El traslado del Centro de Asistencia para Personas con Discapacidad de la Ciudad de Mendoza derivó en lo que las denuncias adelantaban: el cierre de un histórico espacio de capacitación, terapia y contención. La Defensoría suscribió lo que advertían las famillas. Mentiras, destrato y clausura de derechos en la Ciudad que se abre a las libertades de los que menos necesitan.
Por Redacción EL OTRO
Los reclamos para que el gobierno de Ciudad reestablezca los servicios del Centro de Asistencia para Personas con Discapacidad no consiguen respuesta. El intendente Ulpiano Suarez resolvió en octubre de 2020 el traslado del mismo con la promesa de inaugurar un espacio mejor adaptado, sin embargo pasaron 10 meses y nada sucedió. Las críticas de los asistentes y sus familias también se dirigen a la Defensoría de las Personas con Discapacidad por su ostensible inacción.
El principal problema se planteó por las condiciones del espacio elegido por el municipio para el funcionamiento del Centro de Asistencia. La Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad había dispuesto el traslado hacia la Estación Cultura (vieja estación de ferrocarril) en Belgrano y Las Heras, un lugar poco accesible y con visibles dificultades para adaptarlo. Las familias advirtieron desde temprano que el cambio a este sitio no era razonable y que el proyecto de adecuación de las instalaciones se planteaba como poco probable, no obstante, el municipio se mostró obstinado y mantuvo la promesa, “en los primeros meses del año vamos a acondicionar el lugar y el 3 abril (de 2021) se van a reabrir los talleres, aseguró Nicolás Reinada, encargado del área y responsable del traslado, en una reunión con concurrentes y familiares.
La preocupación por el recorte de las prestaciones llevó a las personas que asistían al Centro a trasladar la demanda a la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de Mendoza, para que ésta le solicitara un informe a la Defensoría de las Personas con Discapacidad, a cargo de Juan Carlos González Olsina, que, llamativamente, no había acusado recibo del problema suscitado en la capital de la provincia. La evaluación de González Olsina recién se conoció a fines de junio, con precisiones que le dieron la razón a lo que desde un principio sostienen los miembros de la comunidad afectada por el cierre del Centro de Atención.
A partir de una inspección “interdisciplinaria y sorpresiva” la Defensoría establece en el informe que “en el lugar se detectaron las siguientes deficiencias: humedad en los techos, deterioro en las mamposterías, pisos rotos que necesitan restauración. Asimismo no hay baño accesible para personas que asisten al lugar, encontrándose solo uno para hombres y mujeres con 17 peldaños en su único acceso. Respecto a los accesos, el área tiene determinado un ingreso alternativo por calle Las Heras que cuenta con accesibilidad” (leer informe completo aquí).
El Defensor aclara entre atenuadas críticas, que no está en su competencia fundar o explicar la decisión de un gobierno municipal, ubicando a estas decisiones por sobre los derechos de las personas. El mandato del radical González Olsina concluyó en 2018, pero una modificación del reglamento, pensada y votada por sus correligionarios lo atornillaron al cargo, con la idea de que éste se mantenga de por vida.
“Queremos que se sepa que el mismo Defensor, que está puesto de forma ilegal por el Gobierno nos dio la razón a nosotros. Queremos que se sepa que estamos diciendo la verdad porque la verdad es todo lo que tenemos, el poder, la fuerza y el dinero lo tienen ellos” sentenció, en diálogo con EL OTRO, Fátima del Vito, hermana de Ángel, un joven que se quedó sin los talleres del Centro Asistencia para Personas con Discapacidad. Fátima es una de las personas que han estado activas con el reclamo para que se restablezcan las prestaciones que hasta marzo de 2020 recibían cerca de 40 asistentes.
Sin haber realizado el acondicionamiento de la Estación Cultural, el municipio trasladó algunos talleres a un CIC (Centro Integrado Comunitario) N°1 de Ciudad, un lugar con poca accesilibidad donde se realizan múltiples actividades. “El gobierno municipal cree que el traslado al CIC es una solución, pero no es tal, porque es algo transitorio y no nos pertenece y encima ahora están haciendo hisopados. Se vuelven a vulnerar los derechos de las personas con discapacidad al no darle un espacio seguro y digno”, evaluó Del Vito.
“Mi hermano Ángel, desde marzo de 2020 dejó de recibir los talleres y no ha podido retomar, él recibía talleres de cocina, es un lugar donde se maneja muy bien, es lo que sabe hacer, es terapéutico, es lo que a él le gusta, ahora están haciendo otras actividades que a él no le gustan”, cuenta Fátima, que en su lucha por conseguir respuestas ha sumado el acompañamiento de la organización Xumex y del Observatorio de personas con Discapacidad.
Del lado de los responsables políticos que deben aportar las soluciones, por el momento, silencio. No se puede hablar de falta de gestión, Ulpiano Suarez se muestra dinámico en la apertura para los espacios recreativos para viajeros y locales de buen poder adquisitivo, promotor de los encantos de la Ciudad y el vino. La contratara de este perfil es el abandono y la negación de las necesidades de los más vulnerables, un binarismo perverso que no se explica desde el presupuesto sino por la falta de humanidad.
Ciudad Suarez: obstáculos, destrato y exclusión a los más vulnerables
Otra elección a dedo: ahora van por el defensor de personas con discapacidad
