En la sesión de tablas de ayer, la totalidad de los bloques del Senado solicitó, por iniciativa de la legisladora Ana Sevilla, un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia sobre el estado procesal del concurso de Industrias Matas, empresa recuperada por sus trabajadores en 2013. Quieren dilucidar los motivos que llevaron a la jueza Gloria Cortez a resolver el remate a pesar de la vigencia de la Ley de Ocupación Temporaria que protege a la cooperativa.
Unidos por el espanto
“Los hemos citado en nuestra casa con el objetivo de hacer conocer y visibilizar los atropellos sistemáticos de la Justicia representada en esta instancia por la jueza Gloria Esther Cortez, titular del Segundo Juzgado de Procesos Concursales”. Así comienza el documento difundido el lunes por las trabajadoras y trabajadores de la Cooperativa La Terre de Guaymallén.
El 23 de mayo pasado, la jueza Gloria Cortez, a cargo del Segundo Juzgado de Procesos Concursales de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, subastó la planta agroindustrial, adjudicándosela al empresario Mariano Ruggeri -propietario de American Garlic, principal exportadora de ajo fresco de Argentina- por un monto apenas superior a los 25 millones de pesos (leer el fallo aquí).
La Terre fue constituida formalmente en el año 2013 con el fin de proteger las fuentes laborales que amenazaba el proceso de quiebra fraudulenta del empresario Jaques Matas, protagonista noventoso de la debacle de los bancos provinciales bajo el paraguas representativo del Consejo Empresario de Mendoza (CEM). “Decidimos conformar nuestra cooperativa como única alternativa para darnos una oportunidad en lo mejor que sabemos hacer, deshidratar”, destacaron en el documento dado a conocer anteayer.
La jueza que olvidó la ley
Frescos aún los cimbronazos de las industrias La Campagnola y La Colina, el contraste despertó las alarmas de la dirigencia política y este martes el Senado decidió solicitar a la Suprema Corte de Justicia el expediente tramitado por Cortez.
El pedido corrió por cuenta de la senadora justicialista Ana Sevilla, tras acordar con sus pares de los demás bloques, que acompañaron la iniciativa sin fisuras, respaldados por el artículo 94 de la Constitución provincial.
Uno de los motivos esgrimidos por Sevilla, visiblemente conmovida por la situación de la cooperativa, es que el fallo no respeta la Ley 8874 de Ocupación Temporaria, cuya autoría comparte con el senador por la UCR Juan Carlos Jaliff.
La legisladora peronista resaltó el esfuerzo de los trabajadores y la potencialidad productiva de la empresa recuperada, que producto “del alto costo de las tarifas no puede aumentar su producción”, así como la eficiencia demostrada en la gestión empresarial que les ha permitido tener contratos hasta noviembre de este año, sosteniendo 80 trabajos directos y muchos más indirectos.
“En medio de un país donde la crisis nos está avasallando, hay trabajadoras y trabajadores que se han puesto al hombro una cooperativa y la están sacando adelante”, destacó Sevilla. Quien luego recordó el compromiso de todo el arco político ante el problema, incluyendo en su discurso a la actual administración: “el Estado provincial hace no más de una semana depositó más de 10 millones de pesos correspondientes al canon de la ocupación temporaria”.
Más papista que el Papa
Otra contundente argumentación en favor de la cooperativa estuvo a cargo del senador del Frente de Izquierda Lautaro Jiménez, quien calificó el fallo de Cortez como un “golpe político de la Justicia”, más allá del ataque económico sobre la cooperativa.
“Es la Justicia la que está dando un mensaje y hay que responderlo. El mensaje es el siguiente: las fábricas que producen alimentos, por más que en Mendoza falten alimentos, por más que en los comedores escolares falten alimentos, cuando no den la rentabilidad que esperan, pueden ser cerradas, desguazadas, cuando ellos quieran. Cuando los trabajadores las pongan a producir, las recuperen, defiendan los puestos de trabajo, puede venir cualquiera de estos oportunistas, como el señor Ruggeri a decir me la quedo yo”, continuó el joven legislador.
Jiménez instó a que desde la Legislatura se envíe un claro mensaje político: “no pasarán sobre La Terre. No se van a quedar con esa empresa. No lo va a permitir Mendoza. Esos obreros no están solos”.
Sobre el final del tratamiento, Luis Böhm del PJ vinculó la decisión de la jueza a las ideas reinantes de la actual alianza de gobierno: “las instituciones muchas veces se ponen más papistas que el Papa. Hay que hacerle llegar el mensaje a esta jueza de que, aunque Macri y Cornejo aparezcan como personajes neoliberales a favor del capitalismo concentrado, no pueden ir en contra de una ley sancionada que privilegia el interés público en el sostenimiento de las fuentes de trabajo”.
“El calor no se apagó y las máquinas tampoco”
En el documento (leer aquí) que las y los trabajadores de La Terre difundieron el lunes, rememoran el esfuerzo, sacrificio y compromiso con el que recuperaron su condición. Desde sus inicios, en 2013 cuando se organizaron y trabajaron día y noche para recuperar la planta, con los servicios cortados y un cúmulo de deudas, hasta la actualidad, donde consolidaron 80 fuentes laborales, elaboran 1200 toneladas de espinaca deshidratada y diversificaron su cartera de productos, logrando recuperar importantes clientes y distribuidores del rubro agroindustrial.
Pese a ese capital social, cultural y económico, desde La Terre advirtieron que de prosperar “la embestida”, la Justicia distribuiría los más de 10 millones de pesos “pertenecientes al Estado provincial y que no se utilizarían como establece la ley”; “se pondrían en riesgo 80 puestos de trabajo directos y cientos de forma indirecta”; “un privado se quedaría con el esfuerzo de todos los trabajadores e instituciones y recursos del Estado”; así como “se podrían ceder espacios comunes para emprendimientos sociales y centros de capacitación de oficios” y no “se podría llevar a cabo el convenio firmado con la Fundación Banco de Alimentos de Mendoza”.
