La reacción del exgobernador Cornejo ante la expropiación de Vicentin es incoherente con resoluciones de su gestión y de la administración actual. El irregular procedimiento del complejo Los Penitentes fue recordado en estos días por el senador de Protectora Marcelo Romano, mientras que su par del Frente de Todos, Lucas Ilardo, afirmó en la sesión de ayer que en el último mes se han tratado diez expropiaciones en la Legislatura Provincial.

[/media-credit] Alfredo Cornejo.

El actual diputado nacional Alfredo Cornejo, en su carácter de mandamás del radicalismo, se ha transformado en una de las voces más críticas del gobierno de Alberto Fernández.

Por eso no sorprende que, tras el anuncio del presidente de declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación a la empresa Vicentin, haya multiplicado sus apariciones mediáticas e incluso promovido el denominado “banderazo nacional” en defensa de la empresa que finalmente se concretó el fin de semana pasado.

Los lugares comunes preferidos por Cornejo para criticar la iniciativa de expropiación fueron la chavización de la economía, el relato del gobierno, según él, “más importante que la realidad”, y que “el kirchnerismo que tiene tomado al gobierno es una minoría que resuelve con relato”. Aunque recientemente concluyó que el problema no es Vicentin, sino “la propiedad privada”.

Precariedad y penitencia

[/media-credit] El actual estado de abandono de Penitentes.

Sin embargo, el diputado nacional omitió citar en sus críticas el irregular proceso por el cual, durante su administración, expropió el complejo Los Penitentes.

En el año 2013 vencieron los 35 años de su concesión y la sociedad que lo explotaba hizo uso de una cláusula para solicitar una prórroga por igual período. Pero el 27 de febrero de 2018, a través del Decreto 217, el entonces gobernador rechazó el pedido, lo que motivó que la concesionaria acudiera a la Suprema Corte de Justicia para apelar la decisión. El 31 de mayo de 2019, la Corte rechazó la demanda y avaló la avanzada del mandatario.

[/media-credit] Penitentes.

A principios de junio del año pasado el gobierno publicó un pliego “sujeto a sugerencias para el concurso nacional e internacional para la contratación de Participación Público-Privada del Centro de Actividades Deportivas Villa Los Penitentes”. Aunque llegado el invierno, más precisamente el 28 de junio, el Ejecutivo firmó un “convenio de permiso de uso precario” con la firma Viento Blanco SA de Jorge Pérez Polo.

En ese momento, el senador Marcelo Romano (Protectora), junto a otras legisladoras de la oposición como Patricia Fadel, Ana Sevilla, Juan Agulles y Fernanda Lacoste (Peronismo), presentaron una denuncia penal contra el gobierno de Cornejo ante la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Hernán Ríos, por la serie de irregularidades en el proceso de la nueva adjudicación del complejo Los Penitentes. Circunstancia que, ante la amnesia de los medios oficialistas, Romano rememoró durante lo últimos días en sus redes sociales, alcanzando trascendencia en medios nacionales como Radio 10 y la señal televisiva C5N.

[/media-credit] Penitentes.

Finalmente, tras algunas sesiones sin lograr el quórum, el oficialismo impuso su mayoría y el 31 de julio de 2019 aprobó la ley 9175, declarando “de utilidad pública, y sujetos a expropiación, seis polígonos ubicados en el Departamento de Las Heras, Distrito Uspallata, propiedad de Los Penitentes Centro de Esquí Sociedad Anónima, constantes de una superficie total de 42 hectáreas y 9013,52 metros cuadrados”.

Paradójicamente, unos días antes de la sanción de la norma, la empresa Viento Blanco SA, informaba que “Los centros invernales Penitentes y Los Puquios cerraron sus actividades debido a la falta de nieve, luego del último fin de semana”.

[/media-credit] Marcelo Romano.

El recuerdo del senador Romano, quien aseguró que el exgobernador le entregó Penitentes a “un grupo de allegados al gobierno”, y ahora “el complejo está en un estado deplorable”, coincide con las afirmaciones de Emilio López Frugoni, uno de los propietarios de la concesionaria que controló el complejo, durante más de 35 años, hasta el decreto 217 del hoy presidente nacional de la UCR.

En una reciente entrevista, el empresario afirmó que “la idea de Cornejo fue robarse la empresa, para luego hacer negocios. Él, su hijo y sus amigos. Jorge Pérez Polo, un lobista que tiene un pequeño parque de nieve, le metió la idea de hacer una pequeña Andorra. Buscó artilugios jurídicos que se los hizo redactar a su equipo, y sacó un decreto de no renovación de la concesión. Básicamente, lo hizo para hacer negocios con su familia y sus amigos”.

Saludos al comandante

[/media-credit] Lucas Ilardo.

La incoherencia o doble vara cornejista no es exclusiva de la triste anécdota penitente.

Ayer, en plena sesión del Senado Provincial, el presidente del bloque Frente de Todos, Lucas Ilardo, hizo hincapié en la reiterada utilización de la herramienta legal de la expropiación en Mendoza, sin que el gobierno alce la voz contra chavismo alguno.

Al tratarse y aprobarse con mayor y menor acuerdo un par de iniciativas de este tipo en la jornada del martes, Ilardo señaló que “ya que se ha hablado tanto de expropiaciones en los últimos días, es importante informarle a la gente la cantidad de expropiaciones que hemos votado en esta Legislatura: en el último mes, más de diez expropiaciones”.

[/media-credit] Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén.

“Escucho a muchos dirigentes decir que les hace ruido la palabra expropiación y en esta Legislatura han salido por unanimidad, y el 90 por ciento de esas expropiaciones han sido en el departamento de Guaymallén”, subrayó Ilardo, aprovechando para saludar al “comandante Iglesias”, en alusión al intendente de ese Municipio, uno de los dirigentes más crudos del radicalismo cuando se trata de caracterizar a las medidas o conductas del peronismo. Marcelino Iglesias, el autoproclamado “abanderado de los gorilas”.

 

Defensores de Vicentin, peña Mendoza

 


 

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