Ante la falta de avances judiciales en la causa Jofré y el respaldo del gobierno hacia el funcionario acusado de reiterados abusos sexuales, sindicatos estatales y el colectivo Ni Una Menos exigen justicia, protección de las víctimas y el apartamiento del subsecretario de Trabajo.

[/media-credit] Alejandro Jofré, subsecretario de Trabajo.

En diciembre de 2017, tres empleadas de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza denunciaron penalmente a la máxima autoridad de ese organismo por abuso sexual. Las mujeres relataron, ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual a cargo de Cecilia Bignert, cómo fueron ultrajadas sistemáticamente por Alejandro Jofré en el ámbito laboral.

La Justicia avanza lentamente en la causa y, si bien libró una “restricción de acercamiento”, aún no imputa ni cita al funcionario. En tanto que el gobernador Alfredo Cornejo sostiene a su funcionario, mientras pretende promoverlo al fuero laboral.

Ante la gravísima situación institucional, sindicatos estatales y el colectivo Ni Una Menos Mendoza fijaron posición en favor de las denunciantes, exigieron justicia y la separación de Jofré de sus funciones.

Voces sindicales

[/media-credit] Roberto Macho (ATE)

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitió un comunicado, el pasado 9 de febrero, mediante el cual repudió “los hechos de violencia institucional y de género que se habrían producido en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Mendoza”.

El texto firmado por el secretario general Roberto Macho exigió “a la Justicia que tome las medidas del caso y se aplique la normativa legal con respecto a la violencia contra las mujeres, para garantizar la integridad de las trabajadoras”. Además, reclamó que se respeten los derechos laborales de las denunciantes y se tomen medidas urgentes para resolver “estos episodios denunciados”.

[/media-credit] Federico Lorite (SiTEA)

En el mismo sentido, el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SiTEA) expresó “profunda preocupación y rechazo ante los hechos de violencia contra la mujer denunciados en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza”.

El comunicado de SiTEA, difundido el 15 de febrero, subrayó la gravedad institucional debido a que es el propio Jofré “el funcionario designado para hacer cumplir la legislación que consagra el resguardo de la integridad y de la dignidad de los/as trabajadores/as”.

El gremio exigió al gobierno de Cornejo protección para las denunciantes y el resguardo de sus derechos “para evitar una revictimización” y reclamó al Poder Judicial celeridad en el proceso, “apego a las leyes, ecuanimidad y rigurosidad para con los responsables de los lamentables hechos que estas valientes mujeres han puesto en manos de la Justicia”.

#NiUnaMenos

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Ayer, el colectivo Ni Una Menos Mendoza dio a conocer un comunicado en el que exigieron el apartamiento de Alejandro Jofré del cargo de subsecretario de Trabajo.

El colectivo que congrega a más de 70 organizaciones de mujeres expresó su preocupación ante los reiterados casos de violencia sexual en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y apuntaron al hombre que debe dar cuentas ante la Justicia.

“Alertamos que al funcionario no solo no se lo ha corrido de su cargo sino que además estas mujeres, luego de sufrir estos hechos de violencia sexual (tocamientos, mensajes y acoso sexual laboral) han visto desmejoradas sus condiciones laborales”, señalaron las organizaciones feministas y denunciaron “la actitud de omisión e indiferencia por parte del gobernador de la Provincia, Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno Dalmiro Garay, cartera de la cual depende el subsecretario. Actitud que implica una re victimización de las mujeres ya que el funcionario posee ‘impedimento de contacto’ y sigue siendo el jefe laboral de las denunciantes”.

[media-credit name=”Foto: Seba Heras” align=”alignnone” width=”640″][/media-credit]

A una semana del Paro Internacional de Mujeres, Ni Una Menos resaltó que el acoso sexual en el ámbito del trabajo es repudiable pero más aún en el caso de los hechos ocurridos en la Subsecretaría de Trabajo, justamente porque el funcionario denunciado “es el mismo que tiene que velar por los derechos de lxs trabajadorxs”.

“La necesidad de prevenir que estas situaciones se reproduzcan, indica considerar que funcionarios con este tipo de denuncias, que ejercen claramente un abuso de poder al victimizar de esta forma a las trabajadoras, no ocupen nuevamente cargos que les faciliten realizar estas agresiones delictivas”, manifestaron las organizaciones de mujeres que se preparan para alzar la voz el próximo 8 de marzo.

 


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