legislación en San Luis es la traba más importante que encuentra JP en la búsqueda de la identidad biológica. En ese sentido existe un incumpliendo de los Pactos Internacionales que obligan a los Estados a velar y garantizar el derecho humano a la verdadera identidad de nuestros habitantes. “Es importante la presencia del Estado porque el robo de bebés existió y existe en Argentina”, remarca JP.
La dura realidad que se refleja en el corto alcance de las instituciones públicas no basta para derribar la construcción de JP. En su relato, reiteradas veces resalta que su largo caminar se fue cargando de esperanza y evolucionando. “La mochila puede transformarse en otra cosa, soy positivo, y trabajo en hacer que esa mochila sea cada vez más liviana. El tiempo dirá. Llegar a hacer este análisis fue atravesar por muchas cosas, por suerte siempre estuvo el apoyo de mis padres y ahora de mi familia para que pueda llegar a ser una persona integral”.
Las personas que quieran comunicarse con el colectivo Mendoza por la Verdad, deben hacerlo a través de sus redes sociales:
www.colectivomendoza.org
mendozaporlaverdad@gmail.com
Whatsapp al +54 9 261 5696043.
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