Entrevista con José Luis Ramón, precandidato a diputado nacional por el Partido Intransigente. Tarifas de servicios públicos y defensa de los derechos de los consumidores, usuarios y pymes, en el centro de su agenda.
Fotos: Lucky Viard
“Abogado, casado, con cinco hijos”, es la aproximación a cómo se define José Luis Ramón cuando le preguntamos quién es, aunque enseguida se corrige: “Un abogado… pero una persona que se considera un ciudadano en todos los conceptos que esto acarrea, que tiene muchas ganas en esta cuestión de ser electo en las cámaras legislativas”.
Ramón se hizo conocido por su rol protagónico en Protectora, una asociación civil de defensa de los consumidores. Ese papel es el que quiere llevar al Congreso Nacional. “Creo que es la única manera que tenemos los ciudadanos de cambiar la realidad, específicamente los abusos que comete el Estado y las empresas del sector privado contra los consumidores y las pymes. Este es el objetivo base de por qué nosotros estamos metidos en esta situación de competir en las PASO”.
¿Qué mirada tiene sobre los gobiernos provincial y nacional?
Es una muy buena la pregunta. Primero que aquel que toma la decisión de gobernar ya tiene cinco puntos en una escala del uno al diez, porque vivimos en una República en donde hay muchos intereses contrapuestos, y lo primero que tenemos que tener en claro, cuando hay personas que toman la decisión de ir a un cargo ejecutivo, es que a ellos les debe ir bien.
El resto del puntaje, los presidentes Macri y Fernández y los gobernadores Jaque, Pérez y Cornejo, no lo tienen porque, lamentablemente, hicieron sus gobiernos respetando únicamente los derechos de las empresas y han dejado de lado el interés económico del bolsillo de las familias de los mendocinos. No van a poder subir el mensaje porque toman medidas en contra del interés de los ciudadanos que somos usuarios, consumidores y pequeñas y medianas empresas, quienes somos el motor del desarrollo de la Argentina.
Si el que gobierna lo hace a espaldas de los ciudadanos genera más dificultades para que se pueda participar en las decisiones de la cosa pública.
¿O sea que aprueban por un punto?
Aprueban de casualidad. Por estos argumentos.
Acá en Mendoza los ciudadanos usuarios del gas domiciliario, gracias a la existencia de la asociación Protectora, teníamos un sello que decía que la tarifa del gas estaba alcanzada por una medida judicial. En esa medida, desde el llano, venimos pidiendo que se considere a Mendoza como una provincia en la que hace frío y que nada tiene que ver con lo que pasa en el norte de Buenos Aires. Acá se prenden las estufas en abril y se apagan a finales de agosto, allá el lapso es mucho menor.
En torno a las tarifas circula un dicho popular que dice que Cristina regalaba los servicios y en la gestión siguiente se han sincerado…
Mentira. No te voy a dejar preguntarme eso porque es mentira. Porque esa señora Cristina de apellido Fernández como este señor Mauricio de apellido Macri respetan los intereses de las empresas. Acá la factura de gas era barata no porque la regalaran sino porque la Justicia Federal, en el juicio de Protectora contra Enargas, le hacía lugar a la medida cautelar. No, no y no. Su sentido nacional y popular tenía que ver con un sistema de ideas políticas pero económicamente hablando ella quería penetrar en la provincia de Mendoza y no se lo permitía la asociación Protectora.
El juicio viene del año 2009. Pedimos saber cuánto cuesta el servicio. Cameron, ministro de Cristina y Aranguren de Macri dijeron que esta información no podía publicarse hasta que la Corte Suprema, el año pasado en la causa Cepi, les ordena decir cuánta plata es. Extraer el gas o importarlo cuesta en promedio U$D 3,51 el BTU y las empresas dicen que sólo van a invertir si el BTU vale U$D 7,61. Esto significa que el Estado le quiere permitir a las sociedades comerciales que inviertan el dinero de los usuarios y no el de ellos.
Aquí estriba la diferencia entre el precio de cualquier bien del mercado y la tarifa de un servicio público. La tarifa debe estar adecuada a los salarios y, ahí vienen los subsidios que no son mala palabra.
¿Cómo van a materializar sus propuestas si pasan las primarias y acceden a una banca en octubre?
Tenemos un listado de propuestas que se pueden consultar en la página de la asociación. Una de ellas para la provincia es eliminar el EPAS como ente de control del agua y el saneamiento, para no tener un ente estatal que controla a una empresa estatal, aggiornada con directores del partido demócrata que controlan a otros demócratas que dirigen la empresa.
Para el Congreso de la Nación tengo varios proyectos, pero puedo hacer eje en un par de ejemplos. Uno es el de la eliminación de los registros del automotor como organismos privados en la transferencia de vehículos que encarecen el nueve por ciento el costo del auto para patentarlo, y acá me transformo en periodista y te pregunto: ¿Qué es más importante para vos, tu auto o tu hijo?
Mi hijo.
Claro. Cuando nace tu hijo vas y lo inscribís en el registro público. No hay un solo papel por triplicado. Cómo es posible que, en tiempos en los que la AFIP no te recibe más dinero en metálico y te pide facturar electrónicamente, sigamos haciendo las transferencias de los vehículos en papel por triplicado. Necesitamos bajar el coste argentino. Y cada uno de los proyectos van a tener que ver con esto.
La coparticipación es otro de los temas que hay que resolver porque afecta a Mendoza en la distribución de su presupuesto para salud, educación, y seguridad. Siempre nos preguntan por la seguridad y nosotros hablamos de los planes de seguridad porque la inseguridad fue un invento mediático para achacárselo al gobierno anterior. Lo que faltan son planes de seguridad y la base del mismo reside en la elección del comisario del barrio por parte de los vecinos.
Entendemos que todo esto depende de un trabajo político muy fino para lograr que los proyectos sean ley con acuerdos políticos. Te doy números: hay 84 legisladores provinciales, 12 nacionales y 3 senadores nacionales por Mendoza. Yo llevo 10 años participando de todos los procesos de las audiencias públicas para determinar las tarifas, los servicios y los costos de los servicios públicos. Nunca ninguno de estos señores estuvo presente. Ése es uno de los trabajos del diputado nacional.
La declaración pública del servicio de la telefonía celular es una expresión de deseo de muchos legisladores que haremos realidad, porque las empresas se apoderaron de la red. En Mendoza llevamos varias acciones al respecto contra las empresas y contra el ENACOM por el uso discrecional que hacen de la red.
Respecto del servicio de cable satelital también estamos trabajando para que no nos quiten la posibilidad de ver los canales de aire de la provincia para acceder a informaciones y contenidos de nuestra provincia.
