Acerca de la necesidad de organismos de control popular en cárceles, geriátricos y hogares de niños, niñas y adolescentes.

OPINIÓN | Por Teresa Oliveri*

Foto: UNCuyo

En los lugares de encierro la violencia está dada por diferentes circunstancias. Podríamos decir que no son las mismas razones en un geriátrico que en una cárcel, ni tampoco en un hogar de niños.

Sin embargo hay algunos puntos en común en estar tres situaciones: la indefensión.

En las cárceles, no es porque el interno no sepa defenderse de la agresión de sus carceleros, sino que el poder que se ejerce sobre el encarcelado es tan absoluto que cuando hay intención de lastimar, humillar o ejercer malos tratos, no hay posibilidad de resistencia ante la magnitud de la respuesta carcelaria que generalmente impone el poder con represión y orden.

Foto: Gobierno de Mendoza

En los  geriátricos el estado de indefensión es tan absoluto que los ancianos, muchas veces abandonados por sus familiares no tienen posibilidad alguna de reacción.

Similar situación ocurre en los hogares de niños, niñas y adolescentes cuando se producen abusos o violencia sobre ellos.

Creemos que las razones para ejercer violencia están dadas por la mala formación de los agentes que están a cargo, en algunas situaciones por el trabajo excesivo, y en el caso de las cárceles por la sobrepoblación de las mismas y el deterioro de muchas de ellas.

Foto: Gobierno de Mendoza

Esta última situación, muy palpable en la cárcel de San Rafael. Nos queda claro que no tenemos cómo influir en esta lamentable realidad, pero no podemos dejar de señalarla.

Sí creemos posible influir en la formación de los agentes penitenciarios y dejar sentado que la sobrepoblación está dada por la enorme cantidad de internos sin condena que suelen permanecer mucho tiempo en la institución.

Además de la indefensión que ya remarcamos, sabemos que el denominador común de la violencia carcelaria, de la angustia de los ancianos y del dolor de los niños encerrados, tienen que ver con el aislamiento y la inactividad.

Foto: Gobierno de Mendoza

En los tres casos sabemos que determinadas actividades hacen que la vida de estas personas sea más llevadera.

Con respecto a las cárceles, creemos que un espacio monitoreado por alguien que no considere al interno como un delincuente sino como un ser humano que ha delinquido, y en el que se puedan expresar los sentimientos, contar las experiencias vividas y reflexionar sobre ellas con una mirada crítica y reflexiva, puede ayudar mucho en mejorar la vida de cada uno de ellos.

El concepto de Derechos Humanos y aquel que dice que el único derecho que se debe perder en la cárcel es el de la libertad, harían que el personal a cargo de los internos tuviera una mirada más comprensiva y menos rígida en el trato con los y las presas.

Foto: Coco Yañez

Ante lo expuesto no quedan dudas que el control de un Organismo de Derechos Humanos es necesario e imprescindible para asegurarnos que los derechos a la salud, en las mujeres el derecho al arresto domiciliario para criar a sus hijos, el derecho a la identidad de género, los derechos frente a las sanciones disciplinarias, derecho a la petición y repuestas, derecho al trabajo, a la educación, a la buena alimentación, a recibir visitas, a la comunicación, a la atención médica y a la libertad anticipada, deberían ser controlados por un organismo externo para que la cárcel no signifique la pérdida de la dignidad humana.

En nuestra provincia el Comité Provincial contra la Tortura ha devenido en un organismo estatal y por lo tanto no existe la posibilidad del control popular que es indispensable para el buen funcionamiento de los lugares de encierro. El ejemplo más claro es lo ocurrido en Monte Comán con el geriátrico San Luis Gonzaga que no fue monitoreado ni controlado, y las consecuencias están a la vista con la muerte de quince ancianos por no haber sido vacunados, situación que el Estado provincial desconocía.

 

*La autora es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de San Rafael.

 

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