El pasado viernes se realizó en Mendoza la 4ta Marcha contra el gatillo fácil y la impunidad. En un documento que fue leído ante la sede del Poder Judicial, organizaciones políticas y sociales exigieron el cese de las políticas represivas en nuestra provincia y denunciaron que Mendoza “registra el índice más alto de prisionización de los últimos tiempos, de hacinamiento en cárceles y comisarias, de condiciones deplorables en las que se encuentran las personas privadas de libertad, sumado a torturas sistemáticas”. Pidieron justicia por el periodista mendocino Sebastián Moro, muerto en el contexto del golpe de Estado en Bolivia, y el apartamiento de Roberto Munives, director general de la Policía, del ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y de los jueces Walter Bento y José Valerio. La derogación del Código Contravencional, la oposición a la baja de edad de punibilidad, la erradicación de las violencias en contexto de encierro, la libertad a las y los presos políticos, la apertura de archivos de las fuerzas armadas durante la última dictadura y la aparición con vida de las y los desaparecidos en democracia, formaron parte de los reclamos de la marcha.
Fotos: Seba Heras
Documento de organizaciones para la 4ta Marcha contra el gatillo fácil y la impunidad Mendoza 2021.
Organizaciones sociales y políticas marchamos una vez más en nuestra provincia contra el gatillo fácil y la impunidad, acompañamos a familiares y amigos de víctimas de torturas, abusos y muerte en manos del Estado.
Seguimos exigiendo el cese de mano dura instalado desde los tres poderes hacia las juventudes, especialmente aquellas inmersas en la pobreza. Año tras año vemos cómo los presupuestos crecen en materia de control y represión: construcción de más dispositivos de encierro penales y de salud que lejos de garantizar derechos, promueven abusos y vulneraciones, mientras se acentúa la desinversión de políticas públicas que tiendan a garantizar acceso a salud, trabajo, educación y justicia.
La policía y áreas de seguridad ciudadana de municipios hostigan y reprimen a trabajadores de la economía popular y artistas callejeros, como así también a trabajadores organizados, militantes socioambientales que protestan y reclaman en las calles. Lo hacen porque están habilitados por los Códigos de Contravención y Penal. Ninguna de estas fuerzas hizo cuarentena, en el contexto de aislamiento obligatorio se potenciaron las prácticas abusivas y de tortura en espacios públicos, practicar skater o cantar rap, entre otras, fue la excusa para procesamientos, gases lacrimógenos, garrotazos y balazos.
Hoy nuestra provincia registra el índice más alto de prisionización de los últimos tiempos, de hacinamiento en cárceles y comisarias, de condiciones deplorables en las que se encuentran las personas privadas de libertad sumado a torturas sistemáticas.
El ex COSE, hogares de ex DINAF, hospitales de salud mental y dispositivos cerrados de internación por consumos problemáticos continúan sosteniendo prácticas represivas y carcelarias. Hacemos responsable al Gobierno Provincial por no erradicar las prácticas de tortura y o malos tratos, al Poder Judicial por no sancionar a los funcionarios y agentes del Estado que ejecutan y habilitan la represión, torturas y vejaciones en las instituciones y al Poder Legislativo por dictar leyes regresivas en materia de derechos.
Insistimos en denunciar el desmantelamiento del Comité de Prevención de la Tortura, de la Defensoría de los Derechos del Niño, el Consejo de Niñez y la no creación del Órgano de revisión de la Ley de Salud Mental, dejando afuera la participación de organizaciones en el control de las políticas públicas de protección de derechos.
Exigimos al gobernador Rodolfo Suarez que aparte de sus cargos a Roberto Munives, director general de la Policía y al ministro de Seguridad, Raúl Levrino, quienes son responsables de la inoperancia del sistema 911 que no actúa frente a situaciones de violencia de género como las de Florencia Romano, que no busca a las jóvenes desaparecidas como Abigail Carniel. Estos funcionarios que legitiman y desresponsabilizan públicamente en los medios de comunicación a las fuerzas policiales, callan frente a crímenes de odio como el cometido por un agente policial con el arma reglamentaria a Melody Barrera.
Exigimos al estado argentino que contribuya al esclarecimiento del asesinato del periodista y compañero Sebastián Moro, primera víctima fatal del golpe de estado perpetrado en Bolivia en el año 2019. Se realizó la denuncia en la investigación sobre su muerte que “está paralizada” y se acusó al exembajador argentino Normando Álvarez García de “no cumplir con sus funciones” por negarse a gestionar un avión sanitario para trasladarlo a su Mendoza natal. Hasta 2018, durante 10 años, Sebastián incidió desde el periodismo y militó las causas de lesa humanidad y violencia institucional en nuestra provincia.
En el marco nacional, ante un avance de la represión que se replica en todo el territorio, como en Andalgalá (Catamarca), Trelew (Chubut), en la toma de Guernica (Provincia de Buenos Aires), Provincia del Chaco, entre otras, denunciamos a las políticas represivas nacionales que se replica en las provincias. El crecimiento de casos de femicidios y travesticidios por integrantes del aparato represivo estatal, muestra que se potencian cuando se cruzan la violencia represiva estatal con la violencia machista y heterocispatriarcal. El ataque constante a las disidencias de género y sexuales, con detenciones arbitrarias, expresan que no es “fobia” sino odio. Por lo que entendemos importante denunciar lo que sucede en nuestro territorio y organizarnos para enfrentar a la represión
Exigimos justicia para todas las víctimas de gatillo fácil, torturas, represión, el desprocesamiento de trabajadores imputados por el Articulo 205 y causas armadas a militantes socioambientales, derogación del Código de Contravención, cese de la práctica de detención por averiguación de antecedentes. No a la baja de edad de punibilidad, erradicación de las violencias en contexto de encierro, libertad a lxs presxs politicxs, apertura de archivos de las fuerzas armadas durante la última dictadura militar. Aparición con vida de desaparicidxs en democracia. Renuncia o juicio político de jueces José Valerio y Walter Bento.
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