Palermo, Gómez y Adaro.
En la Facultad de Derecho de la UNCuyo se desarrolló ayer una charla en la que coincidieron -al menos con sus presencias- tres miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Los doctores Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez, asistieron a la jornada de reflexión en torno a los 60 años de la derogación de facto de la reforma constitucional peronista de 1949, organizada por Abogadas y Abogados Mendocinos por la Justicia Social (AAMJUS).
EL OTRO aprovechó la feliz coincidencia para intentar consultarles a los Supremos, entre otros temas, sobre la opinión de su par judicial, Alejandro Pérez Hualde, publicada el domingo pasado por un diario colega.
Bajo el título “Los jueces y la razonabilidad”, Pérez Hualde -de inocultable pasado radical- frenó en seco algunas injerencias en el Poder Judicial, por parte del ministro de seguridad Gianni Venier y del propio gobernador Alfredo Cornejo, al afirmar que “Uno de los hitos que marcan al mundo jurídico actual es la aparición y el reinado del principio de razonabilidad; que implica proporción, relación de sentido; pensar sin ofuscación, ni desde el dolor lógico de la víctima, ni desde el victimario, ni desde la policía, ni desde la política que opina y exige “dureza” demasiado cerca del límite del respeto a la independencia constitucional de los jueces”.
A pesar de nuestra insistencia, los jueces Adaro y Palermo se excusaron de realizar declaraciones para este medio. Distinta fue la disposición del doctor Julio Gómez quien, ante nuestra requisitoria, frenó su marcha momentos antes de retirarse y, amablemente, respondió algunas preguntas.
-¿Qué opinión le merecen las afirmaciones que el Dr. Pérez Hualde publicó en Los Andes?
-Lo principal, para no perder de vista el bosque… Esas declaraciones suscriptas por el Dr. Pérez Hualde, y que yo podría haber suscripto también, indican que el Poder Judicial es un órgano que debe actuar de manera independiente en el análisis de los casos que se le presentan, y que, además, tiene que tener el cuidado de defender su absoluta autonomía ante cualquier poder. La política de seguridad debe ser consensuada y lo más importante es la prevención, ya que cuando las cuestiones llegan al poder judicial, en general, ya es tarde para evitar el daño. Entonces una buena política de seguridad tiene que partir de una excelencia en la prevención y de un acompañamiento lógico del Ministerio Público y del Poder Judicial.
-¿Cómo evalúan desde la justicia los femicidios de estas últimas semanas? ¿Hay algo que hacer desde el Poder Judicial?
-Hay que aplicar, con todo el rigor que la situación merece, las normas convencionales de carácter internacional, las leyes argentinas y los procedimientos previstos por las leyes locales para el juzgamiento de esas causas. Sobre eso, obviamente, yo no voy a anticipar ninguna opinión porque es probable que como juez me toque intervenir en alguna instancia.
-¿Es necesario tener el aporte de una voz femenina en la Corte para impartir justicia o es indistinto?
-El Poder Judicial es un poder de la democracia que se conforma institucionalmente en función de decisiones que adopta el Poder Ejecutivo cuando envía el pliego, y el Poder Legislativo cuando lo aprueba o desaprueba. Son ellos los que tienen que hacer las evaluaciones correspondientes y después definir las calidades de los candidatos. Hoy día, no existe una norma institucional que imponga por razones de sexo que el candidato deba ser uno u otra.
