En el marco del Noveno Juicio por Delitos de Lesa Humanidad, el Tribunal Oral Federal N° 1 condenó a 18 genocidas, todos ellos responsables de aberrantes crímenes perpetrados durante el Terrorismo de Estado que sufrió Argentina y Mendoza.
Texto: Lesa Humanidad Humanidad
Fotos: Coco Yañez
El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza (TOF 1), presidido por el juez Alberto Carelli e integrado por los jueces Alejandro Piña, Héctor Cortés y Raúl Fourcade, como cuarto juez, condenó a prisión perpetua a seis imputados del 9.° juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia. La fiscalía había pedido la pena máxima para dieciséis y, por eso, para la parte acusadora y para integrantes de los organismos de derechos humanos, la sentencia tiene gusto a poco. Muchos de los investigados por desapariciones fueron condenados por ser parte de la estructura represiva, mediante el delito de asociación ilícita, pero no se los responsabilizó por desapariciones forzadas.
Ninguno de los hombres investigados —del Ejército, de la Policía de Mendoza y de la Fuerza Aérea— fue absuelto. Sin embargo, varios recibieron penas menores y quedaron en libertad porque consideraron cumplido el tiempo de condena por los años que llevan en prisión preventiva, la mayoría desde el 2015. Como siempre, el tribunal descartó los pedidos de nulidad, de anticonvencionalidad e inconstitucionalidad de las defensas y declaró a los crímenes juzgados como de lesa humanidad y cometidos en el marco del delito internacional del genocidio. Además, no hizo lugar a algunos pedidos de falso testimonio de parte de los defensores.
Las condenas al Ejército
Los investigados pertenecían al Destacamento de Inteligencia 144 y para todos había sido solicitada la pena de prisión perpetua. Juan Carlos Luis fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión; Vicente Omar Navarro, a 9 años; Oscar Alfredo Simone, a 9 años y seis meses. Mientras que Hugo Luis Zalazar fue el único a quien se lo responsabilizó penalmente por homicidio y fue condenado a prisión perpetua. Pero fue absuelto por la desaparición del matrimonio Verd-Palacio en San Juan, en 1971, y el caso quedó impune.
Las condenas a la Policía de Mendoza
Por todos se había solicitado la pena máxima y solo los integrantes del D2 la recibieron: Armando Osvaldo Fernández —múltiples veces condenado, también por el delito de apropiación de Miriam, la hija de Pichona Moyano y Carlos Poblete, a quien crio como propia—Marcelo Rolando Moroy, quien cursa una pena de 20 años del cuarto juicio— y José Esteban Roccato, nunca antes investigado ni condenado. A Ramón Dagoberto Álvarez, de la Comisaría 7, también le dieron perpetua, por la desaparición de Rubén Bravo, mientras que Manuel Martínez, de la Comisaría 16, recibió la pena de 8 años de prisión.
Las condenas a la Fuerza Aérea
El fallo del tribunal con la Aeronáutica fue el más benevolente: el único que recibió perpetua fue Juan Carlos Alberto Santa María —por las desapariciones de Campo Las Lajas, entre otras—. Guillermo Campanille —prófugo hasta ya comenzado el juicio— fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión; Néstor Nivaldo Carmona y José Santos Chiófalo —exintegrante de la banda Los trovadores de Cuyo—, a 8 años; Julio Roberto Agüero, Anacleto Edmundo Calderón y Emilio Antonio García, a 8 años y 6 meses; Juan Carlos Cuadrado, a 10 años, y, finalmente, Alberto Raganato, a 14 años de prisión.
Nuevas investigaciones
El TOF 1 hizo lugar a un pedido sui generis que la querella incorporó a su acusación para impulsar una acción reparatoria más allá de las condenas específicas: iniciar pedidos a distintas instituciones para investigar causas relacionadas con la represión ilegal de la última dictadura.
Así, definió solicitar estas acciones a instituciones como el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, la Policía de Mendoza, el Liceo MIlitar, el Hospital MIlitar, los cementerios municipales, el Hospital Central, el Cuerpo Médico Forense y la morgue provincial, el Registro Civil, el Archivo General de la Provincia de Mendoza, el Archivo Histórico de la Cancillería de la Nación, el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, el Ministerio de Defensa de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Últimas palabras
La última audiencia antes de la sentencia duró pocos minutos. Casi todos los imputados que restaba que dijeran las últimas palabras eligieron simplemente adherir al alegato de sus abogados defensores. Al finalizar esta etapa, el presidente del tribunal, Alberto Carelli, anunció que leerían la sentencia a las 13:00.
Julio Roberto Agüero ratificó todo lo dicho con anterioridad y la defensa de su abogado. “Quiero decir que soy inocente. Gracias”. Juan Carlos Alberto Santa María dijo lo mismo de siempre: que llegó a Mendoza el 18 de enero del 77, que lo designaron en Potrerillos para instruir novatos, que el 31 de marzo lo operaron de una lesión perianal y que el 4 de abril se casó y tuvo licencia hasta fin de mes.
Juan Carlos Luis y Manuel Martínez no agregaron nada. Emilio García se separó del aparato represivo “Yo nunca intervine en ninguna acción”, dijo. Lo único que recuerda es que en el 78 lo derivaron a San Rafael para hacer inteligencia aérea por el conflicto con Chile por el Canal de Beagle. Además, fue invitado a participar del centro de investigaciones espaciales en el parque San Martín. “Soy inocente de lo que se me acusa, que no sé qué es”.
Vigilia y radio abierta
Desde temprano, los organismos de Derechos Humanos se hicieron presentes en la explanada de Tribunales Federales. Radio Nacional Delegación Mendoza y Radio Comunitaria La Mosquitera instalaron sus equipos para realizar la cobertura de la jornada. Integrantes de los organismos, las querellas y la fiscalía compartieron con los y las periodistas sus expectativas sobre la sentencia mientras el público iba llegando. Se distribuyeron pañuelos, stickers y folletos con información sobre el noveno juicio.
Al momento de la lectura del veredicto el público se distribuyó en tres escenarios: en la sala de audiencias se ubicaron principalmente familiares y víctimas, mientras que en la biblioteca del edificio se habilitó un lugar para seguir la sentencia. Afuera, la decisión de los jueces se transmitió por medio de parlantes.
