Ocultos en Río Negro, a cielo abierto en Mendoza. El conglomerado político, mediático y judicial develado en Lago Escondido tuvo un curioso antecedente en la Facultad de Derecho de la UNCuyo, el escenario elegido por el Grupo Clarín para impulsar los negocios de su empresa Telecom, con la indispensable participación de altos funcionarios del Poder Judicial y dirigentes de Cambia Mendoza.

Por Redacción EL OTRO | Fotos: Twitter de Ulpiano Suarez

Pablo Casey (primero de derecha a izquierda)

El escandaloso encuentro político, judicial y empresario armado en secreto por Clarín en Lago Escondido, que salió a la luz en las últimas semanas gracias a publicaciones periodísticas, tuvo un llamativo antecedente en Mendoza. En septiembre de este año, Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del gran diario argentino, y principal aspirante a suceder a su tío Héctor Magnetto, coincidió con el cortesano Dalmiro Garay, el ex enemigo de Clarín Mario Adaro y Alejandro Gullé (jueces supremos y procurador del Poder Judicial de Mendoza, respectivamente) en un cónclave que también convocó, como en la provincia de Río Negro, a dirigentes de Juntos por el Cambio.

En la reunión de la mansión del magnate británico Joe Lewis, Casey fue el anfitrión de los jueces Julián Daniel Ercolini, Pablo Gabriel Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Alberto Mahiques; además de Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; el ex agente de inteligencia Leonardo Bergroth y el importante ejecutivo del Grupo Clarín, Jorge Rendo. Todos ellos actualmente bajo la lupa de la Justicia Federal, por la posible comisión de gravísimos delitos, tras filtrarse una serie de chats de Telegram, mediante el cual estos personajes habrían intentando una operación de encubrimiento.

Mascotas con pedigrí mendocino

Pablo Casey (Grupo Clarín), Dalmiro Garay (presidente de la Corte) y Alejandro Gullé (procurador).

En Mendoza, el mismo sobrino de Héctor Magnetto asumió un rol central,  aunque visible en este caso, en tanto referente de la poderosa empresa Telecom, el principal tanque del Grupo Clarín.

La conferencia de Telecom en la UNCuyo, habilitada y promovida por el decano de Derecho, el cornejista Fernando Pérez Lasala, hizo eje en la innovación tecnológica y nuevas herramientas digitales para acelerar la “impartición de la Justicia”. En los hechos, la máxima autoridad de esa facultad pública legitimó, una vez más, el plafón académico para que Casey –que es Clarín- avance en su plan de negocios, rodeado de las principales autoridades de la Corte y la Procuración y, al mismo tiempo, se apalanque a referentes de Cambia Mendoza, como el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, quien se perfila como posible sucesor del gobernador –su tío Rodolfo.

Ulpiano Suarez (intendente de Ciudad de Mendoza) y Mario Adaro (juez de la Corte).

El llamado “retiro espiritual” de Lago Escondido, como el encuentro en la UNCuyo, son ejemplos tan groseros como normalizados de una colaboración cada vez menos disimulada entre Justicia, grupos de poder económico y partidos que integran Juntos por el Cambio. Ambos movimientos, en sótanos y superficies, habilitan todas las conjeturas que se pueden hacer a pocos meses de las elecciones presidenciales, al tiempo que resignifican antiguos y actuales acuerdos que funden la relación y que, por lo tanto, conviene repasar.

La reciprocidad ente Clarín y la Justicia de Mendoza tiene antecedentes notables. Entre algunos ejemplos, cabe recordar que en diciembre de 2009, a dos meses de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la jueza federal Olga Pura de Arrabal dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la norma en todo el país y luego, en marzo de 2010, la Cámara mendocina ratificó ese congelamiento a través de un fallo firmado por los genocidas –y entonces jueces federales- Otilio Romano y Julio Petra, junto al exmagistrado Alfredo López Cuitiño. Presupuestos judiciales que fueron clave para dejar sin efecto la adecuación a la ley que debían hacer las empresas de comunicación, y consagrar finalmente la concentración antidemocrática del mapa de medios que hoy padecemos.

Héctor Magnetto Foto: Archivo EL OTRO

En la actualidad, el grupo encabezado por Magnetto en Mendoza, principal accionista del diario hijo de pauta Los Andes, también alcanzó escandalosa notoriedad por la vinculación con empresarios que pretenden incursionar en el desarrollo del turismo vip y clandestino en tierras públicas, a partir de un decreto del gobernador Rodolfo Suarez que entregó, velozmente y de forma gratuita, 12 mil hectáreas de tierras fiscales en Malargüe a la empresa El Azufre. Sociedad anónima de Daniel Nofal, hijo del fundador de la corporación Torneos y Competencias y heredero de Nofal Sports Holding, empresa que integraba junto a Alejandro Burzaco, el exgerente que coimeó a directivos de FIFA y Conmebol para quedarse con la televisación del fútbol.

Nada es coincidencia. TyC Sports es una de las tantas señales de televisión por cable e internet de Clarín, el mismo grupo que, como quedó en evidencia, utiliza a la universidad pública, merced a los buenos oficios de funcionarios de la UNCuyo, la cúpula de la Corte y la tropa cornejista, como cabeza de playa de los próximos negocios de “transformación digital” para el Poder Judicial de Mendoza.

Porque, como ya sabemos, la prioridad de Clarín es afianzar su justicia.

 

“Creer que la Justicia tiene que ser justa es demasiado pretencioso”

Huele a Azufre: la Nación rechazó el decreto de Suarez