Más de 40 trabajadoras y trabajadores de la Cooperativa de Recuperadores de Mendoza no pueden continuar ganándose la vida, debido a una decisión administrativa de la Municipalidad de Las Heras. Mientras el municipio señala incumplimientos de higiene y seguridad, desde Coreme denuncian discriminación y represalias contra este exitoso proyecto ambiental y económico, por no aceptar que el intendente, Daniel Orozco, tome el control de una planta que la cooperativa construyó, con recursos propios, en un terreno fiscal entregado en comodato.
Texto: Negro Nasif | Fotos: Coco Yañez
Hace 14 años un grupo de hombres, que con sus carros, bicicletas y motos recolectaban residuos en la Ciudad de Mendoza, decidió organizarse horizontal y solidariamente, para pelear mejor los precios de los materiales de reciclaje que entregaban a las chacaritas.
Uno de esos hombres era –y es- Mario Camperos, un comerciante que la crisis política, social y económica del fin del siglo XX echó a la calle. “Yo tenía una ferretería en Dorrego, en Guaymallén”, recuerda Mario en diálogo con EL OTRO, quien se explaya sobre aquellos dramáticos días: “En un año, año y medio, me fundí como muchos en esa época. Tuve que salir a la calle a buscar laburo, confiado que, con esos 20 años de experiencia de ferretero, me costaría poco conseguir trabajo. Pero ya tenía 40, las canas pintaban, ya no era tan fácil. Mi señora tenía trabajo pero no alcanzaba, había que parar la olla, y entonces salí a juntar cartones y botellas, con vergüenza aunque sabiendo que no le estaba robando nada a nadie”.
“Nos reuníamos en la esquina de San Juan y Córdoba de Capital con otra gente –sigue Mario- que caminaba la calle con una carretela, algunos con bicicletas, otros en moto. Recorríamos el microcentro y llevábamos el material a nuestras casas, lo clasificábamos y después lo vendíamos en las chacaritas”.
Alguien, no recuerda quién, le recomendó a Camperos que junto a sus compañeros se organizaran en cooperativa, “para sacar mejor precio del material y tener más beneficios”. Fue así que “palabras más, palabras menos, con la unión de muchas manos independientes hicimos fuerza para un bien común. Necesitábamos por lo menos 10 personas, fuimos a la Dirección de Cooperativas a averiguar cómo hacerlo, hicimos los cursos de capacitación, nos certificaron y a comienzos de 2007 nos llegó la matrícula”.
Hoy Mario Camperos es el presidente de Coreme, la cooperativa propietaria de una planta que emplea a más de 40 trabajadores y trabajadoras, que procesan alrededor de 90 toneladas mensuales de materiales reciclables.
La empresa social, clausurada hace una semana por la Municipalidad de Las Heras, desarrollaba sus actividades en un galpón que cuenta con infraestructura y maquinarias, instalado en un terreno del Parque Industrial de ese departamento, que el municipio le entregó en 2013 en calidad de préstamo o comodato.
“La conformación de la cooperativa nos permitió que, pasado un determinado momento, la fundación de la empresa Aguas Danone nos entregara financiamiento”, reseña Camperos recordando los orígenes de la organización, y a continuación precisa: “Presentamos un proyecto que, después de ser evaluado, quedó entre los cinco seleccionados de la Argentina. Fueron alrededor de cinco millones de euros que nos permitieron adquirir toda la infraestructura y maquinarias que hoy tenemos aquí. Tenemos prensas, cintas de clasificación, carretelas hidráulicas, pesadora y balanza, un camión de cabina simple, entre otras”.
“Salimos entonces a buscar un terreno para construir el galpón en Capital, Godoy Cruz, hasta llegar a Las Heras. Donde hace siete años el intendente Rubén Miranda, después de un proceso licitatorio de proyectos en el que quedamos seleccionados, nos entregó en comodato por cinco años. En 2013, en este lugar del Parque Industrial, comenzamos la construcción de la planta que inauguramos en 2015”, recuerda el presidente de Coreme.
Actualmente, el principal proveedor de la cooperativa es la Universidad Nacional de Cuyo. Mediante un convenio, que forma parte del Proyecto Separa, Coreme recibe un canon mensual a cambio de recolectar, tres veces por semana, los residuos de la Ciudad Universitaria. El material es preclasificado en los contenedores de la Universidad, retirado por trabajadores de la cooperativa y posteriormente procesado y acopiado en la planta de Las Heras.
“Además de la UNCuyo tenemos otros proveedores particulares, empresas de turismo y hotelería, bodegas, hospitales, barrios privados, y otros comercios. Trabajamos con cerca de 90 toneladas de materiales mensuales que, después del proceso en nuestra planta, se convierten en 50 toneladas de productos que entregamos a nuestros clientes”, resume Canteros en la entrevista con este diario.
Este proyecto de autogestión lo llevan adelante más de 40 personas, en dos turnos diarios de seis horas cada uno y un turno de 4 horas los sábados. Mujeres y varones que sostienen a sus familias gracias a un trabajo digno que les permite obtener un sueldo por encima del salario mínimo, vital y móvil.
¿Por qué, entonces, un proyecto tan virtuoso, en medio de la grave crisis económica y social, no puede seguir adelante? La respuesta a esta pregunta, de acuerdo a las y los trabajadores de Coreme, no hay que buscarla en la rentabilidad de la empresa, sino en decisiones políticas que pretenden disciplinar a la organización social condicionando su existencia.
“Firmamos con la Municipalidad de Las Heras en 2013 un comodato del terreno por cinco años”, recapitula Mario Campero y explica cómo se llegó al reciente apagado de las máquinas: “Si bien ese contrato se venció en 2018, las cláusulas dicen que hay renovación automática por cinco años más. En todo este tiempo nadie nos notificó que el contrato se hubiese terminado, y ahora nos clausuran porque según el municipio hay mejoras que no realizamos. Arreglos que, si nos dan plazos y recursos, podemos solucionar entre todos”.
“Nos reclaman una habilitación municipal que no se terminó de realizar porque en el medio hubo cambios de normativas –sigue Mario. Además, el mismo municipio se comprometió en el contrato a colaborar con Coreme para que se concrete la habilitación, pero no hizo su parte. Por otro lado, nos exigen un sistema de tratamiento de aguas servidas, cuando en realidad nosotros sólo tenemos baños para el personal con sistemas de digestores que desagotamos con camiones atmosféricos. Aquí no tenemos cloacas y eso no es responsabilidad nuestra, sino del municipio”.
Para el presidente de Coreme, la intencionalidad política se explicita aún más si se tiene en cuenta el tratamiento permisivo que reciben otras firmas privadas del mismo Parque Industrial de Las Heras: “Es extraño que nos digan que nosotros contaminamos el suelo y nos clausuren, cuando acá en este mismo predio hay empresas que queman basura todas las noches y emanan gases tóxicos al ambiente, que generan un olor insoportable en los barrios de la zona”.
“Nos quieren echar porque nos negamos a que la Municipalidad tome el control de la planta”, aclara finalmente Mario Camperos, quien señala directamente al intendente lasherino, Daniel Orozco, como el principal responsable del parate obligado de la planta.
Sin embargo, a una semana de la clausura, el presidente de Coreme sostiene la misma convicción y firmeza que, hace 14 años frente a otra grave crisis, dio origen a la organización solidaria de las y recuperadores: “Nosotros somos una cooperativa independiente, con un proyecto de autogestión y manejo de residuos sólidos urbanos que salió de nuestras manos y nuestras cabezas, y que ha dado muchos resultados. Nos quieren quitar nuestra identidad y los años de trabajo que llevamos aquí, y no lo vamos a permitir. Vamos a seguir resistiendo”.
