Sin argumentos ni consensos, el Gobierno de Mendoza resolvió una baja de financiamiento que hiere de muerte a instituciones que educan a cientos de jóvenes expulsados del sistema convencional.
Por Redacción EL OTRO | Fotos: Cristian Martínez
Directivos, docentes y alumnos/as de escuelas de gestión social, CENS Casita Trinitaria, Escuela Campesina de Agroecología y Bachillerato Violeta Parra, se manifestaron por la caída de los convenios dispuesta por la Dirección General de Escuelas el pasado 28 de diciembre. El reclamo se sumó a las demandas de las y los docentes, nucleados en Sute y Sadop, que se movilizaron en la tarde de este miércoles, bajo las consignas de rechazo a la “extorsión salarial de Suarez” y por la continuidad de paritarias libres.
Los directivos y representantes de las asociaciones, en las que están insertos los centros educativos afectados, reclaman a las autoridades del gobierno escolar que habiliten un espacio de diálogo y ofrezcan soluciones para los y las alumnas que están cursando, y para las comunidades que demandan el servicio educativo.
“Nuestros proyectos educativos JAMÁS HAN SIDO VISITADOS POR FUNCIONARIOS/AS. No nos conocen, no nos escuchan, no hay diálogo. Tenemos derechos y la obligación de garantizar educación y es algo explícito y reconocido en la Ley Nacional de Educación”, expresaron las escuelas en un comunicado conjunto.
Las tres instituciones garantizan el derecho a la educación para cientos de jóvenes expulsados de la escuela formal y gestionan, con recursos muy escasos, demandas de los territorios en las que trabajan, constituyéndose en centros culturales, merenderos, espacios de encuentros y contención de las necesidades de la población.
Historia del desmanejo
Durante los cuatro años de la administración de Alfredo Cornejo las escuelas de gestión social de la provincia sufrieron amenazas de cierre. La escena se repitió como un deja vu. Las autoridades de la DGE se presentaban con el aviso de que las condiciones no estaban dadas para que sigan funcionando, los delegados de los establecimientos y asociaciones acudían con las pruebas que demostraban lo contrario y que cumplían con los objetivos, ofreciendo la respuesta que demandaba la comunidad, y la discusión se cerraba por el lado de la lógica.
Tras la gestión del violento Jaime Correas, la DGE de José Thomas decidió sostener el proyecto clausurador y, luego de un primer intento fallido, en noviembre de 2020 volvió a reflotar la intención del cierre. Primero envió una notificación a las escuelas y ocho semanas después, sin mediación, les hicieron conocer una resolución que deja sin financiamiento a los establecimientos educativos. En los tres casos no se expusieron argumentos razonables ni criterios jurídicos válidos.
Esta disposición del gobierno escolar deja sin espacio de formación a jóvenes y adultos de tres comunidades importantes. Las escuelas afectadas son: CENS Violeta Parra de La Favorita (Capital), CENS Alejandra Soto – Comunidades Trinitarias de Kilómetro 11 (Guaymallén) y Escuela Campesina Agroecológica de la Unión de Trabajadores Sin Tierra de Jocolí (Lavalle).
Estos tres establecimientos surgieron entre 2009 y 2012, reconocidas por la DGE y respaldados en el artículo 14 de la Ley de Educación Nacional 2620. Todos trabajan con esquemas pedagógicos distintos para así brindar soluciones específicas en las comunidades donde se insertan, de hecho funcionan como parte de organizaciones con trayectorias extensas.
En los últimos cinco años el gobierno escolar ha demostrado inoperancia para acompañar estos proyectos educativos. Se eliminó la Dirección de Gestión Social y la administración de los fondos para el pago de las horas cátedras, que es el único aporte que realiza la DGE a estos establecimientos, quedó bajó la órbita de la Dirección de Gestión Privada. Sus delegados, en todo este tiempo, no encontraron recursos para sostener el pago. Un despropósito a todas luces.
“En nuestras escuelas -además de garantizar el derecho a la educación de cientos de jóvenes expulsados/as de la escuela formal, los márgenes de la ciudad y del sistema educativo, por explicitar solo dos dimensiones de la violenta exclusión- gestionamos los recursos escasos para cumplir con la satisfacción de necesidades propias de nuestras comunidades. Nuestros proyectos se desarrollan en, desde y para nuestros territorios en los que además somos centros culturales, comedores, merenderos y espacios de encuentro y contención para atender demandas y problemáticas propias”, subraya el comunicado de las escuelas dado a conocer en los últimos días.
Los argumentos que presentó la DGE no se condicen con la realidad y escapan por lejos a la vocación de servicio. El profesor Pablo Santinelli, director del CENS de Comunidades Trinitarias, contó en el programa radial El Despertador (Radio Libertador) que las autoridades a cargo le dijeron que el cierre tiene que ver con la “sobreoferta escolar” que habría en la zona. En ese sentido el docente explicó que “a pocas cuadras del CENS funciona otro que tiene modalidad contable, el nuestro tiene orientación en Ciencias Sociales. Ambos centros educativos tienen matrícula por encima de la media y, si es por cercanía, la Facultad de Filosofía y Letras debería cerrar porque está cerca la Facultad de Ciencias Políticas”. Evidentemente no hay voluntad para sostener estos convenios, o mejor dicho, hay voluntad de cerrarlos”, evaluó el docente.
El reclamo se sostiene
Dispuestos a defender los centros educativos, organizaciones y comunidades trabajan sobre un plan de lucha que sostendrán hasta que la medida se revierta. En los últimos días avanzaron en la organización del reclamo y en la articulación necesaria para una negociación conjunta. Mientras esperan el llamado de las autoridades de la DGE, ya definieron una movilización a Casa de Gobierno e intervenciones artísticas a desarrollarse durante la próxima semana.
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