Luego de 20 días de vergonzosas dilaciones procesales, los jueces Juan Pablo Civit, Alfredo Dantiacq Sánchez y la magistrada Beatriz Salvini resultaron “incompetentes” para resolver medidas cautelares urgentes, solicitadas por 33 madres de niñas y niños que asistían al Jardín Maternal Evita, cerrado definitivamente por decisión de la Dirección General de Escuelas. En consecuencia, las 48 criaturas abandonadas por el Gobierno de Mendoza tendrán que seguir esperando que una nueva instancia de la (in)Justicia provincial se digne a ampararlas, tal como manda el elemental sentido común, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Por Negro Nasif
En la foto de portada: Juez Juan Pablo Civit | Fuente: Twitter*

Foto: Coco Yañez

La vulneración de derechos esenciales de casi 50 niñas y niños, ciudadanas/os de la opulenta capital mendocina, se ha tornado en un caso emblemático de la descarnada injusticia social que se sufre en nuestra provincia. Espejo que refleja la atroz incapacidad de los tres poderes del Estado, y por ende de los privilegiados funcionarios que ocupan cargos de responsabilidad institucional, para garantizar protección y educación a criaturas menores de 4 años, y apoyo concreto a madres trabajadoras que, en plena crisis económica y social, se vieron privadas, de un día para el otro, de las salitas maternales a las que asistían sus hijos.

Primero fue el Poder Ejecutivo el que arbitrariamente los castigó. Una resolución de la Dirección General de Escuelas, impulsada por Beatriz Della Savia, directora de Gestión Social y Cooperativa, dispuso el cierre del Jardín Evita, en línea con el plan sistemático de desguace del Nivel Inicial que ya se cobró 11 instituciones de este tipo.

Beatriz Della Savia. Captura de pantalla: DGE
José Thomas, director general de Escuelas. Foto: Coco Yañez

Segundo fue el Poder Legislativo. Los reclamos de las madres afectadas llegaron a la Casa de las Leyes y, más allá de la buena voluntad expresada por algunos diputados y senadores de la oposición, ese palacio tan distante de las necesidades populares se limitó a tramitar solicitudes de pedidos de informes remitidos al Ejecutivo que, junto a otros, se acumularán durante meses sin recibir más respuesta que las formalidades acostumbradas, en el mejor de los casos.

Por último, el Poder Judicial confirmó la semana pasada porqué es uno de los sectores públicos con menor valoración social, según coinciden diferentes estudios de opinión pública difundidos en los últimos tiempos.

Foto: Coco Yañez

“El sistemático avance del gobierno de Rodolfo Suarez contra la educación de niños y niñas puede encontrar freno esta semana, si la Justicia resuelve a favor de las infancias del Jardín Evita”, señaló este diario en un artículo dado a conocer el pasado 19 de abril. Por entonces, 33 madres de sectores populares de la Ciudad de Mendoza, como el barrio San Martín, el Olivares, y La Favorita aún conservaban esperanzas de que la jueza Beatriz Salvini y los magistrados Alfredo Dantiacq Sánchez y Juan Pablo Civit atendieran los tres amparos judiciales presentados oportunamente por el abogado Marcelo Venier y que, tal como manda la Constitución, resolvieran de manera urgente medidas cautelares para restituir los derechos violentados por la DGE.

Sin embargo, la tradicional (in)Justicia clasista y patriarcal de Mendoza le dio una vez más la espalda a las mujeres y enmarañó el proceso con sucesivas declaraciones de “incompetencias” y argumentos formalistas que incluyeron, entre otras vergüenzas, una desopilante contradicción procesal entre “horas de subidas” y “horas de presentaciones digitales” de los amparos acreditadas por los modernos, y evidentemente ineficientes, sistemas informáticos Iurix on line html5 (iol) y MEED (Mesa de Entrada de Escritos Digitales).

Sintéticamente: sus señorías se declararon “incompetentes” para entender en las causas judiciales, se las sacaron de encima y patearon los expedientes a otras instancias. (Para mayor información pueden leerse los fallos aquí y aquí).

Ante ese panorama desolador, un grupo de madres acompañadas por su abogado, asistieron este 1° de mayo a la Legislatura Provincial para entregar en mano a funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales un nuevo petitorio que insiste sobre lo elemental: la necesidad de respuestas rápidas que contemplen perspectivas de género y de derechos humanos, para madres que quieren y necesitan trabajar, y para niñas y niños que requieren cuidado y educación.

“Nos encontramos con la desidia del Poder Judicial”, manifestó Marcelo Venier, el domingo en la puerta de la Legislatura, en diálogo con EL OTRO. Para el letrado, la falta de respuestas del Gobierno y las sucesivas incompetencias declaradas por los tres jueces intervinientes demuestran que “este es un planteo candente tanto para el Poder Judicial como para el poder político”.

“Todos los sectores vulnerables se encuentran hoy en un estado de indefensión y de desprotección total, porque institucionalmente, republicanamente, los resortes que la Constitución instituye no dan solución, ni tan siquiera a los sectores más desprotegidos”, explicó el representante de las amparistas, previo a ingresar al palacio legislativo, donde entregó el petitorio urgente de las madres al gobernador Rodolfo Suarez, al director general de Escuelas José Thomas, al senador nacional Alfredo Cornejo y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, entre otros funcionarios.

Sin ningún tipo de respuesta hasta ahora, miembros de la comunidad educativa difundieron un video que muestra el desmantelamiento definitivo de las salitas maternales de la histórica Escuela Hogar Eva Perón.

 

*Aclaración de edición fotográfica: a fin de dar cabal información de interés público, la intención periodística de EL OTRO fue difundir las imágenes de los protagonistas señalados en este artículo, entre ellos les jueces Salvini, Dantiacq Sánchez y Civit. No obstante, sólo encontramos disponible un solo retrato de este último, el que incluimos en la portada. En contradicción con el principio republicano de publicidad de los funcionarios de Estado, los rostros de la mayoría de los magistrados mendocinos permanecen en absoluto anonimato, y las posibilidades de retratarlos por medios independientes es restringida o completamente vedada.

 

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