El trámite de la impugnación, que sirvió de excusa para que el Ministerio de Trabajo de la Nación resolviera intervenir el sindicato de judiciales de Mendoza, pasó a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, instancia que será la responsable de determinar la manera en que se normalizará el funcionamiento del gremio.
Fotos de archivo: Coco Yañez
El viernes 28 de abril, el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, Esteban Gargiulo, acudió a la sede de Judiciales para notificar la resolución del ministro Jorge Triaca, que ordenaba la inmediata intervención y toma de posesión del sindicato. Lo hizo acompañado por una escribana y el supuesto designado “delegado normalizador”, Hugo Parrino. Las trabajadoras y trabajadores presentes se negaron rotundamente a tal directiva, bajo el fundamento de la ausencia de una orden judicial y por considerar ilegal la orden del ministro. Además, apelaron a la memoria histórica, al recordar que la única intervención que sufrió el sindicato se produjo durante la dictadura iniciada en 1976.
Lo cierto es que la delegación oficial debió conformarse con salir de las oficinas del gremio con una actuación notarial que registró lo sucedido, en medio del acompañamiento de representantes de entidades sindicales y organizaciones sociales que se convocaron en el lugar para apoyar la posición de sus pares judiciales.
Normalizar es la cuestión
Con el pasar de los días, la medida adoptada por el Ministerio de Trabajo, una vez comprobada su fragilidad administrativo-jurídica, evidenció aún más la conducta arbitraria y malintencionada de los gobiernos nacional y provincial en su estrategia de ahogo a los gremios.
Esta percepción sobre el procedimiento del Poder Ejecutivo se expandió, en el umbral de lo grotesco, cuando se conoció que la Cámara Nacional había solicitado reiteradamente el expediente al Ministerio de Trabajo, al extremo de emplazarlo en 48 horas para remitírselo. En esas últimas horas, mientras el trámite figuraba en la cartera de Triaca, se firmó la resolución de intervención.
Desde Judiciales manifiestan que el conflicto debe encaminarse hacia el ámbito natural del Poder Judicial, pues así lo dispone la normativa vigente, y que existe un “avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre la Justicia y los trabajadores”.
El caso ahora se encuentra en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, instancia en la que se decidirá cuál es el camino a seguir para normalizar la situación.
Pero más allá de estas incertidumbres, Adriana Domínguez, secretaria general –primera mujer en la historia en ser electa en la conducción de Judiciales- sostuvo, en diálogo con EL OTRO, que “en este momento el sindicato no está intervenido, estamos funcionando con cierta normalidad, a la expectativa de las decisiones que se tomen en el ámbito judicial y acompañados solidariamente por otras organizaciones y centrales gremiales”.
La dirigente, que desde hace tiempo viene denunciando las maniobras del Ejecutivo, y quien se encuentra imposibilitada de asumir formalmente esa representación desde el comienzo del conflicto, manifestó que “el gobierno intenta avasallar a los trabajadores y trabajadoras organizadas para consolidar su modelo de ajuste. Necesitan controlar los sindicatos para bajar lo que ellos consideran un ‘costo’: el salario”
El martes último, en el contexto de un plan nacional de lucha que tiene a Mendoza y Santa Cruz como jurisdicciones que concentran puntuales conflictos, Judiciales realizó una jornada de protesta. En ese marco, las principales centrales obreras, organizaciones sociales y de derechos humanos de nuestra provincia expresaron su solidaridad y disposición a resistir el embate oficial sobre Judiciales en particular y las entidades sindicales en general.
El secretario general de SATSAID (trabajadores de televisión) Marcelo Aparicio expresó su repudio al “agresivo ataque que realizan los gobiernos de Macri y Cornejo sobre los trabajadores organizados”, aunque también apuntó críticamente sobre otros sectores del sindicalismo al advertir que “hoy deberían estar presentes muchos secretarios generales más, pues debemos entender que así como vienen por Judiciales vendrán por todo el movimiento obrero organizado, y no podemos permitir que nos quiten la única herramienta de lucha por nuestros derechos”.
Floja de papeles y ante el cierre de filas sindicales, la intervención oficial hace agua. Aunque los propios gremios tienen claro que “con este gobierno nunca hay que confiarse”.
