La jueza Beatriz Salvini y los magistrados Alfredo Dantiacq Sánchez y Juan Pablo Civit deberán resolver en las próximas horas el futuro de 48 niños y niñas de las salitas maternales de la histórica Escuela Hogar Eva Perón. Ya corren los plazos legales para que la Justicia de Mendoza decida si hace lugar o no a las medidas cautelares urgentes solicitadas por más de 30 familias perjudicadas. Mientras el director general de Escuelas, José Thomas, y los medios oficialistas justifican el desguace del Nivel Inicial, desde la comunidad educativa del Evita convocaron a una concentración para este miércoles, a las 10 hs, en la explanada de Casa de Gobierno, para exigir que se cumpla la Ley Nacional de Educación.
Por Negro Nasif
El sistemático avance del gobierno de Rodolfo Suarez contra la educación de niños y niñas puede encontrar freno esta semana, si la Justicia resuelve a favor de las infancias del Jardín Evita.
Tal como informó EL OTRO el pasado jueves, el abogado Marcelo Venier, en representación de 33 madres de niñes de ese jardín, radicó tres amparos que, mediante sorteo de rutina, quedaron en manos del Tercer Juzgado Civil y el Segundo y Tercer Juzgado de Gestión Asociada Civil de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.
La acción legal contra la Dirección General de Escuelas busca frenar la aplicación de la resolución 8/2022, mediante la cual la cartera que conduce José Thomas dispuso el cierre de las salitas maternales del Servicio Educativo de Origen Social (SEOS), que funciona en el emblemático edificio de la Escuela Hogar Eva Perón de Capital.
De acuerdo con los plazos estipulados en el artículo 222 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, la jueza Beatriz Salvini y sus pares Alfredo Dantiacq Sánchez y Juan Pablo Civit, a cargo de los tribunales que se mencionaron anteriormente, deberán resolver en las próximas horas si, tal como solicitaron las madres damnificadas, le ordenan a la DGE que reasigne los recursos del Jardín Evita a fin de asegurar su continuidad bajo las mismas condiciones, y sin necesidad de reubicar a les niñes.
Entre tanto, la DGE y la Fundación Chachypum que administra este SEOS ratificaron el cierre del jardín. “Luego de reiteradas notas y reclamos, desde que en marzo nos avisaron del probable cierre, hoy 18 de abril recibimos la noticia de que cierra el Jardín Maternal Evita“, confirmó a este diario Eva Lorena Pierro, en representación de las madres que recurrieron a la Justicia.
“El Gobierno mintió, dijo que ‘iba a reubicar a alumnos y docentes’ pero retiró el subsidio con que la Fundación les pagaba a nueve docentes de Educación Inicial. En un par de días, quedan 48 niñes sin asistencia a clases y cerrada una institución educativa con más de diez años de trayectoria”, aseguró Pierro e informó que la comunidad educativa del Evita realizará una concentración en la explanada de Casa de Gobierno, este miércoles a las 10 hs, para exigir que el Estado garantice el derecho a la educación de sus hijas e hijos.
Thomas miente, Sitio Andino también
“Estas son las causas por las cuales la DGE cerró los SEOS”, fue el titulo que eligió el portal Sitio Andino para encabezar una entrevista a José Thomas. O mejor dicho, la publicación de la versión oficial como relato único, para legitimar la privación de derechos esenciales de la población más vulnerada.
El artículo de la periodista Nimsi Franciscangeli, que excluye la voz de las más de treinta mujeres víctimas del ajuste de Thomas, da por cierta la información proporcionada por el director general de Escuelas, lo que contradice documentos oficiales de la propia DGE. En la misma línea de incongruencia -o mala fe- se desinforma sobre las obligaciones impuestas a las provincias por la Ley Nacional de Educación.
“Thomas describió que Mendoza tiene 300 SEOS”, arranca la nota. Es falso: la Provincia tiene 369 SEOS, de los cuales 293 son administrados por los municipios y 76 por organizaciones civiles. “Hasta el momento, los SEOS cerrados son dos”, se señala luego, con información sesgada y parcial que omite gran parte de la verdad. Lo cierto es que el gobierno de Cambia Mendoza cerró 12 SEOS desde 2016 a la fecha.
De acuerdo con la versión oficial de Thomas replicada por Sitio Andino, “para que los SEOS estén en funcionamiento existe una normativa, si esa disposición no se cumple, nosotros no podemos continuar con ese aporte. Sobre todo cuando el fin es la atención de la primera infancia”. Es falso: la DGE no solo puede sino que debe asegurar la continuidad de los jardines maternales. Lo dice claramente la Ley Nacional de Educación en su artículo 21: “El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad de expandir los servicios de Educación Inicial…”. Ajustar es antónimo de expandir.
Thomas afirmó y Sitio Andino validó que, tras los cierres de los jardines, los derechos de la primera infancia son garantizados por otros SEOS de la zona. Mienten. Basta con remitirse a los textos de los tres amparos judiciales que presentaron 33 madres en representación de sus hijes para desmontar las falacias del funcionario y su portal amigo. Salvo que, sin más, se decida no creerles a las víctimas.
“Según las resoluciones de la Dirección General de Escuelas a las que pudo acceder Sitio Andino hay denuncias donde se detalla que algunos de los SEOS no han presentado balances administrativos desde hace 10 años, entre otros”, afirma Sitio Andino haciendo gala de su periodismo de la sospecha. Es curioso que la DGE, en su afán de justificar los recortes, ponga en evidencia la ineficiencia de la Dirección de Personas Jurídicas para asegurar la continuidad de organizaciones que incumplen la legislación básica. Thomas asume entonces que, en lugar de garantizar la educación, su función básica es castigar a los niños y niñas por faltas de organizaciones civiles que deben fiscalizar otras áreas del Estado. Si se siguiera a rajatabla este precepto, más de una escuela de gestión privada, que viole derechos de sus trabajadores o incumpla condiciones de higiene y seguridad laboral, debe perder los subsidios estatales. ¿O no?
“En relación al Jardín Maternal Evita se detalla en la resolución que la escuela sigue sin gas y que por tal motivo no pueden hacer almuerzo…”, destaca Sitio Andino. Sin comentarios. Solo recordaremos que en 2017 el entonces gobernador Alfredo Cornejo se jactó de haber inaugurado es ese mismo edificio un nuevo sistema de calefacción, luego de 20 años de desidia.
Por último, según la versión oficialista de Sitio Andino, la DGE confirmó que el Jardín Ayún de General Alvear fue cerrado porque la institución que lo gestionaba no presentó documentación administrativa que adeudaba. Como ya hemos ejemplificado en este diario, si se siguiera esta sinrazón, el Gobierno de Mendoza tendría que haber clausurado para siempre, por ejemplo, Vialidad Provincial en 2020, cuando El Tribunal de Cuentas comprobó que el administrador Oscar Sandes cometió gravísimas irregularidades por tres millones de pesos. Solo si recordamos uno de los tantos casos de corrupción recientes.
Detrás del blindaje mediático se oculta el ajuste. Sólo basta con correr el cerco.
Contra los más débiles: Suarez avanza con el cierre de jardines maternales
