Los únicos privilegiados

La media sanción a la reforma previsional para jueces y fiscales nacionales puso nuevamente en el tapete los privilegios de la casta judicial. En Mendoza el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, cobra un sueldo de $650 mil, 40 veces más que el salario mínimo vital y móvil.

El judicial es el poder menos democrático y más conservador del Estado. Sus magistrados forman parte de una aristocracia en una suerte de burbuja distanciada de la gran mayoría de la sociedad que los identifica con una corporación privilegiada.

La eliminación de las jubilaciones de privilegio que por estos días se discute en el Congreso Nacional puso en evidencia la brecha salarial y previsional entre las y los jueces y las ciudadanas y ciudadanos de a pie.

En este contexto, la discusión pública reavivó la situación salarial y económica de quienes imparten justicia y, sobre todo, la inequidad de los que padecen el anquilosado e ineficiente sistema judicial.

EL OTRO recopiló información oficial disponible para dimensionar los haberes y patrimonio de los magistrados y, como suele ocurrir, el primer obstáculo fue la falta de actualización y transparencia en los datos de los portales públicos.

De acuerdo con la página web del Poder Judicial (jus.mendoza.gov.ar), la acordada 29.441 es la que rige actualmente las remuneraciones. El acuerdo celebrado por los jueces de la Suprema Corte, no publicado en su totalidad en el sitio oficial, estableció la siguiente escala salarial:

El régimen de sueldos contempla la asignación de clase, desde la 22 a la 27, a la que hay que sumar el adicional por antigüedad y restar los descuentos correspondientes a aporte jubilatorio, obra social y seguro mutual.

Así, por ejemplo, los supremos Jorge Nanclares, Mario Adaro, Pedro Llorente, Omar Palermo, José Valerio, Dalmiro Garay y Julio Gómez tienen asegurado un piso salarial de casi $288 mil por mes, contra $19.635 de sueldo de convenio de un obrero de viña, si cabe la comparación de referencia con tono vendimial.

Pero además de la asignación de clase, los ministros de la Corte, quienes no pagan impuesto a las ganancias, abultan sus cuentas/sueldo en razón de los años que llevan en un cargo que pueden sostener de por vida. El presidente del máximo tribunal, por ejemplo, cumplió 33 años de servicio, por lo que se estima que a enero de 2020 su salario alcanzó cerca de los $650 mil mensuales, casi 40 veces más que el actual salario mínimo vital y móvil, fijado en $16.875.

A la privilegiada condición salarial de los jueces, que nada tienen que envidiarle a las minorías que se beneficiaron con la política económica de los últimos años, se suma su situación patrimonial, la que puede ser consultada por cualquier ciudadano o ciudadana en la web del Poder Judicial.

La última declaración jurada de Nanclares data de 2018. El juez consignó poseer 50% de tres casas en dos lotes de 2500 m2 y uno de 700 m2, la mitad de dos autos e igual proporción en el condominio de una sucesión. Mario Adaro declaró en agosto de 2018 que tiene la titularidad del 100% de una vivienda en San Martín, dos autos y una colección de ocho obras de arte.

La presentación de Pedro Llorente (de 78 años de edad y 33 en la Corte) incluye dos casas y dos departamentos, un auto y dos embarcaciones; mientras que Omar Palermo declaró el 50% de una casa de 400 m2 en un lote de 800 m2, un departamento y una cochera, además de un auto modelo 2017, aunque consignó un crédito hipotecario sobre su vivienda.

El juez José Valerio acumuló hasta 2018 un patrimonio comprendido por la titularidad de la mitad de una casa construida en Vistalba, en un terreno de casi 2000 m2, y el 100% de un auto. Julio Gómez sumó la propiedad total o parcial de cinco inmuebles y un vehículo, en tanto que Dalmiro Garay, designado en 2018, todavía no hizo pública su declaración jurada patrimonial.

La intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados sigue intacta, la injusticia social también.

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