El presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino, envió una notificación oficial al gobernador de Mendoza para que deje sin efecto el decreto mediante el cual cedió 12 mil hectáreas de cordillera malargüina a la empresa El Azufre S.A. El organismo nacional señaló que Rodolfo Suarez se extralimitó en sus facultades, incumplió legislación vigente, otorgó patrimonio público sin licitación y dio por válidas ocupaciones privadas preexistentes que el Estado Nacional no reconoce ni convalida. Cosentino cuestionó que el decreto firmado por Suarez y su ministro de Gobierno no haya determinado “compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras”. Dicho en otros términos: un regalo en detrimento de territorio soberano. ¿A cambio de qué?
Por Negro Nasif
Ya falta muy poco para terminar de confirmar uno de los actos de corrupción más graves de la historia mendocina: la entrega gratuita de más de 12 mil hectáreas públicas de la cordillera de Malargüe, en zona de frontera, a una corporación porteña, presidida por uno de los empresarios implicados en la causa internacional de sobornos a dirigentes de la FIFA, en sociedad con un mendocino residente en Estados Unidos y con aceitadas relaciones con el gobierno norteamericano.
El 23 de diciembre de 2021, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, junto a su ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, consumaron una aberración ética, política y jurídica mediante la firma del decreto navideño 2138/21.
La decisión, avalada por el Fiscal de Estado, Fernando Simón, benefició con extensas propiedades del Gobierno Nacional a la empresa El Azufre, una sociedad anónima con un patrimonio declarado de alrededor de ocho millones de pesos, que tiene como principal accionista al multimillonario Daniel Nofal, heredero de Nofal Sports Holding, empresa que integraba junto a Alejandro Burzaco, hasta que el coimero confeso del FIFA Gate fue apresado en Suiza.
Cada día huele más
El decreto, que el Gobierno recién dio a conocer el 7 de enero de este año, generó inmediato rechazo de organizaciones ambientalistas y fuertes cuestionamientos de dirigentes políticos. Entre ellos Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores provinciales del Frente de Todos, quien en los últimos días dio a conocer que el exministro de Hacienda, Lisandro Nieri, firmó la mensura de las tierras otorgadas a El Azufre, incumpliendo la ley y usando los dos lados del mostrador en beneficio de una sociedad anónima.
Este lunes, el propio Ilardo difundió en sus redes sociales un documento oficial que, sumado a todos los antecedentes que se acumulan, hieren de muerte al decreto de Suarez, y transforman a las suspicacias en una serie coherente de indicios claros y notorios sobre presuntos incumplimientos de deberes de funcionario público y eventual tráfico de influencias. Tesis abonada por EL OTRO en su publicación Huele a Azufre: La casa fantasma, la cual forma parte de una investigación periodística en curso, que próximamente echará más luz todavía sobre maniobras destinadas a que los empresarios que prometieron 250 millones de dólares de inversión extranjera para un centro de esquí, reciban subsidios del Programa Mendoza Activa, tras acreditar como domicilio una casa deshabitada en un barrio de Malargüe.
La información oficial aportada por el legislador mendocino se trata de una nota, fechada el 18 de febrero pasado, que dirigió el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino, al gobernador de la Provincia de Mendoza.
Muy flojos de papeles
Martín Cosentino, en representación del órgano rector de toda la actividad inmobiliaria del Estado Nacional, manifestó que tomó conocimiento de la norma de Suarez a través de medios periodísticos y que, en razón de verse afectado el patrimonio público, cumple con su obligación de solicitarle al mandatario que adopte “las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras dispuesta por el Decreto Nº 2.138/21, en favor de la firma El Azufre S.A., así como todo otro instrumento dictado en su consecuencia”.
Entre los argumentos de la solicitud formal se destacan consideraciones legales y antecedentes (leé la nota completa aquí) obviados arbitrariamente por Suarez e Ibáñez, que llevan a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a advertir “que la asignación efectuada a la firma El Azufre S.A. no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación”.
Cosentino denuncia que la Provincia validó institucionalmente “la existencia de ocupaciones preexistentes –que el Estado Nacional no reconoce ni convalida-” y “la realización de inversiones por la firma, sin determinar compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras”, lo que afecta los intereses patrimoniales del Estado Nacional.
Okupas vip
Reforzando el rechazo a la cesión de las 12 mil hectáreas a favor de El Azufre, Cosentino negó que las familias Cabus y Policante, que la sociedad anónima y el Gobierno de Mendoza asumieron y publicitaron como legítimos poseedores de los inmuebles, tengan tal condición jurídica.
En la misma línea, el funcionario nacional rechazó la mensura en el campo denominado Potreros de Cordillera, y puso en conocimiento del gobernador mendocino que la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación informó “que en la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías no se halló pronunciamiento alguno respecto a la aceptación para que la Provincia de Mendoza continúe con el trámite de asignación del inmueble”.
“El presente rechazo se realiza sin perjuicio de ulteriores reclamos por parte de esta Agencia de Administración de Bienes del Estado, en el marco de las competencias en materia inmobiliaria estatal”, cerró en su nota Martín Cosentino, previo a advertir sobre posibles acciones judiciales “en defensa de los intereses del Estado Nacional”.
