Pese al decreto impuesto por el gobernador Cornejo, los descuentos y amedrentamientos de la Corte, las y los trabajadores judiciales de Mendoza continuarán con el paro. Al cierre arbitrario de las paritarias se le suman sanciones económicas por los días sin actividad que agudizan el conflicto.

Por Juan Rojas | Fotos: Coco Yañez

En la fría jornada del miércoles, con fuerte participación y la propuesta de sostener un acampe, la nutrida asamblea de trabajadores del Poder Judicial de Mendoza resolvió no ceder ante la rigidez del Ejecutivo provincial. El gobierno de Alfredo Cornejo dio por cerrada la paritaria en las primeras reuniones, decretó un aumento mezquino y suspendió el diálogo. En ese marco, con el afán de desbaratar el reclamo, los trabajadores están percibiendo descuentos por los días de paro.

La decisión de los empleados es continuar con la huelga hasta el próximo viernes, cuando volverán a reunirse y determinarán cómo seguir con el plan de lucha. Ese día se completarán dos semanas de suspensión de las actividades en el Poder Judicial con un acatamiento que ronda el 80%. Por su parte, las autoridades de la Corte señalaron que descontarán los días y, según advierten desde el gremio, los empleados están recibiendo la amenaza de esta decisión arbitraria a través de sus mails personales

 

 

La jornada de protesta de este miércoles incluyó un acampe en el cuarto piso del edificio del Poder Judicial, que comenzó al mediodía y se levantó cerca de las 21, tras conseguir que el plenario de la Suprema Corte los reciba. La reunión con los ministros de ese alto tribunal se realizará el jueves. El pedido del gremio es que la Corte asuma el rol de patronal en la paritaria y abra el canal de diálogo. Participará además el Procurador de la Provincia.

“La Corte nos sorprendió con una resolución que ordena descuentos por los días de paro. Nosotros hemos dicho que no corresponde porque no está abierta una mesa diálogo y el origen de las medidas de fuerza se debe a que el Gobierno se retiró arbitrariamente de la paritaria suspendiendo las conversaciones. Los ministros no nos dan la posibilidad de discutir condiciones laborales y salariales. Queremos que ellos resuelvan en plenario si corresponden o no estos descuentos. La Corte tiene que entender que debe abrir los canales de diálogo y no reprimir”, explicó Ricardo Babillón, secretario general del Sindicato de Judiciales.

 

 

Cornejo, por decreto, ordenó un aumento salarial del 10 % mensual para marzo, abril y mayo, el mismo incremento que recibieron y aceptaron los demás gremios de empleados estatales. Además, los trabajadores de las fiscalías, que llevan dos meses de paro, sufrieron descuentos que representan alrededor del 50% de lo que perciben.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza está compuesta por seis ministros y una ministra: Dalmiro Garay, Pedro Llorente, José Valerio, María Teresa Day, Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo. Es un órgano con una mayoría completamente afín al gobernador, cuatro de los siete miembros llegaron a ocupar sus lugares promovidos por Cornejo, incluso dos de ellos, Llorente y Garay, a contramano de los estatutos, siguen siendo afiliados al partido radical.

 

 

El decreto unilateral de Cornejo anula cualquier intento de diálogo presente y futuro sobre mejoras salariales, sin embargo, la protesta del gremio sigue creciendo y prevén que, al igual que los funcionarios del Poder Judicial, se mantendrá hasta fin de mes.

El bloqueo antireclamo salarial que Cornejo maneja con soberbia y sin mayores obstáculos sindicales encontró esta vez un punto de tensión inédito.

 

 

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