A principios de setiembre Rodolfo Suarez se comprometió públicamente a “tomar otras medidas”, si la tasa de positividad de Covid-19 “sigue siendo muy alta”. Un mes más tarde, pese a que las propias estadísticas oficiales evidencian que ese indicador no bajó, el gobernador flexibilizó nuevamente la actividad comercial. Mientras a nivel nacional los contagios confirmados aumentaron 89% en los últimos 35 días, en Mendoza crecieron 248% en el mismo período. Abrazado a la construcción de su propio relato, el gobierno y sus medios pautados exhiben un negacionismo que apela a aceptar de manera resignada la convivencia con el virus. En el contexto de esa nueva normalidad que incluye el colapso sanitario, una docente narra cómo su hija, quien padece convulsiones, también sufre el desamparo generalizado de la OSEP, más allá de las consecuencias directas de la pandemia.

Por Negro Nasif

El 1 de setiembre el gobernador Rodolfo Suarez anunció restricciones en el casco urbano de Gran Mendoza para intentar disminuir la circulación comunitaria del coronavirus. Por entonces el mandatario dispuso el cierre de clubes y bares, el funcionamiento de restaurantes solo al aire libre y con mesas de cuatro personas, la reducción al 30% de la capacidad de los gimnasios y de 10 personas en los templos. Además mantuvo la prohibición de las reuniones familiares.

Ese mismo día Suarez, tal como muestra el video que volvemos a publicar (ver arriba), destacó al porcentaje de positividad como el “dato más importante que tenemos que tener en cuenta”. “¿Qué es la positividad?”, se preguntó, e inmediatamente respondió: “Es el porcentaje de casos positivos (de Covid-19) que da sobre test realizado por día”. “Si hacemos 1000 test y tenemos 500 positivos, la positividad es de 50”, ejemplificó.

“En el día de ayer (por el 31 de agosto) tuvimos una positividad alta, cerca del 45%, eso es muy alto”, subrayó Suarez y luego trazó su propia vara de cara a los días venideros: “Si con estas medidas y el cuidado de la gente vamos bajando, y que la positividad sea del 40, del 30, del 20, podemos mantenernos en esta situación. Si vemos que en diez días la positividad sigue siendo muy alta, vamos a tener que tomar otras medidas, sin lugar a dudas”.

¿Qué pasó con la tasa de positividad?

Suarez y la ministra de Salud, Ana María Nadal | Foto: Gobierno de Mendoza

A falta de registro oficial, EL OTRO calculó el indicador a partir de los informes diarios del Ministerio de Salud de Mendoza. El promedio de positividad desde el 1 de setiembre hasta ayer fue de 44%, marca que descendió del 40% en solo 4 jornadas y nunca cayó por debajo del 35%. Muy lejos del 10%, el porcentaje que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, señalaría el umbral del cese de la circulación comunitaria del virus.

A las claras, la hipótesis más optimista en el horizonte del gobernador no se cumplió. Parafraseando su conferencia de prensa del mes pasado, “la tasa de positividad sigue siendo muy alta”. Sin embargo Suarez, con las estadísticas en la mano, decidió retrotraer las restricciones que él mismo adoptó aquel primer día de setiembre, como si todo hubiese mejorado.

El miércoles pasado el mandatario autorizó, además del aumento de la asistencia a los templos religiosos (de 10 a 30 personas), nuevos horarios de atención en los comercios, malls y shoppings, y amplió la capacidad de atención en restoranes y cafés, los que pueden “funcionar en modalidad presencial con un límite de seis (6) personas por mesa y hasta un máximo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del factor de ocupación habilitado”, tanto en interior como exterior de los locales.

El consuelo de los tontos

El negacionismo oficial mendocino, que busca naturalizar las consecuencias de la pandemia, vino acompañado en las últimas semanas de una relativización de la evolución de los contagios y fallecimientos en comparación con la situación nacional.

No obstante, si se analizan las cifras oficiales se observa que en Mendoza los contagios confirmados de Covid-19 crecieron 248%, desde el 1 de setiembre a la actualidad (de 7.851 a 27.312 positivos) y, en contraste, el acumulado de casos a nivel país registró un aumento del 89% (de 428.239 a 809.728); la Ciudad de Buenos Aires, 34% (de 97.162 a 130.330); y la Provincia de Buenos Aires, 45% (de 303.308 a 440.405).

Casos confirmados cada 100 mil habitantes
Fuente: Ministerio de Salud de la Nación | 5/10/2020

Es decir, que ese presunto mal de muchos no es de todos y actualmente se focaliza de manera crítica en provincias como Jujuy, Córdoba y Santa Fe, donde la flexibilización de las medidas se instaló como regla.

Resignarse no es normal

Foto de archivo: Cristian Martínez

En esa línea del relato político y mediático oficial, estructurado sobre la desmemoria, el negacionismo y la consecuente falta de asunción de los errores para corregir el rumbo, se pretende instalar la idea de una necesaria adaptación a la pretendida nueva normalidad, lo que se traduce en la apelación a convivir con la pandemia, como una suerte de resignación que hace anclaje en el lógico hastío que atraviesa a toda la sociedad.

En esa construcción de sentido se invisibiliza o minimiza el costo en vidas concretas (340 fallecimientos por Covid-19 en los últimos 200 días), y el impacto cotidiano en la salud de la población excluida de un sistema sanitario en evidente colapso, más allá del coronavirus.

Foto de archivo: Seba Heras

Para no quedarse solo en cifras, resulta conveniente darle carnadura a situaciones que describen -con rostro humano- como es la normalidad de vivir sin prevención ni protección de la salud.

Cristina Matellanes es docente y vive en Tunuyán junto a su familia. En diálogo con EL OTRO, la trabajadora de la educación narró uno de los tantos padecimientos diarios que enfrentan, en este contexto de pandemia, los afiliados de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).

Foto de archivo: Cristian Martínez

“A mi hija le dan convulsiones, por lo tanto necesita hacer una dosaje de la medicación que toma, que es ácido valproico”, explica Cristina y relata cómo es enfrentarse con una obra social que retiene mensualmente las cuotas sobre sus haberes congelados pero no brinda la atención básica: “El 2 de setiembre le extrajeron sangre a mi hija en el Laboratorio de OSEP de Tunuyán y nos dijeron que los resultados demorarían 10 días. Pero resulta que pasaron esos diez días, fuimos a buscarlos, y no solo nos dijeron que no estaban sino que además nos salieron con la novedad de que no tenían reactivos y que recién en un mes más llegarían”.

En estos casos el control periódico de los análisis por parte de un neurólogo es indispensable para regular la medicación, de manera tal que el tratamiento prevenga los episodios convulsivos de la niña y, al mismo tiempo, se eviten los efectos secundarios que puede provocarle el ácido valproico en su salud. Ante esa situación de desamparo e incertidumbre, Cristina y su pareja, quien también es docente y aporta a la obra social pública, no tuvieron otro camino que recurrir a un prestador privado, “pagar los análisis y someter a la nena a una nueva extracción”.

Foto de archivo: Seba Heras

“Desde Tunuyán me dijeron que no podían hacer nada, que tenía que llamar al Laboratorio del Hospital El Carmen. Llamamos pero nunca nos dieron respuesta. Somos una familia de cuatro personas, los dos padres somos docentes, entre ambos pagamos más de 7000 pesos de cuota mensual. Desde marzo OSEP suspendió todo tipo de atención en sus sedes departamentales y hoy, 5 de octubre, seguimos igual: Odontología no existe, para Clínica Médica o Pediatría no conseguís turno, los médicos privados no reciben nuestra obra social y, si la aceptan, te cobran $500 de coseguro por la consulta”, cerró Cristina Matellanes sin resignarse a aceptar que lo irregular sea lo normal.