Como parte de la investigación que lleva adelante EL OTRO sobre la trama de la violencia de género dentro del Ministerio de Seguridad de Mendoza, contamos hoy los casos en los que Paula Vetrugno, abogada autoproclamada feminista, defendió a policías y funcionarios violentos. La letrada dirige actualmente la Diplomatura de Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia, dejando en evidencia cómo la violencia contra las mujeres se legitima en un ámbito estatal completamente viciado, en el que no hay grietas. Porque hasta el feminismo allí es machismo encubierto.
Por Redacción EL OTRO | Investigación especial
Paula Vetrugno es una abogada mendocina diplomada en Género e Igualdad, que trabaja hace años en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). Actualmente se desempeña como directora de la flamante Diplomatura en Género de esa institución dependiente del Gobierno de Mendoza.
En sus declaraciones públicas, Vetrugno se proclama feminista y también forma parte de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Mendoza creada recientemente. Pero, en contradicción con la impronta a favor de los derechos de las mujeres que parece envolver a esta profesional, al analizar su historial de trabajo saltan a la vista rápidamente los casos en los que ejerció como abogada defensora de policías y funcionarios del Ministerio de Seguridad gravemente acusados, imputados y condenados por ejercer violencia de género. Hasta el día de hoy, presta sus servicios profesionales a hombres denunciados por sus prácticas machistas. Y no es algo nuevo, es un trabajo de años con penosos antecedentes.
Historial de antifeminismo
El efectivo Carlos Alberto Ávila Muñoz, mano derecha de jefe de Policía de Mendoza Roberto Munives, fue condenado en 2017 por el delito de amenazas coactivas, en una causa iniciada en 2011 por su exesposa. En el proceso penal, la mujer violentada acusó al agente de haber abusado sexualmente de su hijx (preservaremos la identidad de las víctimas), además de lesiones físicas y psicológicas que constan en el expediente.
“Carlos Ávila le pegó una cachetada en la cara, la tomó de las manos y la zamarreó, lesionándola, mientras le manifestaba: ‘Si vos me separás de mi hijx dos minutos, yo te mato donde te encuentre’”, denunció el fiscal Julio Mila en su escrito de elevación a juicio, el que culminó con una sentencia condenatoria.
A sabiendas del prontuario del policía, los que tuvieron amplia repercusión en el Ministerio de Seguridad y la prensa, Paula Vetrugno asumió la defensa de Ávila en la causa judicial por la tenencia de su hijx. Allí alegó a favor del violento, negando todos los hechos y apelando al manual misógino básico de descalificación de la denunciante. A diferencia de Vetrugno, la Justicia le creyó a las contundente pruebas que aportó la mujer y dictó la “prohibición de acercamiento” de Ávila por violencia de género.
(No) te creo hermana
Paula Vetrugno también participó en otro caso que pudo haber terminado en femicidio: el de una víctima de violencia en la pareja que recurrió al Estado por ayuda. Esta mujer habría sido manipulada entre el abogado oficial, Sebastián Carelli, y la propia Vetrugno, quien representó legalmente al violento, un hombre detenido en febrero de 2019 en su domicilio, donde la Justicia secuestró dos pistolas cargadores y proyectiles.
Según se desprende del caso, Carelli y Vetrugno habrían obrado maliciosamente pasando por encima de todos los derechos de la mujer que soportaba una violencia terrible, incluida amenazas con arma de fuego, que la obligaron a escapar de su propio hogar. En el “acuerdo” no se reclamó ninguna compensación, tampoco se inició juicio por daños y perjuicios como lo indica la Ley 26.485 -de Protección Integral de las Mujeres- y no se exigieron los alimentos debidos para el hijo.
La damnificada denunció que fue manipulada aprovechando “un vicio en la voluntad por su estado de vulnerabilidad” y “se le hizo renunciar a normas de orden público establecidas en la Ley 26.485”. El convenio que firmaron las partes en su cláusula séptima establece honorarios para Carelli por el divorcio y la celebración de este “acuerdo”, que serían abonados en su totalidad por la mujer denunciante, algo que está prohibido por ley. Además, la cláusula octava fija confidencialidad, condición para todas las partes.
En la vereda de enfrente de la víctima, Vetrugno firmó ese “pacto” como abogada del denunciado por violencia de género, convalidando el avasallamiento sobre los derechos de una mujer que sufrió terribles vejaciones, según consta en el expediente judicial que ya inició, el cual se encuentra en proceso, y que podría derivar en una sanción para el Estado por violación de tratados internacionales de derechos humanos.
Violencia de género: ¿Estrategias para prevenirla o para ejercerla?
La Diplomatura de Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia, presentada formalmente en julio de este año, es una formación de posgrado que se desarrolla a través del IUSP como unidad académica de la Universidad Nacional de Cuyo.
“Las directoras a cargo son Paula Vetrugno, abogada y diplomada en Género e Igualdad y Emiliana Lilloy, abogada, posgrado en políticas públicas de Género y Diversidad. Está dirigida a técnicos/as y licenciados/as en seguridad egresados de IUSP, alumnado del instituto en los niveles superiores de su formación, funcionarios/as y empleadas/os de las policías, licenciados/as, técnicos/as y profesionales de las ciencias de seguridad, jurídicas y sociales, agentes del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, tanto de la Provincia como de la Nación, y profesionales en general interesadas/os en sumarse a la propuesta de trabajo multidisciplinar”, explicaron desde prensa del Gobierno de Mendoza.
Vetrugno, directora de esta diplomatura, defiende actualmente a Ceferino Sánchez, el empleado del Instituto Universitario de Seguridad Pública señalado por su violencia y acosos constantes. EL OTRO publicó hace dos semanas el testimonio de cinco mujeres que ponen en el ojo de la tormenta a Sánchez -presidente maipucino de la UCR y protegido político de Néstor Majul- a quien acusan de “acosador, maltratador y fabulador”.
La mujer y exempleada que radicó la denuncia contra Sánchez se quedó sin su trabajo en el Instituto Universitario de Seguridad Pública. Contra todo pronóstico feminista aunque coherente con su hipocresía, la directora de la Diplomatura en Género del IUSP se puso del lado del violento, a quien representa legalmente ante la Justicia, según obra en los registros oficiales. (ver abajo)
Arriba: Ceferino Sánchez y Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza.
Abajo: expediente judicial donde consta el patrocinio
de la Dr. María Paula Vetrugno a favor del violento.
Obviamente que los denunciados tienen derecho a defensa jurídica y a ser patrocinados ante los organismos del Estado con todas las garantías del debido proceso. No es menos cierto que Vetrugno puede ejercer su profesión junto a quien desee y cobrar por ese servicio legal. Aunque también queda claro que su recurrente toma de posición en favor de los violentos vacía de contenido su supuesta militancia “feminista” y desligitima completamente su rol como directora de una diplomatura “con perspectiva de género”. Justamente en un Instituto de Seguridad Pública dirigido por Alejandro Antón, funcionario denunciado por dos exalumnas que manifestaron violaciones a sus derechos humanos fundamentales, esos mismos que Vetrugno proclama defender en público pero que claudica en la oscuridad de los tribunales.
Cabe preguntarse, entonces, si esta diplomatura del IUSP se trata realmente de una capacitación en materia de género, o si es un paquete de herramientas y estrategias legales, ofrecida por una especialista que ha sabido ponerlas en práctica, para que los violentos machistas aprendan a defenderse.
La trama de violencia de género en el Ministerio de Seguridad
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