A siete meses de la clausura del Jardín Maternal de la Escuela Hogar Eva Perón, el Poder Judicial de Mendoza sigue acumulando fojas en un expediente para negarse a dictar una medida cautelar que, a esta altura de los acontecimientos, no haría más que confirmar los daños institucionales provocados a 48 niñas y niños -de seis meses a tres años- que se quedaron sin sus salitas maternales. La solicitud de una medida de protección de derechos de las infancias otra vez quedó enchastrada en un conflicto de competencia causado por la impresentable jueza Beatriz Fernanda Salvini.
Por Negro Nasif
El memorable juicio a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, narrado en la exitosa película Argentina, 1985, fue resuelto en tan sólo siete meses. En el mismo período, la Justicia de Mendoza todavía no se pone de acuerdo sobre quién se tiene que hacer cargo de resolver un solicitud de medidas cautelares –obviamente urgentes- para proteger a casi 50 niños y niñas.
Tal como viene dando cuenta EL OTRO, a fines de marzo pasado la Dirección General de Escuelas (DGE), que conduce José Thomas, resolvió cerrar el Servicio Educativo de Origen Social (SEOS) que funcionaba en la Escuela Hogar Eva Perón. El recorte del Gobierno provincial recayó sobre las salitas maternales a las que asistían 48 niños y niñas –de seis meses a tres años-, la mayoría de ellos de barrios populares de la Ciudad de Mendoza, quienes quedaron en la calle junto a las y los trabajadores que los cuidaban y educaban.
La cruel medida contra los más vulnerables, que para ese entonces ya se había cobrado el cierre de 12 SEOS, generó una serie de protestas de la comunidad educativa, encabezadas por las madres de les niñes. Manifestaciones en el edificio de la histórica escuela, en las calles del parque General San Martín, en el ingreso a ese paseo público y en la Casa de Gobierno, donde jamás se ofreció una respuesta integral para restituir los derechos esenciales pisoteados por el propio Estado.
En este difícil contexto, el abogado Marcelo Venier, en representación voluntaria y gratuita de 33 madres de niñes de ese jardín, radicó tres amparos que, mediante sorteo de rutina, quedaron en manos del Tercer Juzgado Civil y el Segundo y Tercer Juzgado de Gestión Asociada Civil de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.
Después de 20 días de vergonzosas dilaciones procesales, los jueces Juan Pablo Civit, Alfredo Dantiacq Sánchez y la magistrada Beatriz Salvini resultaron “incompetentes” para resolver las medidas cautelares solicitadas. Luego, Salvini resolvió a favor de las amparistas, ordenando la reapertura del jardín maternal, aunque finalmente la jueza cedió ante un carpetazo del Gobierno, emitiendo una resolución a la medida de las pretensiones de Thomas.
Es decir que, la misma funcionaria judicial que había considerado que la clausura arbitraria ordenada por la DGE afectó derechos humanos esenciales que debe garantizar el Estado, volvió sobre sus pasos, haciendo lugar a un recurso de aclaratoria interpuesto por el Ejecutivo y, en consecuencia, dejó sin efecto la suspensión de la Resolución N° 8/2022 que ella misma había ordenado. Además, en línea diametralmente opuesta a su fallo anterior, otorgó una ampliación de plazo para que el Gobierno asigne “fondos a un tercero u organismo que estime corresponder, a fin de que el jardín vuelva a prestar sus servicios”. O sea, retiró de toda responsabilidad al Estado como garante exclusivo de derechos que, por imperio de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, debe asegurar.
Tras el panquecazo de Salvini, el abogado Venier develó gravísimos antecedentes judiciales de la titular del Tercer Juzgado Civil, y aportó precisiones acerca de la patente parcialidad de la funcionaria: “La jueza ya fue demandada. Fue denunciada penalmente por prevaricato, fue denunciada ante la Corte por incumplimiento de los deberes de funcionario público, se le presentó un jury de enjuiciamiento por notorio desconocimiento del derecho, y ahora está para resolverse una demanda de daños y perjuicios iniciada por un chico abusado por personal eclesiástico”, manifestó el abogado, el 25 de mayo en entrevista con Radio Nacional Quino.
Pero el escándalo no terminó allí. En lugar de dedicarse a impartir Justicia, la jueza Salvini arremetió contra el representante de las madres. La magistrada acusó a Venier de “elevar improcedentes pedidos de pronto despacho” y de “amenazarla” mediante “sus escritos y a través de medios periodísticos”. Entre las supuestas pruebas de presuntas “calumnias e injurias” la funcionaria ofreció un artículo periodístico de este diario donde EL OTRO demostró, con fuentes concretas, las motivaciones políticas de su marcha atrás en favor del Gobierno y, en consecuencia, en perjuicio de las niñas y niños del Jardín Evita que jamás reabrió sus puertas.
En el colmo del absurdo, la magistrada intentó forzar su interpretación de los hechos y el derecho, denunciando que ella sería objeto de un “permanente acoso y hostigamiento procesal y mediático”, que configuraría “una verdadera situación de violencia de género”. Sin embargo, nunca explicó cuál sería la relación desigual de poder que afectó “su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”, como se requiere para semejante calificación, de acuerdo a la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Pero todavía hay más. Salvini, acostumbrada a su conducta errática y sinuosa, pasó de oponerse a dejar la causa -por inocultables motivos de parcialidad- a pretender desprenderse de la misma al haber denunciado a Venier ante el Colegio de Abogados. En definitiva, el 12 de octubre pasado la jueza resolvió excusarse de continuar entendiendo en las actuaciones. Sin embargo, días más tarde el Tercer Tribunal de Gestión Asociada expuso las contradicciones de la jueza: “Vislumbro asimismo que las amenazas de denuncias, injurias, hostigamientos, etc., que alega la magistrada, ya las había mencionado en la resolución en la cual rechaza su recusación con causa por negar que existiera la causal de sospecha que denunciaba el letrado del actor. Por lo que entiendo que, si las mismas circunstancias permanecieron, la decisión de la juzgadora de efectuar la denuncia correspondiente, no es un hecho grave sobreviniente, como indica en su resolución, sino que es parte de la potestad de juez del proceso”.
Sin metáforas, mientras se ratifica la denegatoria de justicia a 48 niños y niñas, el Tribunal le recordó a Salvini, proclive a ceder ante los poderosos y reactiva ante los representantes de los vulnerados, que “no es ajeno a la realidad de quienes ejercemos la magistratura, que estemos expuestos a comentarios injuriantes, amenazas, o a que, en medios masivos de comunicación o redes sociales, puedan vertirse expresiones injuriantes contra nuestra persona, cuando se tramitan causas que puedan considerarse sensibles para las partes. Sin embargo, es mi convicción que soportar con firmeza de ánimo dichos embates, es parte de lo que implica la noble tarea de impartir justicia y de resolver los conflictos que los usuarios del servicio de justicia solicitan del Poder Judicial. Excusarse frente a situaciones como las mencionadas, podría llevar al extremo de que el juez natural de la causa deba apartarse en cada oportunidad que ello ocurra, con el consiguiente dispendio jurisdiccional y alteración en la normal asignación de causas. Y bastaría con efectuar la denuncia al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, activando su poder disciplinario, para que ello se constituya sin más en una causal de excusación”.
“Creer que la Justicia tiene que ser justa es demasiado pretencioso”, declaró recientemente el juez de la Suprema Corte de Justicia, Mario Adaro. Todo parece indicar que en la Justicia Civil hay fervientes discípulas de su doctrina.
Contra los más débiles: Suarez avanza con el cierre de jardines maternales
“Las madres, niñas y niños están totalmente desprotegidos por el Estado”
