El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2  de Mendoza sentenció a 12 genocidas a prisión perpetua por considerar que cometieron delitos de lesa humanidad enmarcados en “prácticas sociales genocidas”. Penas de entre 3 y 8 años de cárcel para 11 de los acusados y 4 absoluciones. Luis Stuhldreher (subsecretario de Seguridad en la gestión de Cobos) y Hugo Trentini (asesino de Sebastián Bordón), entre los condenados a perpetua. Familiares, querellantes y organismos de derechos humanos, conformes con la definición.

Foto: Gabo Busteros

El 26 de marzo de 2015, tras casi 4 años de trabajo en la fase de instrucción, comenzó el debate de este juicio en el sur provincial. Caracterizado como megajuicio, se acumularon 57 causas en las que se imputó a 27 ex militares, policías, e integrantes del aparato de inteligencia que actuaron como ejecutores  del plan sistemático de tortura, desaparición y muerte de la dictadura instaurada en marzo de 1976. Durante su desarrollo se evidenció la complicidad de un sector de la iglesia católica y del poder judicial.

El tribunal, conformado por las doctoras Fátima Ruiz López (presidenta), Gretel Diamante y Marcelo Grosso, dictaminó la condena de prisión perpetua a Luis Alberto Stuhldreher, Hugo Ramón Trentini Colletti, Raúl Alberto Ruiz Soppe, Luis Ricardo Rizo Avellaneda, Juan Armando Giovarruscio Chebotar, Cecilio Oseas Martínez Garay, Aníbal Alberto Guevara Molina, Oscar Raúl Pérez Fernández, Juan Roberto Labarta Sánchez, Daniel Ernesto Huajardo Martínez, Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez y Pierino David Massaccesi.

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También sentenció a la pena de 8 años de prisión a Miguel Ángel Báez Malbec y Norberto Ernesto Mercado Laconi; 7 años para Carlos Alberto Ochoa Ledesma; 6 para Tomás Luis Rojas García; 4 para Luis Juan Edgardo Graín Farina, Ciro Isidro Maza Correa, Emilio Eduardo Castro Castro, Argentino Eduardo Villafañe Martínez y Miguel Ángel Megetto Baigorri; y 3 años de prisión para Rafael Francisco Bitti Rodríguez y Osvaldo Alfredo Domínguez Muñoz.

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Resultaron absueltos Daniel Navarro Farías, Juan Antonio Gallardo Torres, Raúl Alejandro Olguín Gibeaud y Osvaldo Orellano Benítez.

Luis Alberto Stuhldreher, ex intendente de facto de San Rafael y subsecretario de Seguridad durante la gobernación de Julio Cobos, fue condenado, entre otros delitos, por considerárselo coautor de los homicidios de Aldo Fagetti, Roberto Osorio, Francisco Tripiana y Pascual Sandobal.

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Por su parte, al ex teniente coronel Aníbal Alberto Guevara se lo condenó por la coautoría en los homicidios de Fagetti y José Nicanor Ortemberg. El delincuente, quien ya recibió una perpetua en el primer juicio que se realizó en nuestra provincia, es un siniestro personaje conocido debido a la activa militancia de su hijo homónimo en la Agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos que opera por la impunidad de los genocidas.

Al ex policía y asesino en tiempos democráticos de Sebastián Bordón, Hugo Ramón Trentini, el tribunal lo consideró coautor de homicidio agravado de Tripiana, Sandobal y Osorio.

Repercusiones

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Familiares de las víctimas e integrantes de los organismos de derechos humanos esperaron con una vigilia esta jornada histórica. La ansiedad y expectativa se estiraron hasta el mediodía de ayer, tanto en el interior como en los alrededores de la sede sanrafaelina de la Universidad Tecnológica Nacional, donde cientos de personas llegaron para acompañar a las víctimas y familiares desde distintos lugares de nuestro país. Pasadas las 13 horas, el Tribunal finalmente comenzó con la lectura de la sentencia.

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En un clima donde se conjugan el dolor con la algarabía, luego de tantos años de impunidad, EL OTRO recogió testimonios de algunos protagonistas del megajuicio.

El Dr. Pablo Garciarena, integrante del Ministerio Público Fiscal se mostró satisfecho por la sentencia, aunque advirtió que cuando se divulguen los fundamentos analizarán llevar adelante medidas complementarias. “Fueron siete años de trabajo, cuatro de instrucción y tres de debate. En líneas generales, salvo detalles que estudiaremos cuando tengamos los fundamentos de la sentencia, el tribunal receptó nuestros pedidos de penas y entendió que no solo estaban acreditados los hechos sino que además hizo lugar a las responsabilidades penales que nosotros entendimos que correspondían a los imputados”, fue su reflexión instantánea.

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Garciarena expresó además: “Se cerró un período de 40 años de impunidad en el sur de la provincia de Mendoza. Hoy nos vamos con las tres perpetuas que les dieron a los integrantes de la inteligencia militar como un gran logro en esto de recuperar la verdad negada durante todo este tiempo. Hemos podido demostrar que en San Rafael la inteligencia fue clave en las desapariciones y detenciones ilegales”.

Por su parte, el Dr. Lucas Lecour, abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), señaló que “fue un debate extenso. Empezó siendo un juicio que parecía rápido en su desarrollo, aunque se fue alargando innecesariamente. Quedan causas y se abrieron compulsas. No será fácil iniciar un nuevo juicio acá porque estos litigios necesitan de una estructura que cuesta conseguir, pero debería suceder”.

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Sergio Salinas, también del equipo legal del MEDH, se mostró conforme con el fallo: “Tenemos como querellantes mucha tranquilidad sobre nuestro trabajo porque de los 14 pedidos de perpetua que hicimos se confirmaron 12 en la sentencia.  En el marco de la sanción de la responsabilidad penal, quedó clara la participación de la policía, el aparato militar, la inteligencia y la iglesia católica. Ese es el mensaje que ha dado el tribunal con una característica muy fuerte: se ha condenado por primera vez un aparato de inteligencia”.

Mientras que Mariela Herrera, representante de la querella por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), recordó que “San Rafael no fue ajeno al Terrorismo de Estado. Tenemos 38 desaparecidos y los acusados nunca rompieron el pacto de silencio. Guevara, que declaró 4 veces, nos respondía cínicamente”.

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Para Herrera, durante el juicio se dilucidó que “el cuerpo principal fue la policía, porque el mismo 24 de marzo de 1976 el primer grupo comando se instaló en el poder judicial de San Rafael, algo novedoso en el plan sistemático. En el lugar donde en horas de la mañana se impartía justicia, en la noche se transformaba en un centro clandestino de detención donde se torturaba a compañeros. Entonces se utilizaba a los policías por su conocimiento del territorio”.

En su lucha inclaudicable por justicia, Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, presenció la lectura de la sentencia. “Estamos con mi familia acompañadas por ‘Madres en lucha contra la violencia institucional’ porque en este juicio, donde se juzga a 27 genocidas, está Hugo Ramón Trentini Coletti, que es el asesino de mi hijo Sebastián Bordón. Sebastián fue asesinado por un grupo de policías y Trentini, en democracia, utilizó la misma metodología de tortura, desaparición y muerte que en la dictadura”.

Foto: Natalia Brite

 

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