El municipio trabaja con una empresa propia para llevar conectividad a zonas rurales. En Mendoza el 60% de los hogares no tiene acceso a internet fijo. En tiempos de coronavirus asoman luces y sombras del desempeño del Estado para garantizar los derechos a la comunicación y la información.
Fotos: Cristian Martínez
InterLuz, la empresa estatal de internet del municipio de Lavalle, planea completar durante 2020 las instalaciones para llevar el servicio a cinco distritos rurales del departamento. El objetivo de achicar la brecha digital en las zonas rurales parte de una mirada amplia sobre el desarrollo humano, que toma a la información y al conocimiento como claves para mejorar la calidad de vida.
La empresa fue creada a partir de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), en la cual el 90% de las acciones son del municipio y 10% de un privado. En 2018 se constituyeron como prestadora de servicios de internet por fibra óptica, rápida y segura, y durante este tiempo lograron montar una red para 2 mil usuarios de la Villa Tulumaya. Hoy ya llevan el servicio a 400 hogares.
EL OTRO dialogó con Gerardo Vaquer, presidente del directorio de Interluz, quien destacó que la meta en el corto plazo es “crear una red propia para los vecinos de Costa de Araujo, Tres de Mayo, Gustavo André, Jocolí, Jocolí Viejo y las ampliaciones de la Villa Tulumaya”. “Junto a ARSAT, tenemos pensado una red de fibra óptica en todos los distritos del departamento, el objetivo es brindarle conectividad e inclusión a todos los lavallinos”, aseguró.
La meta que planea alcanzar el gobierno del intendente Roberto Righi es clave para el desarrollo, y se planta en un momento crítico de las comunicaciones en los lugares alejados de las grandes ciudades. A favor, cuenta con la infraestructura y servicios de máxima calidad de ARSAT, la empresa estatal de comunicaciones -fundada en 2006- que tiene por misión central “generar condiciones de igualdad en el acceso a internet en todo el país”.
De acuerdo a información prevista por el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), en Mendoza, de cada 100 hogares, 60 no tienen acceso al servicio de internet fijo. En tanto, la relación de la conectividad con el lugar donde se habita crece a toda velocidad. Un estudio del Ministerio de Agricultura, hecho a través del programa Cambio Rural, señala que en zonas de campo no poseen internet (móvil ni fija) cerca del 90% de los habitantes. En pueblos de hasta 2000 habitantes un tercio no posee ese servicio y menos del 15% accede a internet fijo.
Vaquer señaló que la inversión que necesita hacer InterLuz para llegar a los cinco distritos establecidos como prioridad es de $60 millones y que la finalidad es ejecutar las obras antes de 2021. En tanto aclaró que, por las disposiciones del decreto de aislamiento social obligatorio, la empresa ha paralizado temporariamente las conexiones, aunque el servicio de internet se presta con normalidad.
En el marco de su política de Responsabilidad Social Empresaria, Interluz presta servicio de internet sin costo para instituciones de bien público. Bomberos Voluntarios de Lavalle es una de las organizaciones que ya cuenta con conexión por fibra óptica e internet gratuitos. Foto: Gentileza.
La situación planteada a partir de la expansión del Covid-19 expuso como en pocas ocasiones la insuficiencia del mercado para resolver las demandas sociales, y la falta de inversión privada en poblaciones donde la rentabilidad empresaria choca con las necesidades populares.
Asimismo, desde el gobierno provincial mendocino aún no se asume al acceso a internet y las tecnologías de la información y la comunicación como un derecho imprescindible que debe ser garantizado en toda Mendoza. Y vemos en estos días, por ejemplo, a la Dirección General de Escuelas plantear, a partir de la cuarentena obligatoria, la continuidad del dictado de clases como una solución al alcance de todos, desconociendo así las estadísticas oficiales sobre conectividad y la realidad de los habitantes de las zonas rurales.
Según explica Vaquer, en Lavalle, a contramano del neoliberalismo aún imperante, el gobierno municipal decidió asumir un rol central para asegurar el derecho a la comunicación de las y los ciudadanos.
Una propuesta innovadora, inclusiva, sustentable y con mucho futuro.
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