El presente documento es parte de la campaña #JusticiaPorSebaMoro, que con la consigna #SebastiánMoroFueElGolpe inició su familia apenas perpetrado lo que todo indica fue un asesinato político en el contexto del golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia, cuya denuncia fue incluida en numerosos informes y presentaciones judiciales. Hoy, al reclamo de justicia por el periodista mendocino se suman organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales de Latinoamérica y el mundo. Estos colectivos acompañan la lucha por Memoria, Verdad y Justicia para que pueda traducirse en juicio y castigo a los responsables de al menos treinta y siete homicidios, torturas y secuestros, entre otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante el reciente golpe en Bolivia. Sebastián es una más de esas víctimas porque su trabajo como periodista expresaba un compromiso político que esa dictadura en ciernes quería silenciar y escarmentar.
Nacido en Mendoza el 14 de mayo de 1979, Sebastián Moro es un ejemplo cabal y trágico de que en América Latina el periodismo comprometido con los derechos humanos y las luchas sociales sigue siendo vigente e indispensable para los pueblos, censurado y perseguido por el poder.
Sebastián trabajó en Radio Nacional de su provincia, escribía sobre derechos humanos desde una perspectiva integral y cubrió los procesos por crímenes de lesa humanidad para el colectivo Juicios Mendoza. De eso versaba la tesis con la que obtuvo el diploma de Licenciado en Comunicación Social, que no alcanzó a recibir en vida. Con la asunción del Gobierno de Cambiemos en 2015, fue uno de los y las miles de periodistas que por razones económicas o políticas perdieron su trabajo en la Argentina.
Atraído por el proceso de cambio encabezado por Evo Morales y Álvaro García Linera, en febrero de 2018 se fue a vivir a Bolivia. Allí trabajó en los medios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), como jefe editor del periódico Prensa Rural y conductor de un programa en Radio Comunidad. Como corresponsal del diario Página 12, Sebastián escribió una docena de notas sobre el proceso posterior a las elecciones del 20 de octubre que desembocó en el golpe de Estado. En esos días, lo entrevistaban desde medios argentinos y de varios países sudamericanos y la suya fue una primera voz de alerta sobre la sedición antidemocrática en ciernes.
Por ejemplo, en una entrevista de TV Canal 9 Litoral, el 7 de noviembre, Sebastián informó sobre los “continuos enfrentamientos y paralización del país, porque los grupos que responden a los distintos sectores de la oposición están llevando adelante medidas de fuerza” y denunció el “modus operandi de estos grupos de choque radicalizados que responden a los comités cívicos, fundamentalmente a la Unión Juvenil Cruceña, los más fundamentalistas. A Patricia Arce (la alcaldesa de Vinto) la secuestraron y luego el edificio de la Alcaldía fue prendido fuego y destruido. La llevaron a un lugar aislado y la sometieron a diversas vejaciones (…), una imagen emergente del discurso y las acciones de violencia y racismo que se creían sepultadas en Bolivia y que a la luz de estos enfrentamientos han vuelto a surgir”.
“Sebastián es el primer periodista en el mundo en anunciar y denunciar el golpe de Estado y a su vez es su primera víctima fatal”, dicen su madre Raquel Rocchietti y sus hermanas Melody y Penélope. El sábado 9 de noviembre, víspera del golpe de Estado que instalaría en el poder a Jeanine Áñez, Sebastián les contó vía whatsapp que las bandas golpistas habían ganado las calles de La Paz y tomado la sede de la CSUTCB. También les relató cómo apresaron, ataron y torturaron por varias horas a José Aramayo, su jefe directo y director general de los medios de la Confederación, salvado en extremo de un linchamiento. Sebastián volvió a su departamento, donde terminó una nota para Página 12 y les avisó que saldría “a despejarse un rato”, porque sabía que al día siguiente tendría mucho trabajo.
El domingo, tras varias horas de intentar en vano comunicarse con Sebastián, la familia Moro le pidió a un allegado que fuera a buscarlo. Esta persona –hoy testigo con identidad protegida– lo encontró en su cama, semi-inconsciente y con marcas de golpes, y vio algunas sillas tiradas en el piso. Sebastián fue internado en una clínica privada, donde entró en coma. Penélope llegó a La Paz el lunes 11, cuando Evo Morales ya había renunciado y los opositores saqueaban su residencia. En la clínica le informaron que su hermano había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) isquémico con alto riesgo para su vida. Ella fotografió las marcas en su cuerpo, que los mismos médicos atribuyeron a una agresión.
Raquel y Mélody arribaron a Bolivia el 13. El cuadro clínico de Sebastián empeoró y a las 0 horas del sábado 16 falleció. Durante los siete días que duró su agonía no recuperó la conciencia. Dos días antes, el Poder Ejecutivo encabezado por Áñez había emitido el decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a policías y militares que participaran en “operativos para el restablecimiento del orden interno”, denunciado como una “licencia para matar” manifestantes contrarios al gobierno de facto. En los días siguientes, los muertos se contarían por decenas y los heridos por centenas.
En ese contexto, los médicos del sanatorio desalentaron a la familia Moro a reclamar la autopsia de Sebastián, mientras funcionarios consulares de Argentina les ofrecían como opciones: cremarlo y “salir cuanto antes del país” o sepultarlo en una fosa común en un cementerio local. Las autoridades diplomáticas argentinas negaron la posibilidad de que un avión sanitario pudiera repatriar el cuerpo. Imposibilitadas de realizar una denuncia y temiendo por su propia integridad, Raquel, Penélope y Melody se vieron obligadas a aceptar la cremación y regresar a la Argentina con las cenizas de Sebastián y sin la autopsia.
El jueves 14 a las 20:32, la entonces Ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich había publicado en su cuenta de Twitter @PatoBullrich: “Rescatamos y pusimos a salvo a los periodistas argentinos amenazados en #Bolivia, Gracias @gendarmeria por el compromiso permanente”. Minutos antes, al anunciarlo en el canal Todo Noticias, declaró: “Los pudimos sacar rápidamente sin que hubiese ningún tipo de violencia contra ellos. No están dadas las garantías de trabajo en la calle… Estamos a disposición de cualquier otro cronista que esté en el lugar”. Esa disposición no incluía a Sebastián, ni tampoco al fotorreportero argentino Facundo Molares Schonfeld, detenido mientras estaba internado en grave estado en un hospital de Santa Cruz de la Sierra y encarcelado hasta el 28 de noviembre de 2020, luego de recuperada la democracia en Bolivia.
Apenas pudieron retornar a la Argentina con las cenizas de Sebastián, su madre y hermanas comenzaron una ardua lucha por verdad y justicia, iniciada con la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su Informe Anual de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión 2019 de la CIDH, el capítulo “A. Libertad de expresión en el contexto de crisis política post electoral en Bolivia” refiere: “Entre las principales vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho al acceso a información pública registradas, se encuentran el posible asesinato del periodista Sebastián Moro”, entre otras 70 agresiones a periodistas relevadas en ese contexto. Además, la “extremadamente dudosa” muerte del periodista mendocino fue incluida en el informe de la Comisión Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, donde se mencionan numerosos indicios de que “sufrió una agresión previa a la larga agonía que concluyó una semana después con su fallecimiento”.
Asimismo, la familia Moro presentó denuncias en la Justicia Federal argentina para que el caso de Sebastián sea incluido como posible crimen de lesa humanidad en las causas contra la sedición golpista en Bolivia que, fundamentadas en la jurisdicción universal para la investigación y persecución penal de violaciones a los derechos humanos, se tramitan en los tribunales de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Al mismo tiempo, se sumaba a la causa la solidaridad de numerosos colectivos de derechos humanos, sindicatos de trabajadores de prensa, referentes sociales y políticos y periodistas comprometidos para instalar el reclamo de investigación y justicia por Sebastián Moro. Hoy, la vida de la familia Moro es un incesante periplo por ámbitos institucionales, espacios de militancia y medios de comunicación. Hoy, Raquel, Melody y Penélope son el motor de un reclamo que crece y no cesará hasta lograr verdad y justicia por Sebastián Moro.
El 8 de noviembre de 2020, el pueblo boliviano reconquistó la democracia un año después de perpetrado el golpe de Estado. Con la asunción de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca como presidente y vice del Estado plurinacional de Bolivia, se recuperó la legalidad y se habilitó la oportunidad de presentar el caso Sebastián Moro ante la Justicia institucional del país donde murió.
En ese contexto, el Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó en Bolivia “los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, junto a las masacres de Sacaba (14 y 15 de noviembre de 2019, 27 muertos) y Senkata (19 de noviembre, al menos 10 muertos) y otros hechos de violencia atribuidos a las bandas golpistas, incluyó la muerte del periodista argentino.
El 3 de septiembre de 2021, durante la presentación pública del Informe del GIEI, el propio presidente Arce nombró a Sebastián Moro entre las treinta y siete víctimas de la violencia del golpismo derechista, por las que prometió justicia y reparación. “Hoy honramos la memoria de todas las víctimas mortales durante este funesto periodo y, aunque los culpables nunca lo hicieron, a nombre del Estado les pedimos perdón y acompañamos el dolor de sus familias”, manifestó el jefe de Estado boliviano.
En julio pasado, una investigación llevada adelante por el actual embajador argentino Ariel Basteiro reveló que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri no sólo era renuente a definir la sedición del 10 de noviembre de 2019 como un golpe de Estado, sino que la apoyó con el envío de material bélico. Quien recibió la carta donde el general boliviano Jorge Terceros agradece el aporte de municiones y pertrechos fue el ex embajador Normando Álvarez García, el mismo que mientras Sebastián agonizaba en una clínica privada de La Paz no cumplió su promesa de ayudar al menos con los medicamentos y lo abandonó a su suerte. Una desidia similar demostraron los funcionarios consulares.
Honrar su memoria, llegar a la verdad y hacer justicia es hoy un reclamo de la sociedad y una asignatura pendiente para los Estados democráticos de ambas naciones. Es imperativo que los actuales funcionarios conviertan en acciones concretas los compromisos asumidos con los derechos humanos.
Sebastián Moro nació en Argentina durante la dictadura cívico-militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla.
Sebastián Moro fue asesinado en Bolivia durante el golpe de Estado liderado por Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Arturo Murillo y Jeanine Áñez.
Sebastián Moro dedicó su trabajo y su vida a la lucha por los derechos humanos, la democracia con igualdad, la memoria, la verdad y la justicia.
Es tiempo de justicia por Sebastián Moro.
