Son de larga data las denuncias por maltrato laboral y violencia de género dentro del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), así como también los casos de abusos que involucran a ex y actuales funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia. En esta investigación de EL OTRO, que será publicada en dos partes, queda expuesto el entramado que relaciona, entre otros actores, a funcionarios del Gobierno de Mendoza que buscan silenciar el reclamo por justicia de las mujeres que no se callan más, aunque los organismos estatales no quieran tomar sus denuncias.
Desde EL OTRO dimos a conocer, durante el gobierno de la alianza PRO-UCR de Alfredo Cornejo, numerosos casos relacionados a la violencia enquistada dentro del IUSP y el Ministerio de Seguridad. En 2016 y 2017 publicamos notas relacionadas al caso de Paola Legay, una de las primeras mujeres que se animó a denunciar la violencia dentro del Ministerio de Seguridad y la Policía durante la gestión Venier – Munives.
En 2018 sacamos a la luz la noticia de una denuncia dirigida a Ceferino Sánchez, cuadro valorado del radicalismo provincial y empleado del IUSP apañado por Néstor Majul; así como también difundimos la prohibición de acercamiento sobre Gianni Venier, ex ministro de Seguridad de Cornejo.
Denunciamos además, en plena campaña electoral 2019, el intento de lavado de cara del Ministerio de Seguridad que se quiso realizar cuando la legisladora Daniela García (UCR) presentó en el Senado provincial un proyecto de ley para que las mujeres policías víctimas de violencia puedan tomar licencia en estos casos.
Hoy, llegando a la recta final de 2020, la historia sigue siendo la misma en la gestión gubernamental de Rodolfo Suarez. La diferencia es que cada vez se hace más evidente un mecanismo de violencia legitimado por diversos directivos y funcionarios dentro del Ministerio de Seguridad a cargo de Raúl Levrino y el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) en manos de Alejandro Antón. Además las mujeres en situación de violencia se cansaron de callar, de ser rechazadas cada vez que han querido denunciar ante la Justicia provincial. Ya no se trata de casos aislados, son cuadros protegidos del gobierno. Aquí desarrollamos la trama que permite hasta el día de hoy la impunidad de los violentos.
CEFERINO SÁNCHEZ: Un cuadro radical con superpoderes
EL OTRO recabó en la última semana el testimonio de seis mujeres que sufrieron violencia de género y laboral trabajando en el Instituto Universitario de Seguridad Pública. No sorprende que en los relatos de todas ellas se repita un mismo patrón de maltrato y deslegitimación de sus reclamos dentro de la institución. Solo uno de los casos llegó a convertirse en una demanda formal a la que le ha dado curso la Justicia provincial, a todas las otras mujeres ni siquiera les tomaron sus denuncias cuando quisieron hacerlas.
El caso de L. M., (se resguardarán los nombres de las entrevistadas para proteger su integridad según lo enmarcado en la Ley 26.485), ex empleada administrativa del IUSP, contra Ceferino Sánchez, actual presidente de la UCR Maipú y empleado del Instituto que en su momento se desempeñaba como superior de esta mujer, es el que llegó a una denuncia formal en el año 2018 que fue publicada por este diario. Sánchez fue acusado, en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, por “lesiones leves dolosas en concurso real con amenazas simples contra una empleada de esa institución a la cual estuvo acosando sexualmente por varios meses”, según comunicó Carolina Jacky, abogada de la denunciante.
“Los llamados telefónicos, mensajes por Whatsapp y de texto eran diarios, frecuentes y en toda clase de horarios y días. En estas comunicaciones se advierte el acoso sexual de este individuo que hasta último momento pretendió tener relaciones con la víctima. Las reiteradas negativas de la víctima a acceder a los requerimientos sexuales de Ceferino Sánchez, motivaron que un día éste le causara las lesiones con que se caratula la causa”, explicó la abogada.
A pesar de que el proceso judicial se encuentra pronto a una audiencia que se ha visto postergada por la pandemia, Ceferino Sánchez parece que cuenta con un superpoder político envidiable: mientras más voces lo denuncian, más crece dentro de la Unión Cívica Radical. En febrero de este año Sánchez asumió como presidente de ese partido en Maipú. De las seis mujeres en situación de violencia que hablaron con EL OTRO, cinco dieron testimonio de la violencia y el acoso que constantemente Ceferino Sánchez habría ejercido contra ellas u otras compañeras desde su cargo dentro del IUSP.
“En 2016 llegó Ceferino Sánchez, quién componía parte del paquete radical. Debían ubicarlo en un cargo con importancia porque así lo pedía es señor Néstor Majul (padrino político de la dirigencia y presidente del Consejo Administrativo del IUSP), y lo pusieron a cargo de todo el personal civil que allí trabaja”, comentó en diálogo con este diario la denunciante M.T.
“Todo el hostigamiento que yo sufrí estando embarazada y antes de fallecer mi papá fue informado al Sr. Majul mediante mensajes y llamadas. También al Senador Jaliff personalmente, no solo del hostigamiento y arbitrariedades, sino además del acoso que hacía el Sr. Ceferino Sánchez con algunas mujeres del IUSP, acoso laboral y en algunos casos si algunas chicas le ponían un freno, inventaba cosas”, explicó A.C., otra de las trabajadoras del IUSP que padeció violencia en primera persona. “Sufrí la persecución de parte de Ceferino continuamente y Antón lo que hizo conmigo fue abandono de persona”, resaltó L.V., una de las denunciantes que también puso el foco en destratos de parte de Alejandro Antón, actual director del Instituto Universitario de Seguridad Pública.
“Yo estuve un año con tratamiento psiquiátrico y psicológico, cuando me reincorporo estaban los nuevos directores que me habían dejado sin mi lugar administrativo y me enviaron a Holcim, lugar cedido por la empresa Minetti. En ese lugar no tenía silla, mesa, birome ni papel. Tampoco ninguna tarea que realizar. Un día viajando a ese trabajo entró una piedra por el colectivo y me pegó en el rostro, al otro día tuve que ir a Sanidad Policial para constatar las lesiones. Después de hacer eso me fui al IUSP y pedí la habilitación del lugar donde estaba: me trataron de revoltosa, fueron terribles. Por castigo me mandaron a trabajar a la biblioteca del IUSP donde había un comisario general retirado al que todos le tenían repudio pero lo respetaban: Gregorio Gorigoitía, que orinaba detrás de las estanterías llenas de libros, conmigo adentro de la biblioteca”, contó conmocionada L.S.
“Expuse mi situación de que no podía seguir lavando mis elementos personales (taza, cuchara) en el grifo del jardín de esa biblioteca dirigiéndome a Ceferino Sánchez: el elevó la voz y golpeó su escritorio ‘¡Otra vez L! ¿Cuándo te vas a quedar callada, qué querés?’, estaba muy eufórico, me insultaba. Entró una compañera y le pedí que me sirviera de testigo, pero me dijo que no podía”, continuó con su relato L.S.: “Se lo comenté a Alejandro Antón y a David Sáez (actualmente secretario en la Legislatura) e hicieron oídos sordos. He intentado presentar varias denuncias al respecto: me dirigí a la Subsecretaria de Trabajo para realizar la exposición y la persona que me entrevistó me dijo que ya habían tenido otras situaciones similares con respecto a esto y que era inútil denunciar. En INADI me dijeron que el procedimiento de ellos es escuchar, tomar y pasar la denuncia y que cuando es una institución del Estado queda cajoneada. En el Área de Género y Diversidad me dijeron que así como tenía agallas para denunciarlo y hacer pública la situación, ‘que yo podía solita’. Ahora me da mucha incomodidad y hasta me causa náuseas ver en una nota periodística en la que Antón dice que no hubo violencia en otros momentos”.
ALEJANDRO ANTÓN: Eslabón clave de la violencia
“En 2016, cuando Alejandro Antón y David Sáez se hacen cargo de la dirigencia de la gestión del Instituto Universitario de Seguridad Pública, fue cuando comenzaron los abusos, directa o indirectamente de su parte hacia algunos empleados que no compartían su color político, ideal de trabajo, o tal vez discriminación en general”, declaró M.T en diálogo con EL OTRO.
“Tuve hace muchos años un accidente de trabajo: me quemé las piernas con agua hirviendo. Los médicos establecieron que debía hacer cambio de funciones, pasaría a funciones pasivas. Pero cuando llegó Antón a la gestión del IUSP me mandó a mi puesto antiguo de trabajo, fue su primera resolución como director general. Yo les expliqué que no podía volver, me descompensé, tuvieron que llamar a emergencias porque no sabían si me estaba infartando. La médica que me atendía en la ambulancia se tuvo que bajar tres veces a decirle a Antón y a David Sáez que ella no me podía llevar a la clínica sola, que tenía que ir acompañada por alguien. Ellos dijeron que no, ‘que vaya sola’. Después de eso Antón tuvo que derogar la resolución que había hecho y hacer otra. Así empezaron a pasearme de oficina en oficina. Lo que hizo Antón conmigo fue abandono de persona”, asegura L.V.
Tanto en el año 2016 como en 2018 Alejandro Antón fue denunciado ante la Justicia por dos exalumnas que habrían sufrido maltratos cuando se desempeñaba como profesor en el IUSP, lo denunciaron por “daños y perjuicios” y por “daños derivados de violencia de género”. Antón es quien se desempeña hasta el día de hoy como Director del IUSP, y bajo su ala continúa Ceferino Sánchez, con los antecedentes que pesan sobre su cabeza.
La violencia dentro del Ministerio de Seguridad de Mendoza es legitimada políticamente y todo queda a resguardo de los cuidados que puede ofrecer el radicalismo a sus cuadros más queridos. Mientras tanto, las mujeres en situación de violencia, que han llegado a perder su salud y hasta su trabajo, siguen a la espera de que se haga justicia y de una representatividad real en las dependencias de Género del Gobierno Provincial.
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