El cuestionado fiscal Fernando Giunta Baglini, del riñón judicial del oficialismo, mandó a la cárcel a Roberto Macho, secretario general de ATE. El sindicalista se encuentra privado de su libertad en el penal de San Felipe, acusado de sucesivos cortes de tránsito durante el desarrollo de un plan de lucha de las y los trabajadores estatales. De esta manera el Ministerio Público Fiscal, conducido por el cornejista Alejandro Gullé, decidió embestir políticamente, con extrema velocidad y contundencia, contra un dirigente que, por otro lado, acumula desde hace años procesos judiciales por gravísimos casos de violencia misógina y estafas sistemáticas, cuyas investigaciones caminan a paso de tortuga.

Por Negro Nasif

Está absolutamente claro que la utilización política del aparato estatal del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de Mendoza, para perseguir y apresar a dirigentes sindicales en las últimas horas, responde al plan sistemático de criminalización de la protesta social que el gobierno de derecha de Cambia Mendoza despliega sin pausa desde diciembre de 2015.

Las consecuencias de semejante embestida antidemocrática han sido advertidas y denunciadas por EL OTRO, y apenas un puñado de medios de comunicación comprometidos con los derechos humanos, a través de innumerables artículos periodísticos que las y los lectores pueden consultar en nuestro archivo.

Foto: Gentileza Adriana Iranzo

Con ese contexto, los datos recabados este martes por nuestro diario, a través de fuentes directas y documentos oficiales, no dejan lugar a dudas de que las detenciones de dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y la persecución penal de sindicalistas de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), por ejercer el legítimo derecho constitucional a la protesta, son completamente arbitrarias, desproporcionadas y violatorias de garantías fundamentales.

Roberto Macho, secretario general de ATE, su secretaria adjunta Adriana Iranzo y las dirigentas María Rosa Gaete y Graciela Navarro, fueron aprehendidas por orden del fiscal Fernando Giunta Baglini, en el marco de expedientes judiciales en los que se investiga la presunta violación del artículo 194 del Código Penal, que prevé prisión de tres meses a dos años para quien, “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Mientras Iranzo, Gaete y Navarro fueron liberadas ayer, la Fiscalía resolvió trasladar a Macho al penal San Felipe, hasta tanto se resuelva su situación procesal. Al mismo tiempo, transcendió que el Ministerio Público Fiscal habría ordenado la detención de Patricia Irrutia, integrante de la Secretaría Gremial del Partido Justicialista de Mendoza y dirigenta de ATSA, el sindicato que en los últimos meses acordó un plan de lucha conjunto con ATE para exigir recomposición salarial para los postergados trabajadores y trabajadoras de la salud pública.

Trasfondo político

Alejandro Gullé y Alfredo Cornejo. Foto: Coco Yañez

Las derivaciones judiciales de las imputaciones se conocerán en las próximas jornadas, aunque ya hay suficientes elementos periodísticos para analizar las causas y consecuencias políticas de los graves sucesos que, insistimos, distan de la vida institucional propia de un Estado republicano con división de poderes, derechos y garantías.

Hasta periodistas alineados con el oficialismo deslizaron algunas voces críticas. Como es el caso de Pablo Icardi, director editorial del portal MDZ, quien en su perfil personal de Twitter advirtió sobre “el peligroso juego de detener a sindicalistas justo en medio de una negociación”. Icardi calificó a Roberto Macho como “idiota útil” y utilizó similares términos para referirse al fiscal Giunta Baglini.

Foto: Coco Yañez

Más que un “idiota útil”, Macho ha sido desde 2016 un aliado fundamental de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez para cerrar sucesivas paritarias a la baja, o pautas salariales en cero, como ocurrió en el año 2020. Situación que agravó la progresiva pérdida de poder adquisitivo que hoy padecen las y los estatales de todos los sectores.

Ya a comienzos de su gobierno, Cornejo disciplinó al secretario general de ATE a fuerza de carpetazos y billetera, herramientas habituales del orden radical. Tal como hemos reseñado en más de una oportunidad en este diario, el exgobernador utilizó –y utiliza- su hegemonía en el Poder Judicial para regular las causas judiciales contra Macho en razón de su apego o no a las reglas impuestas de fidelidad.

“Por orden de Cornejo, la causa judicial está paralizada y los medios de comunicación hijos de la pauta hacen silencio. Si no fuese por la protección política y mediática, con todas las denuncias que ya tiene encima y las pruebas contundentes que hay en los expedientes, Macho debería estar preso”, denunció el secretario general del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SiTEA), Víctor Hugo Dagfal, en una entrevista con este diario de setiembre de 2021.

Las declaraciones de Dagfal apuntaban específicamente a un proceso judicial por estafas sistemáticas iniciado en 2017, que aún no registra avances significativos. Como viene sucediendo, en contraste con la celeridad de las detenciones por los recientes cortes de calles, en otras causas reveladas por una serie de investigaciones periodísticas de EL OTRO, como Las cuentas millonarias de Macho y las imputaciones penales contra el dirigente por amenazar de muerte a mujeres de ATE.

“Hablando de idiotas útiles…”

En los tuits que se mencionaron, el director de MDZ también apuntó al funcionario del Ministerio Público Fiscal que apresó a Macho, recordando gravísimos antecedentes que habrían condicionado políticamente su necesaria independencia judicial. “Hablando de idiotas útiles… el fiscal que los encierra (por Macho e Iranzo) no debería ser fiscal. Lo escondieron en otra fiscalía porque está acusado se violencia de género. Cuídame y te seré útil”, apuntó Pablo Icardi.

Al respecto, son varias las publicaciones periodísticas que informan sobre el escandaloso pasado de Giunta Baglini quien, gracias a su relación directa con Cornejo, sonó como uno de los postulantes para ocupar la Procuración que hoy encabeza Gullé, otro radical e íntimo del exgobernador.

Clarín, 11 de julio de 2017. Captura de pantalla

Señaló Federico Brusotti, periodista de diario El Sol, en un artículo de julio de 2017: “Fernando Giunta Baglini es uno de los fiscales más cuestionados del Ministerio Público y, al mismo tiempo, uno de los que más protección ha recibido por parte de la corporación judicial. Tal vez, la impronta política de su apellido materno haya tenido que ver con su permanencia en el cargo a pesar de las denuncias en su contra y de las irregularidades confirmadas. Giunta enfrenta ahora una acusación de violencia de género por parte de su esposa. Casi una paradoja: había sido nombrado por el procurador Alejandro Gullé para formar parte de la fiscalía especializada en ese tipo de delitos. Giunta se convirtió en un personaje mediático en noviembre de 2009. Ese año fraguó una investigación por la muerte de un chico en Luján y encarceló a una persona a partir de declaraciones de un testigo falso”.

Las evidencias muestran que, pese a sus antecedentes, el poder político pudo más y Giunta Baglini salvó el cuero. Ahora resta saber, más allá del nuevo capítulo de la evidente criminalización de la protesta, cuánto pesará la influencia de Cornejo sobre “los idiotas útiles”. Aunque todo parece indicar que el frondoso prontuario judicial de Macho definirá los futuros del sindicalista y el fiscal.

 

Imputan penalmente a Macho por amenazar a mujeres de ATE

 

Las cuentas millonarias de Macho