El pasado 11 de marzo, el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) despidió a su exdirector Alejandro Antón, funcionario denunciado por violencia de género y laboral por una profesora que cumple tareas administrativas en esa institución. En diálogo con EL OTRO, cuatro mujeres apuntan contra la violencia machista y el hostigamiento laboral de Ceferino Sánchez, encargado de Compras y Suministros del IUSP, y piden que lo retiren del cargo. Afirman además que hay un silencio cómplice que favorece el ejercicio de este tipo de violencias, sostenido incluso por la abogada “feminista” Paula Vetrugno, directora de la Diplomatura de Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia y, a su vez, representante legal del violento Sánchez. También denuncian el desamparo provocado por la Subsecretaría de Trabajo y el Área de Género y Diversidad de la Provincia que, al desoír sus reclamos, no evitaron la continuidad de los maltratos. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación ya recibió el caso, a pedido de las mujeres violentadas.
Por Milagritos Contreras
Es de larga data la violencia patriarcal que sostiene el Ministerio de Seguridad de la Provincia para mantener a sus aliados machistas impunes y en sus cargos. Pero la resistencia también comienza a emerger en la voz de mujeres que ya no están dispuestas a callar.
María José Pederzolli, María Lucero, Alejandra Córdova y Liliana Sánchez dialogaron con EL OTRO Diario y relataron en primera persona el ambiente hostil y violento que han vivido y aún sufren en el Instituto Universitario de Seguridad Pública, pese a haber denunciado públicamente y en las instituciones del Estado la violencia que ejercen algunos funcionarios.
“Cada una de nosotras sufría estas situaciones de violencia muchas veces ejercidas por Alejandro Antón, otras de parte de Ceferino Sánchez. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que éramos un grupo de mujeres violentadas durante muchos años pero en forma separada. Creo que esa es la actitud del violento, mantenernos aisladas para no denunciar”, sostiene la profesora María José Perdezolli, quien cumple tareas administrativas dentro del IUSP.
“Al cuarto día que tomó la dirección Antón en el Instituto fue la primera discusión en la que hubo gritos, golpes en el escritorio, y también me echó de la oficina. Obviamente el maltrato continuó pero pude denunciar. Dentro de la institución nadie se hace cargo legalmente de nuestras denuncias, tuve que pagar un abogado privado para poder sostenerla. Lamentablemente hay que tener dinero para poder defenderte. De mi parte no es que esté muy bien económicamente, pero realmente fue tan fuerte la violencia que sufrí, que mi familia decidió apoyarme para realizar la denuncia contra Antón por violencia laboral y de género. En ese momento yo era delegada gremial, los sueldos no se pagaban a término y también sufrí violencia de parte del exdirector ejecutivo David Sáez y de Ceferino Sánchez, quienes me golpearon el escritorio. Era realmente un ambiente muy hostil”, recalcó Perdezolli.
“En mi caso buscaron aislarme de la sede principal –cuenta María Lucero-. Entonces lo que hicieron fue trasladarme a la sede del IUSP en Las Heras, en las oficinas de ex Holcim. Es un lugar que al día de hoy no tiene habilitación. Ahí van los cadetes para hacer instrucción. Si a mí me ocurriera algo en el trabajo, no hay ART que me cubra. En su momento quise hablar con los directores por toda esta violencia que se generaba a través de Ceferino Sánchez, pero aparentemente también esta violencia se sostenía desde la dirección de Antón o de David Sáez, actualmente secretario en la Legislatura.
María reconoce que “el único que me escuchó fue el actual director del IUSP, Alberto Rivero” e insiste, en coincidencia con sus compañeras, en los maltratos misóginos del encargado de Compras y Suministros del IUSP: “Ceferino Sánchez persiguió y ejerció violencia con la mayoría del personal, por ello a través de él se gestionaron varios traslados. Cuando tuve que pedir días de licencia porque empecé a tener contracturas musculares, me lo cuestionaban y me decían que era una ‘floja’, decían que no quería trabajar. También tuve un accidente en colectivo, donde hubo tres muertes, y viví el constante hostigamiento de Sánchez para que regresara al trabajo sin realmente haberme recuperado. En un determinado momento, él desistió un poco porque estaba cubierta por la ART”.
Lucero vivió un calvario cuando recibió el alta y retornó a trabajar: “Fue realmente tormentoso, era una pelea constante con Sánchez, me decía que hiciera lo que él me pedía o me echaba. Intenté hablar con los directivos que eran quienes podían frenar esto. Cuando ellos se hicieron cargo de la gestión, Sáez me encontró limpiando la oficina y me increpó diciéndome: ‘¿De qué lado estás? Del lado de la patronal, con nosotros, o del lado de los trabajadores. No te olvides que quienes tenemos el poder de la lapicera somos nosotros´. Ahí le respondí: ‘¿Cómo de qué lado estoy? Mirá mi delantal, creo que no hay mucho para decir de qué lado estoy’. Fue desde entonces que empezó la persecución hacia mi persona. Posteriormente comencé a sufrir bruxismo, se me empezaron a quebrar los dientes y se me cayó el pelo”.
La violencia que atraviesan estas mujeres es completamente fuerte y shockeante para cualquier persona en su situación. Sus historias reflejan apenas la práctica diaria que ejercen estos violentos sobre sus víctimas; hostigándolas, acosándolas, amenazándolas de múltiples maneras hasta lograr aislarlas de sus respectivas tareas o funciones. “No tengo nada en contra del actual director Alberto Rivero, porque de hecho ha sido quien más nos ha escuchado. Pero lamentablemente Sánchez continúa en su cargo. Cómo puede ser posible que luego de haber padecido toda esta violencia, aún siga asistiendo a mi lugar de trabajo y conviva con ese violento. Me pasa que siempre que llego al Instituto él se para en el reloj, como obstaculizándome el paso, de forma intimidante, y tengo que decirle que me permita pasar. Se muestra con una actitud desafiante. Quiero trabajar tranquila, no hice nada malo para esconderme, él es el violento”, sostuvo la abogada Alejandra Córdova, quien desde hace 11 años desempeña funciones en la Asesoría Letrada Académica.
“En mi caso, había fallecido mi papá, luego mi esposo, estaba embarazada y no me creían. Con todo el dolor que me generaba el fallecimiento de mis seres queridos, descreían de la situación que estaba atravesando, al punto que amenazaban con despedirme. Intentaban hacerme creer que era vaga, cuando me he esforzado para formarme. Soy abogada, tengo tres diplomaturas, sigo estudiando. Entonces no tengo que estar demostrando permanentemente que no soy vaga, sino que estoy reclamando porque es mi derecho”, manifestó Alejandra, notablemente desbordada.
Además de compartir a diario el mismo espacio con su propio yugo, al día de hoy -relata la doctora Córdova- ninguna de las trabajadoras cuenta con obra social ni ART, ya que en los dos últimos meses de gestión de Antón no se realizaron los pagos correspondientes. Sin embargo, pudieron observar que se los han descontado de sus haberes.
“Hace 18 años que trabajo en el IUSP, sin ningún ascenso, pero sí aumentaron mis responsabilidades laborales. Esto lo digo porque pareciera que a quienes denunciamos estos hechos violentos se nos castiga de ese modo. Pero, en cambio, a otros trabajadores que soportan incluso esta violencia y no se animan a hablar, les han otorgado beneficios económicos”, afirmó Pederzolli, quien tuvo que presentar una acción de amparo en la Justicia, para no ser obligada asistir a ese ambiente laboral hostil, mientras se investigan los hechos.
Tal fue la desprotección a la que se vieron expuestas estas cuatro mujeres, que acusan al Estado provincial de irresponsable, por no tomar cartas en el asunto cuando recurrieron a los organismos correspondientes y expusieron sus relatos. Resaltan que se dirigieron a la Subsecretaría de Trabajo y al Área de Género y Diversidad pero no obtuvieron respuestas favorables: “Tuvimos que acudir a la Universidad Nacional de Cuyo y a Buenos Aires, porque dentro de la institución tenemos un área que está destinada a capacitar sobre el tema de género, es la Diplomatura de Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia que depende de la doctora Vetrugno, pero nunca se hizo cargo de nuestra situación. Paula Vetrugno es la abogada de Ceferino Sánchez, el violento que aún continúa en su cargo impunemente, y quien al día de hoy es parte del silencio cómplice al mostrarse desafiante hacia nosotras. No quiero seguir pasando por esto, no lo merezco, la gente que hostiga no tiene que ser premiada”, expresó la docente María José.
“Al golpear puertas, enviar emails, y hacer muchas llamadas a distintas áreas involucradas en violencia contra la mujer y no obtener resultados positivos, varias de nosotras decidimos contactarnos con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Así que enviamos un correo e inmediatamente nos respondieron. Fue una secretaria la que dio la autorización para que un grupo de profesionales pudieran hacerse cargo de nuestra situación. Estas profesionales nos pidieron que relatemos nuestros casos, luego quedaron en comunicarse con el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia”, apuntó Liliana Sánchez, trabajadora del IUSP en el área de Biblioteca, y anticipó: “El martes nos enteramos que Antón presentó una nota al Instituto donde pide su reincorporación como docente y coordinador del área. Verdaderamente estamos muy angustiadas. Pedimos que realmente nos escuchen las autoridades a las que les compete nuestro caso”.
Hay pocas cosas más insensibles e inhumanas que condenar a trabajadoras a un ambiente hostil, donde permanentemente se encubre al violento y, como respuesta ante cualquier denuncia por parte de sus víctimas, se las termina sancionando. No hay mayor doble moral que considerarse “feminista”, como la abogada Vetrugno, cuando se defiende a violentos y se hace la vista gorda ante la causa por la que supuestamente se debiera abogar. Mucho menos un Estado que también termina siendo cómplice al no asistir de inmediato a quienes lo solicitan, que prefiere callar y dejar abandonadas a las víctimas que están respaldadas por una legislación ante la cual las y los funcionarios hacen caso omiso.
La trama de violencia de género en el Ministerio de Seguridad
