El ámbito estatal, postergado y desjerarquizado por el gobierno provincial desde el comienzo de la gestión, evidencia un vacío que se constata en la actividad y el testimonio de sus responsables. La discusión sobre la baja en la edad de punibilidad se introduce en Mendoza.

Fotos: Coco Yañez

Luz Faingold

El lunes pasado, en el Memorial de la Bandera, se anunció un postergado encuentro del Consejo Provincial de Derechos Humanos. La escasísima asistencia quizá fue el motivo que torció el objetivo inicial de la jornada, que en definitiva cobró la forma de un intercambio de información entre los y las funcionarias nacionales y provinciales presentes.

EL OTRO dialogó con Luz Faingold, actual Directora de Derechos Humanos de la provincia, pudiendo corroborar ciertas inconsistencias en su relato que explican, al menos en parte, el desinterés del gobierno en la temática.

Sobre los objetivos de la jornada, Faingold anticipó que “durante el año comenzamos con reuniones y la idea de hoy es que se esté al tanto de todos los entes con los que se deben articular: en el caso de denuncias ha venido gente del INADI, en el caso de pueblos originarios o de personas privadas de la libertad, vamos a entregar formularios”.

El encuentro contó con la participación de la Dra. María Amanda Fontemachi, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia. Bajo la máscara de una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, el gobierno nacional intenta instalar el debate de la baja en la edad de punibilidad. Tema que tampoco parece manejar con destreza la funcionaria local: “queremos generar espacios de reflexión, en todos los municipios, con diferentes actores de cada comunidad para que opinen sobre lo que les parece la edad de imputabilidad, pero que en realidad es mucho más que eso, es una ley de responsabilidad penal juvenil (sic)”.

Al igual que muchos funcionarios y opinólogos, Faingold habla de baja en la edad de imputabilidad y no de punibilidad o edad mínima de responsabilidad penal, conceptos más amplios que la posibilidad de que los menores puedan ser imputados por un delito, cuestión que no deja de llamar la atención en una funcionaria con formación en derechos humanos.

Consultada por el encarcelamiento del ex jefe del Ejército César Milani, nuevamente Faingold demostró cierta confusión sobre las causas por las que el militar quedó detenido el último viernes: “la decisión me merece total apoyo y respeto, me da pena que por un cambio de política o un cambio de gobierno se detenga a alguien que figura en el Nunca Más como responsable de desapariciones, algo que no debería estar sujeto a ningún gobierno político”.

La baja

La reunión fue también la oportunidad para que la Dra. Fontemachi informara cuál es la dinámica de discusión y búsqueda de consensos en torno a la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que se está propiciando en todo el país desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El lunes pasado, mientras se realizaba la reunión del Consejo, se replicó en la redes sociales esta imagen como parte de una campaña nacional que se opone a la baja de la edad de punibilidad. “Este lunes 20, a las 11 hs. vamos a cambiar nuestras fotos de perfil con el logo de la campaña, y vamos a twittear #Noalabaja en Argentina al mismo tiempo”, proponían los organizadores de la propuesta.

Fontemachi, una especialista en minoridad penal, criticó severamente los déficits estructurales en la instancia de protección de niños y adolescentes, que ingresan directamente al sistema penal, aunque no fue muy clara respecto a cómo revertir el problema: “si el sistema de protección no los contiene, creemos un sistema que los contenga con los mismos efectores, con articulación, con asistencia, con promoción de derechos”.

Con más claridad que la anfitriona, Fontemachi se posicionó en contra de la “baja en la edad de punibilidad, ya que no se resolverá el tema bajando la edad si no tenemos instancias de prevención, asistencia y posibilidades para evitar que el delito se cometa”.

El Consejo Provincial

La creación del Consejo Provincial de Derechos Humanos fue anunciada mediante un acta acuerdo en mayo del 2015 bajo la gestión –en aquel momento- de la Subsecretaría de DDHH, a cargo de Daniel Tagarelli. En ese entonces se planificó que en un plazo de 30 días cada municipio designaría un representante con el fin de articular, coordinar y descentralizar acciones en todo el territorio de la provincia. Lo cierto es que el Consejo lejos estuvo de conformarse, ya que gran parte de los municipios incumplieron su compromiso de generar en su organigrama un espacio específico. De hecho, cuando se formalizó el Consejo Directivo del Espacio Provincial para la Memoria y los Derechos Humanos (EPM) – ExD2, se contempló la participación de miembros de este Consejo Provincial, algo que aún no logra plasmarse.

[/media-credit] Espacio Provincial de la Memoria y los DDHH

 

La situación, por lo visto, tiende a empeorar en estos tiempos. El gobierno provincial le bajó el precio al área, dilatando la designación de un responsable en el cargo y reduciendo su jerarquía y estructura administrativa. Pero también, sin aviso ni diálogo con los organismos de Derechos Humanos, decretó una redistribución de los espacios del EPM, anulando la norma que lo creó y violando la Ley Nacional 26.691, de señalización y preservación de sitios del Terrorismo de Estado. En esa oportunidad, los organismos de Derechos Humanos de Mendoza rechazaron a través de un duro comunicado la decisión de Cornejo.