El acceso al agua potable es una complicación que se agrava año tras año. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, se duplicó en los últimos cuatro años la población del Gran Mendoza que tiene problemas con el suministro. El Gobierno de la Provincia está convencido de que el derroche de los usuarios es una de las principales causantes, y por eso invertirá en 2023 una cifra millonaria para controlar de cerca el consumo.
Por Redacción EL OTRO
La DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) publicó a fines de octubre la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2021, un informe que se da a conocer cada 12 meses y que se basa en las condiciones de vida objetivas de los hogares mendocinos y de sus integrantes. El relevamiento ofrece datos precisos sobre el nivel de bienestar de la población, y su comparación con informes anteriores permite saber si hubo avances o retrocesos.
En este sentido, el informe del 2021 señaló un marcado deterioro en la calidad de vida de la población que reside en el Gran Mendoza y que tiene que ver con la falta de acceso a un recurso fundamental. En el bloque Vivienda y Entorno, el relevamiento afirma que el 40% de las personas de este centro urbano padece problemas con el suministro de agua.
Que cuatro de cada diez personas no tengan garantizado el acceso al agua es una cifra de por sí estrepitosa, pero el número cobra más relevancia si lo comparamos con los datos de los últimos años. En el informe del 2018, la población con dificultades para acceder al agua potable en el Gran Mendoza era del 22,1%. Es decir, en sólo cuatro años la cantidad de personas afectadas se duplicó.
La comparación entre los informes de la ECV 2021 y 2018 permite que constatar que el acceso al agua se agravó en toda la provincia. En los departamentos del noreste (La Paz, Santa Rosa y Lavalle) el porcentaje de población que no tiene acceso garantizado pasó de 46% al 57%, en el este (San Martín, Junín y Rivadavia) del 25% al 34%; y en el Valle de Uco (San Carlos, Tunuyán y Tupungato) subió del 16% al 26%. En tanto que en los departamentos del Sur la relación se mantuvo aunque no alcanza al 22%.
El reclamo para disponer de agua potable es constante en la provincia y se repite en los barrios periféricos de los distintos departamentos que integran el Gran Mendoza (Ciudad, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Las Heras, Guaymallén y Maipú). Según manifestaron los referentes de la Mesa Provincial de Barrios Populares, las 317 barriadas de Mendoza inscriptas en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) tienen problemas con el acceso al agua.
En la edición del martes EL OTRO dio a conocer un fallo de la Justicia local que ordena a la Municipalidad de las Heras y al EPAS (Ente Provincial del Agua y de Saneamiento) a garantizar el acceso al agua potable a los habitantes del Barrio Nova Terra de El Algarrobal. Se trata de una población compuesta por 200 familias que sólo reciben la carga de un camión de agua por semana.
En esta línea, los barrios del oeste de la Capital de Mendoza también son fuente permanente de reclamos. Las familias de La Favorita sostienen desde hace años una lucha para que la empresa estatal Aysam (Agua y Saneamiento Mendoza) realice las obras necesarias y lleve agua a los domicilios. En esta zona hay 36 barrios y residen aproximadamente unas 30.000 personas.
En Luján de Cuyo también se mantiene una lucha constante para acceder a este servicio vital. Los vecinos de los barrios del distrito Vertientes del Pedemonte, por ejemplo, mantienen el reclamo, que en septiembre fue tomado por la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado. El pedido fue concreto: que la Legislatura intervenga ante el faltante de agua potable que viven más de 80 familias de la zona.
El pasado 28 setiembre, el EPAS desarrolló una audiencia pública en la que se puso en consideración el programa de la empresa Aysam para los próximos meses. El diputado José Luis Ramón, uno de los principales oradores, criticó el proyecto y señaló que en la provincia “el 81% del agua tomada de la Cuenca del Río Mendoza se utiliza para uso agrícola y solo el 11% para consumo humano. Y de ese 11%, casi el 40% se pierde por desperfectos de la red”.
De acuerdo a las fuenes oficiales, el plan que proyecta Aysam consiste en un plan de micro y macro medición del consumo a través de la colocación de 150 mil medidores, de los cuales 20 mil comenzarán a instalarse en el corto plazo, y una proyección de obras entre las que se destaca la construcción de una planta potabilizadora. El plan, que se basa principalmente en controlar a los usuarios del servicio, que consumen poco más del 10% del agua proveniente del Río Mendoza, le costará a la Provincia 60 millones de dólares.
Paralelamente, como informó este diario en julio pasado, las empresas dueñas de Coca Cola, Villavicencio y Eco de Los Andes -que no pagan regalías por la explotación del agua de Mendoza- firmaron un acuerdo con el gobernador Rodolfo Suarez para “contribuir a la seguridad hídrica” de nuestra provincia, mediante la constitución del Fondo de Agua del Río Mendoza, una estructura financiera público-privada promovida por los Estados Unidos.
