El Foro por una Salud Inclusiva dio a conocer los resultados de una encuesta realizada a unos 200 trabajadores y trabajadoras de la salud que se desempeñan en 74 efectores del ámbito público y privado de la provincia. Mientras ya son 7 los casos de contagio en ese universo, el muestreo evidencia la falta de capacitación e insumos ante la pandemia del COVID-19, así como una preocupante cantidad de precarizados. El oficialismo rechazó ayer un proyecto para estabilizar la situación laboral de 2200 agentes de la salud pública.
Con la aplicación de un bozal informativo sobre la totalidad de los servicios de Salud a fines de marzo (ver arriba el Comunicado), el gobierno de Mendoza intentó camuflar su verdadera capacidad de respuesta ante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la realidad cristaliza las falencias estructurales producto de la desinversión, la mala administración y el desorden de las cuentas. Y las y los trabajadores, de alguna manera, esquivan el cepo.
A través de un formulario digital, entre los días 30 de marzo y 3 de abril el Foro por una Salud Inclusiva realizó “202 encuestas a trabajadores y trabajadoras de la salud de catorce departamentos de la provincia de Mendoza, con excepción de La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y Tupungato”.
La muestra observó “la situación de 74 establecimientos destinados al cuidado de la salud de los habitantes de Mendoza”, entre Centros de Atención Primaria, hospitales públicos y privados, efectores de OSEP y organismos centralizados y descentralizados, con la intención de “determinar el estado de organización asistencial de los servicios de salud para la gestión de casos sospechosos de COVID-19, y de verificar la disponibilidad de insumos y elementos de protección personal (EPP) con los que cuentan los equipos de salud de nuestra provincia”.
El mayor porcentaje (70,4%) de las encuestas fue realizada a personal de servicios de medicina y enfermería y el restante a personal de otras áreas.
Según explicita el informe los resultados serán puestos a disposición del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Mendoza “con el propósito de aportar a la planificación de las acciones dispuestas por dicho Ministerio”.
Poca capacitación, escasa protección
El estudio señala que el “41,4 % de los encuestados manifestó que no se han realizado instancias de capacitación destinadas al personal de salud para la detección de casos sospechosos de COVID-19, ni estrategias de prevención de su contagio en el entorno laboral”, mientras que un 28,1 % “mencionó que su espacio de trabajo no cuenta con servicio de Triage para la detección y atención diferenciada de casos sospechosos”.
Por otro lado “un 30 % de los encuestados refirió la inexistencia de alcohol en gel, solución hidroalcohólica y jabón para los usuarios de los servicios de salud, y un 8 % mencionó que no cuenta en los servicios donde se desempeña con elementos de higiene provistos por la institución”.
Ante la consulta por la disponibilidad de elementos de protección personal necesarios para la atención adecuada de casos sospechosos de COVID-19, “el 70 % (53 trabajadores) del personal de enfermería y el 66 % (48 trabajadores) del personal de los servicios médicos afirmaron que no disponen de la totalidad”.
Sobre este punto es destacable la sensibilidad y solidaridad de la comunidad ante la crisis sanitaria: “el 22 % de las personas encuestadas mencionó que su institución recibió donaciones de dinero”, en tanto que un 56% señaló haber recibido “donaciones de insumos y elementos de protección personal (máscaras faciales, alcohol en gel, jabón líquido, papel secante, barbijos, lavandina)”.
Primera línea vulnerable
Con 7 infectados con COVID-19 entre el plantel sanitario provincial –algo más del 10% de los infectados en el territorio provincial-, una de las características de nuestro sistema sanitario, que la crítica coyuntura transparenta, es la dispersión profesional y la cuantiosa precarización laboral sufrida por las y los trabajadores de la salud.
El estudio del Foro por una Salud Inclusiva da cuenta de ello: del universo consultado -73% del sector público y 27% del sector privado y de obras sociales- “60% de los encuestados manifestó trabajar en una sola institución de salud”, mientras el 40% restante lo hace “en dos o más”.
Pero el dato más sobresaliente y preocupante resulta de la condición laboral de las y los trabajadores: “el 52,2% se desempeña como personal de planta permanente, 9,4% como personal contratado por locación de servicio, el 27,1% realiza prestaciones de servicio transitorias y el 11,3% se encuentra contratado en el marco de becas formativas (sistema de Residencia)”. Lo que arroja en el universo consultado un 47% de trabajadores en situación de precarización laboral.
Trinchera en condiciones
El Frente de Todos presentó ayer en el Senado Provincial un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que “se instrumenten las herramientas para el pase a planta permanente del personal de la salud que reviste en los diferentes regímenes”.
No obstante, la iniciativa del peronismo fue rechazada por los bloques que representan al oficialismo en la Legislatura provincial y pasó al análisis en comisiones.
En su texto, el proyecto asevera que “resulta absolutamente oportuno y pertinente formalizar la situación laboral de 2238 agentes del sistema de salud público que actualmente se encuentran precarizados laboralmente a través de contratos y prestaciones de servicios sin los debidos derechos y garantías exigidos por nuestra Constitución”.
En esa línea, la idea del bloque opositor interpeló incluso definiciones ya tomadas por la administración del gobernador Suarez, quien mediante el Decreto 359/2020 declaró la Emergencia Sanitaria en Mendoza por el término de un año, asumiendo “la enorme exposición al riesgo profesional a la cual serán sometidos los trabajadores de la salud en esta situación sanitaria inusual”.
En sus fundamentos, la iniciativa del Frente de Todos también resalta que “al deterioro de las condiciones de empleo y trabajo en el campo de la salud, en los últimos años, se sumó el aumento del pluriempleo, pero también la extensión de la jornada laboral, la flexibilización de los modos de contratación (contratos temporales, pasantías, becarios/as y trabajo ad honorem) y de la organización del trabajo (subcontratación y tercerización), procesos que forman parte de políticas de reformas sectoriales que descuidan su impacto en la fuerza de trabajo”.
El proyecto de resolución (la oposición está limitada para presentar proyectos de ley porque la Legislatura se encuentra en período de sesiones extraordinarias), solicita que “cada pase a planta permanente se efectúe interinamente hasta tanto se cubran los cargos por concurso y en todos los casos los y las agentes deberán ser pasados a planta permanente en mejoramiento de sus condiciones económicas ostentadas hasta la fecha indicada en este artículo”.
Asimismo, el texto denuncia moras en retribuciones al personal precarizado, “necesitan tener garantizado su sueldo”, que ponen “en grave riesgo la posibilidad de que puedan seguir estando al frente de la trinchera”.
Más allá de la negativa del oficialismo en la jornada de ayer, si prosperara el proyecto, 607 profesionales médicos/as, 321 profesionales de la salud de otras carreras, 1105 enfermeros/as y técnicos/as especializados/as y 205 servicios de apoyo, podrían continuar al frente de la batalla contra el coronavirus con mejores condiciones, más tranquilidad y, por lo tanto, más eficacia en su desempeño.
Precariedad y cese de pagos en plena crisis por el coronavirus
