Con 55 votos a favor y 1 en contra, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población transexual, travesti y transgénero. Mientras las senadoras mendocinas Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) y Pamela Verasay (UCR) apoyaron la ampliación de derechos, el legislador por Mendoza Julio Cobos (UCR) se abstuvo de votar. “Hoy vivimos un día histórico, de festejo y conquista de derechos. Siempre avanzando por una Argentina cada día más igualitaria”, destacó la referenta provincial Julieta Antúnez Ríos, quien presenció la sesión en el Congreso.
Por Negro Nasif
Desde este jueves la Argentina es un país que brinda mayores posibilidades de inclusión social. El Congreso de la Nación dio un paso histórico en América Latina al sancionar la denominada Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins que, entre otros aspectos, propone destinar un 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis, trans o transgénero.
El proyecto de reparación de derechos girado por Diputados alcanzó el respaldo mayoritario de las bancadas oficialistas y opositoras en la Cámara de Senadores, lo que quedó plasmado en 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. El Frente de Todos y sus aliados en pleno levantaron la mano por la afirmativa, en tanto que Juntos por el Cambio votó dividido. Entre las senadora mendocinas, Anabel Fernández Sagasti (FdT) y Pamela Verasay (UCR) se manifestaron a favor, en cambio el legislador radical Julio Cobos optó por la abstención.
La nueva norma establece que el Estado nacional debe ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes. Además de ese cupo, la ley señala que “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”; y sostiene que para garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, y no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.
En el mismo sentido, “los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales”, y el sector privado que contrate personal comprendido en la norma recibirá incentivos, particularmente reducción de impuestos nacionales por el término de un año o dos, dependiendo de la dimensión de la empresa contratante.
La referenta mendocina Julieta Antúnez Ríos, quien presenció la sesión en el recinto del Senado, celebró la nueva conquista del colectivo travesti trans. “Hoy vivimos un día histórico, de festejo y conquista de derechos. Siempre avanzando por una Argentina cada día más igualitaria”, destacó la Secretaria de Diversidad y Derechos Humanos del Partido Justicialista de Mendoza y vinculó el transcendente paso dado ayer con la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012.
La lucha por la inclusión en Mendoza
[ Archivo fotográfico de EL OTRO ]
