La media sanción a la reforma previsional para jueces y fiscales nacionales puso nuevamente en el tapete los privilegios de la casta judicial. En Mendoza el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, cobra un sueldo de $650 mil, 40 veces más que el salario mínimo vital y móvil.
La eliminación de las jubilaciones de privilegio que por estos días se discute en el Congreso Nacional puso en evidencia la brecha salarial y previsional entre las y los jueces y las ciudadanas y ciudadanos de a pie.
En este contexto, la discusión pública reavivó la situación salarial y económica de quienes imparten justicia y, sobre todo, la inequidad de los que padecen el anquilosado e ineficiente sistema judicial.
De acuerdo con la página web del Poder Judicial (jus.mendoza.gov.ar), la acordada 29.441 es la que rige actualmente las remuneraciones. El acuerdo celebrado por los jueces de la Suprema Corte, no publicado en su totalidad en el sitio oficial, estableció la siguiente escala salarial:
El régimen de sueldos contempla la asignación de clase, desde la 22 a la 27, a la que hay que sumar el adicional por antigüedad y restar los descuentos correspondientes a aporte jubilatorio, obra social y seguro mutual.
Así, por ejemplo, los supremos Jorge Nanclares, Mario Adaro, Pedro Llorente, Omar Palermo, José Valerio, Dalmiro Garay y Julio Gómez tienen asegurado un piso salarial de casi $288 mil por mes, contra $19.635 de sueldo de convenio de un obrero de viña, si cabe la comparación de referencia con tono vendimial.
A la privilegiada condición salarial de los jueces, que nada tienen que envidiarle a las minorías que se beneficiaron con la política económica de los últimos años, se suma su situación patrimonial, la que puede ser consultada por cualquier ciudadano o ciudadana en la web del Poder Judicial.
La presentación de Pedro Llorente (de 78 años de edad y 33 en la Corte) incluye dos casas y dos departamentos, un auto y dos embarcaciones; mientras que Omar Palermo declaró el 50% de una casa de 400 m2 en un lote de 800 m2, un departamento y una cochera, además de un auto modelo 2017, aunque consignó un crédito hipotecario sobre su vivienda.
La intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados sigue intacta, la injusticia social también.