Cristina Moparo, madre de Florencia Romano, expresó el desamparo que sentimos las mujeres en Mendoza. Ayer al mediodía, familiares de Flor, junto a sus abogados, organizaciones de mujeres y feministas brindaron una conferencia de prensa en la explanada de Casa de Gobierno, luego de las gravísimas acusaciones por parte del funcionario Ricardo Canet, quien intenta responsabilizar a la familia de la adolescente del femicidio ocurrido en diciembre del 2020. Esto se da en el marco de la demanda de 300 millones de pesos interpuesta por parte de la familia de Florencia al Estado provincial, a raíz de los daños morales sufridos a partir de este fatal suceso donde se comprobó la negligencia de la Policía de Mendoza, tras ignorar el llamado al 911 de un vecino que alertaba sobre el inminente crimen. La jueza civil, Marina Lilén Sánchez, deberá dictar una sentencia en los próximos días. Según informaron los abogados de Romano, con parte del resarcimiento se pretende crear la Fundación Florencia Romano, que servirá para asistir jurídicamente a víctimas de violencia de género y a sus familiares, en respuesta al inexistente compromiso que hay de parte del Gobierno de Mendoza contra la violencia machista.
Por Milagritos Contreras | Fotos: Coco Yañez
Luego de que el Estado provincial, por intermedio del abogado y asesor de Gobierno, Ricardo Canet, responsabilizara a la familia de Florencia Romano del femicidio ocurrido en diciembre de 2020, familiares de la adolescente, junto a abogados y distintas mujeres organizadas brindaron este miércoles una conferencia de prensa en la explanada de Casa de Gobierno, para repudiar enérgicamente la contestación oficial por parte de la gestión radical, que pretende negar que la víctima haya fallecido por desidia estatal y busca culpabilizar a los padres del desenlace trágico.
En un juicio abreviado realizado en julio de 2021, Pablo Ramón Arancibia admitió haber asesinado a la adolescente Florencia Romano, el 12 de diciembre de 2020 en una vivienda de Maipú, y arrojado su cadáver a una acequia. El femicida captó a la adolescente por redes sociales, para luego invitarla a su casa, donde ocurrió el terrible suceso.
Por otro lado, Soledad Herrera, la policía que se desempeñaba atendiendo llamadas que ingresaban al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) a través del 911, fue condenada en octubre del mismo año por el juez David Mangiafico por dos delitos: abandono de persona seguido de muerte, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en contexto de violencia de género. La condena que le pesa a Herrera es de 3 años de prisión en suspenso, habiendo, además, sido exonerada de la fuerza e inhabilitada para ocupar cargos públicos.
Estado negligente
Es sabido sobre la pésima gestión que desempeña el Estado mendocino para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Florencia Romano no está hoy entre nosotres, un femicidio que se podría haber evitado de no existir una permanente desidia estatal. Vergonzosamente contamos con un gobierno que no sólo no está a la altura de las demandas de mujeres y diversidades, sino que además se desliga de responsabilidades, se lava las manos, echándole la culpa, en este caso, a los padres de Florencia por el femicidio de su propia hija. A la constante revictimización que sufren a diario quienes denuncian la violencia patriarcal, se suma un Estado que acusa, entre otras palabras, de ser “mala madre” a Cristina Mopardo, mamá de Florencia.
En la conferencia de prensa llevada a cabo ayer al mediodía, Cristina expresó con mucho dolor los sentimientos que la atraviesan luego de la contestación oficial: “Es muy triste todo lo que dijo (por Ricardo Canet), eso habla de él, no de mí. Florencia ya no está, hoy estamos acá por todas las que quedamos. Estas son las políticas que nos presenta el gobierno, si seguimos así los femicidios no van a cesar, van a seguir existiendo hombres violentos, más víctimas fatales”.
La demanda interpuesta por parte de la familia de Florencia es de 300 millones de pesos por daños morales a raíz de la negligencia del 911 al ignorar, como ya se comprobó en la instancia penal, el llamado de un vecino que alertaba sobre la situación violenta que estaba viviendo la víctima. “Yo no estoy bien, estoy muy mal. Si seguimos así los niños no van a poder salir a la calle, las mujeres no tenemos quien nos defienda”, concluyó Mopardo con nerviosismo y angustia.
“Esperamos una sentencia ejemplificadora”
De acuerdo a lo informado por los representantes legales de la familia de Florencia, en la sentencia contra la entonces auxiliar del 911, Soledad Herrera, el juez David Mangiafico también hizo recomendaciones al Ejecutivo para que se cuente con un protocolo de actuación para estos casos. Sin embargo, al día de hoy todo sigue igual: “Estamos a días de que se dicte sentencia por parte de la jueza civil, Marina Lilén Sánchez, y lo que nosotros esperamos con el papá y la mamá de Florencia, es que en esa sentencia la jueza sea ejemplificadora, sea sancionatoria, sea un castigo para el Estado para que las cosas cambien, porque si no siempre pasa lo mismo; hay otro femicidio, se habla de ese caso y se olvidan de lo que viene pasando, con todas las víctimas pasa lo mismo”, expresó el abogado Cristian Vaira Leyton.
“La contestación de la demanda –continúa el letrado- más allá de lo técnico, lo jurídico, lo legal, es totalmente descabellada, improcedente, es una brutalidad lo que contesta el asesor de Gobierno (por Ricardo Canet), y en pocas palabras le echa el 50% de la culpa del femicidio de Florencia a los padres de Florencia”. (Leé el texto completo aquí)
“Con la familia de Florencia, desde que pasó este hecho lamentable, venimos peleando para que exista una ley que obligue al Estado a actuar de una manera específica ante los hechos de un posible femicidio, porque femicidio no es hasta que no encuentran el cadáver de la víctima, y el Estado tiene que actuar en forma preventiva para que no llegue al punto de que tenga que aparecer el cadáver de la víctima y tengan que iniciar una investigación de un posible femicidio. En diciembre se cumplen dos años del femicidio de Florencia y la ley nunca se trató. Pasó la conmoción social, nos durmieron, nos enmudecieron, nosotros tuvimos fe en que iba a salir esa ley, pero no sucedió”, señaló Vaira, tras referirse a la falta de compromiso del Estado provincial.
“Se pretende crear la Fundación Florencia Romano”
En diálogo con EL OTRO, Agustín Magdalena, otro de los representantes legales de la familia de Florencia Romano, criticó duramente al Gobierno de Mendoza y, al mismo tiempo, acusó a la Fiscalía de Estado por adherir a la contestación de Canet: “La verdad que es inentendible como en pleno siglo XXI, con la capacitación obligatoria que tienen los funcionarios públicos -como sería en este caso la Ley Micaela- que contesten la barbaridad que respondió Canet. Después Fiscalía de Estado, en la contestación de demanda adhiere a lo manifestado por el doctor Canet y da también unos fundamentos aparte”. (Leé el texto completo aquí)
Recordemos que el ex director de la Policía, Roberto Munives, también ha manejado la misma línea para responsabilizar a la familia de la adolescente asesinada y no admitir ineficacia por parte del Estado: “El comisario Munives, que era Jefe de la Policía en aquel momento, salió a decir en la prensa que esto era responsabilidad de los padres, que no lo habían cuidado. Lo dijo Munives en aquel momento que casi le cuesta el puesto, y después lo repite el asesor de Gobierno, quien representa al Poder Ejecutivo. Es un funcionario aprobado por el Senado, y ese núcleo duro te está diciendo ‘no, el Estado no tiene la culpa, es culpa de la madre que no la cuidó’. La verdad, deja muchísimo que desear esta contestación”.
A pesar de que la demanda es de 300 millones de pesos para resarcir, de algún modo, todos los daños y perjuicios causados en los familiares de la adolescente, a Florencia nadie la devuelve con vida.
“Se pretende crear con parte de estos fondos la fundación de Florencia Romano, una organización que servirá para asistir a las familias de las víctimas, a las víctimas de violencia de género. Lo que quiere hacer la familia Romano es cumplir con lo que el Estado no hace, que es apoyar de verdad a las familias de las víctimas que muchas veces no cuentan con recursos, que no pueden contar con un estudio jurídico que defienda sus intereses o busque justicia como hicimos para con Florencia. Entonces el monto de la demanda –y le aclaro a la sociedad porque hay mucho repudio generalizado por ese monto– es para crear con parte de ella esta fundación, por el rol ausente que tiene el Estado”, aseguró el abogado Magdalena durante la conferencia de prensa realizada este miércoles.
“El Gobierno de Mendoza no puede hacer apología del femicidio”
Es sumamente preocupante y doloroso que nuestra provincia se encuentre en sexto lugar en femicidios a nivel nacional, siendo que desde el 2015 a la fecha 80 han sido las víctimas fatales a manos de violentos machistas.
La diputada provincial del Frente de Todos, Laura Chazarreta, también estuvo acompañando a los padres de Florencia: “Es importante aportar que hoy se cumple una semana del femicidio de Agostina Trigo. Debe quedar en claro que el Gobierno de la Provincia de Mendoza no puede hacer apología de la violación, no puede hacer apología del femicidio, responsabilizando a la familia, a la madre y al padre, a los vecinos y vecinas que no insistieron en el 911, a toda la sociedad, mientras el Estado tiene obligaciones que no cumple”.
Además de señalar que “el Estado con estas declaraciones manifiesta su posición completamente feminicida”, Chazarreta cuestionó al Ejecutivo por “violar los derechos de las mujeres adolescentes y niñas, así como también lo hicieron con Agostina Trigo al disciplinar, reprimir y detener a pibes y pibas por manifestarse”. “No puede ser que el Gobierno de Suárez lo único que haga es responsabilizarnos a nosotras, por eso hablamos de apología de la violación y de apología del femicidio”, precisó la legisladora.
“Es necesario pedirle la renuncia al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, pero tiene que ser responsabilidad del Gobierno retractarse, porque la falta de gestión, de políticas y de presupuesto para garantizar justicia social e igualdad en las condiciones de vida de las mujeres respecto de los varones, es urgente. No podemos permitir ni una sola situación de violencia, ni de femicidio, ni de violación, ni de desaparición en nuestra provincia”, concluyó Chazarreta, tras exigir enérgicamente la remoción del cargo al abogado designado en 2018 por el exgobernador Alfredo Cornejo.
