Por Mercedes Molina Galarza *

En 2004 fueron anuladas las leyes de punto final y obediencia debida. Tras años de reclamo por conocer la verdad –como hija de militantes que sufrieron la represión política de los años setenta, pero también como miembro de una sociedad cegada por el desconocimiento o la negación de lo que nos había pasado- tenía poca confianza en las instituciones en general, y en la justicia en particular.

Había vivido más de dos décadas de democracia y, sin embargo, me sentía rodeada de modos de funcionamiento y de pensamiento autoritarios, que se reflejaban cotidianamente, en todos los ámbitos. En 1995, por ejemplo, siendo alumna de la Escuela de Comercio Martín Zapata, participé de la organización del acto del día 20 de junio donde se desplegó un afiche gigante que decía “Bandera somos todos”. El afiche fue duramente criticado por una profesora porque estaba pintado en rojo y negro, colores que, según la docente “eran los colores de los montoneros”. Esa fue, durante mis 6 años de escolarización, la primera y única ocasión en la que escuché algún tipo de mención a la historia reciente. De terrorismo de Estado, violaciones a las instituciones democráticas y a los derechos humanos no aprendí nunca nada. Se trataba de un tema tabú, ausente de la currícula de mi escuela, que se suponía debía formarme como ciudadana conocedora de la historia nacional, las leyes vigentes y mis derechos fundamentales.

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Es justo decir que no solo los estudiantes egresábamos de la secundaria en esos años sin noticias de la última dictadura. Muchos docentes tampoco habían tenido oportunidad de interiorizarse en esos temas, poner en duda los discursos oficiales –que criminalizaban a las víctimas de la represión para justificar lo ocurrido– o acceder a un mínimo de información confiable. Quienes no tenían familiares o amigos asesinados, desaparecidos o sobrevivientes de centros clandestinos de detención, no tenían modo de acceder a otros relatos que no fueran los que difundían los medios masivos de comunicación, en coincidencia con los gobiernos “democráticos” de turno. “Democracia sin uno de los tres poderes fundamentales, la Justicia, ¿es democracia?”, me preguntaba por aquellos años.

Los medios reproducían en sus notas los discursos que criminalizaban a las víctimas, las escuelas olvidaban enseñar la historia reciente, la Iglesia callaba y bendecía a los represores, dejando caer en el olvido a los miles de fieles católicos que, como mi mamá, perdieron la vida. Al igual que con las denuncias de pedofilia, había decidido mirar para otro lado, quizás porque, como revela Emilio Mignone en su libro Iglesia y Dictadura, es una institución que se vio seducida por un plan sistemático que prometía eliminar el comunismo ateo de nuestra sociedad.

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Era para mí, como dije antes, muy difícil creer en 2004 que la justicia argentina fuera a ponerse en funcionamiento después de décadas de silencio y complicidad. Tarde, de modo lento y con multiplicidad de obstáculos de todo tipo, sin embargo, el avance de los juicios a genocidas viene dando sus frutos desde hace más de diez años. A los familiares, madres y padres, hijos e hijas, los juicios nos cambiaron la vida. Nos devolvieron la palabra, la dignidad, la memoria. Nos han abierto la posibilidad de no tener que seguir encontrando en las oficinas públicas, en las aulas de nuestras instituciones de enseñanza o en la calle, a quienes secuestraron e hicieron desaparecer a nuestros seres queridos. Nos han permitido saber que ciertos sacerdotes comulgan con las ideas y el proceder de los genocidas y, por eso mismo, no podemos nosotros comulgar con ellos. Nos han posibilitado juzgar hasta a la propia Justicia, condenando a cadena perpetua –como sucedió, increíblemente todavía para mí, en el día de ayer– a cuatro jueces federales que fueron parte del aparato estatal genocida.

Quizás lo más importante de todo es que el desarrollo de los juicios nos ha permitido saber, incluso a los familiares, que lo que pasó no fue de ninguna manera responsabilidad de nuestros seres queridos. Durante todos estos años hemos caído, en ocasiones, en el error de buscar responsables enfocándonos –a mi criterio, muy equivocadamente– en los ideales, las banderas políticas y las luchas por la transformación social que los militantes de los años sesenta y setenta sostenían. Nada más lejos de la verdad. El compromiso político o social asumido por muchas de las víctimas fue la excusa perfecta, pero no tiene nada en común con las prácticas inhumanas de exterminio que caracterizan a un genocidio. Con este, se buscó eliminar a una porción de la población argentina no solo para aplastar ese compromiso,  sino también y especialmente, para cambiar al resto de la población por medio del terror. Se destrozaron las relaciones de solidaridad y confianza entre las personas y los grupos, incluso en el interior de las familias; se desarmaron las organizaciones; se desarticuló toda voluntad de resistencia y transformación social. No solo se aniquiló una parte de la sociedad, con ello, se transformó a toda la Argentina.

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Las sociedades posgenocidas nunca son, por definición, las mismas sociedades que eran, pues en el medio sufrieron la pérdida de una parte de su población y la ruptura de vínculos y solidaridades, afirma el sociólogo Daniel Feierstein. El blanco es, entonces, la sociedad entera. El Proceso de Reorganización Nacional nos legó un proyecto de nación reaccionario, fundado en la represión, el “sálvese quien pueda” y la despolitización. Más grave aún fue la instalación del modelo de valorización financiera, también conocido como neoliberalismo, que en los últimos dos años hemos visto resurgir con una potencia arrasadora. De cada uno de nosotros depende darle continuidad a ese proyecto de nación del que se benefician unos pocos y aplasta a muchos, o sostener los ideales de quienes ya no están, con las armas que hemos aprendido a construir durante los últimos años. Los ideales: un país donde puedan vivir dignamente las grandes mayorías. Las armas: el respeto por los derechos humanos y la defensa a ultranza de las prácticas democráticas.

 


 

* Mercedes Molina Galarza es socióloga, investigadora del CONICET y docente de la UNCuyo. Nació en abril de 1977 en la Brigada de Investigaciones de La Plata, donde su madre, Liliana Galarza, estaba secuestrada. Su padre, Ricardo Molina, también fue detenido, y al recuperar la libertad, se vio obligado a exiliarse hasta 1983.

En octubre de 1977, los abuelos maternos de Mercedes lograron recuperarla y la trajeron a vivir a Mendoza. Su madre se encuentra desaparecida. El segundo juicio por crímenes de lesa humanidad llevado a cabo en La Plata, en 2007, determinó que el sacerdote Christian Von Wernich tuvo participación en el homicidio de Liliana Galarza, entre otros crímenes. El religioso, que solicitó recientemente el beneficio del 2×1, cumple su condena en el penal de Marcos Paz, donde continúa dando misa.

Liliana Galarza