Con el incremento de los desalojos crece la organización de los productores caprinos y asoman modestamente voluntades políticas. La pereza tiene cara de concesión en el Sur.
Por Redacción EL OTRO | Fotos: Gentileza
La organización de las familias de crianceros del sur de Mendoza, en la lucha por la tenencia efectiva de sus tierras, crece al calor de las injusticias y de la desatención de los poderes del Estado. En las últimas semanas, tímidamente, asomaron gestos de política que fortalecen al reclamo y ponen en la agenda pública la gravedad de un problema que lleva décadas sin amparo ni solución.
El lunes 14 de diciembre tuvo lugar en la Ciudad de Malargüe una manifestación de familias campesinas, productoras de ganado caprino, o crianceros como se los llama, que terminó en una reunión con representantes del Concejo Deliberante. Esta fue la primera voluntad política que han visto desde que se iniciaron los reclamos, allá por septiembre del año en curso.
El 16 de noviembre, en el aniversario de Malargüe, las familias habían recorrido las calles del centro para visibilizar los desalojos, realidad que la mayoría conocen con nombres, apellidos y cantidad de hectáreas. El poder de los terratenientes es más conocido que el viento, en la villa cabecera como en cada rincón del extenso departamento.
Aquel día la marcha cerró en la sede municipal, con una reunión informal con el intendente, Juan Manuel Ojeda. Concretamente, fueron pocas palabras las que cruzaron, pero lograron que el jefe comunal se comprometiera a dialogar personalmente con cada familia, con miras de encontrar solución a un problema que, al igual que todo Malargüe, conoce al dedillo.
De acuerdo con el portal La Tinta, Sergio Rostagno, junto a Luis Demarchi y Carlos Satalesa, integran la sociedad anónima El Palauco, que concentra alrededor de 150.000 hectáreas en Bardas Blancas, Sierras de Palauco y Laguna de Llancanelo.
La pereza de los poderes representantes contrasta con la voracidad de los “dueños” de la tierra, que, con más influencia que papeles, avanzan a puro desalojo cuando hay resistencia a los pagos de los alquileres extorsivos. El poderío de los señores del campo es grande, pero se ensancha con los aires que enfrían la extensa llanura y los despachos del Estado.
“El 14 de diciembre nos recibieron los representantes del Concejo Deliberante que parece que no estaban tan enterados del tema pero se comprometieron a: revisar la situación catastral de las tierras, averiguar quiénes se las vendieron a los terratenientes, saber de dónde sacaron la titularidad. Sin embargo, de parte del intendente Ojeda no hemos visto ninguna voluntad, hace un mes que nos dijo que nos iba a citar para dialogar y tres meses desde que comenzamos con el reclamo, y no nos ha enviado ni siquiera un mensaje”, contó a EL OTRO Karen Vázquez, integrante de una familia que fue expulsada de la tierra que habitaban desde hace más de 100 años.
Los representantes que dialogaron con los crianceros fueron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Palma, y delegados de los tres bloques, Gabriel Rosas, Paola Rojo Y Paola Jofré. Malargüe está gobernado por el radicalismo, el jefe comunal es Juan Manuel Ojeda, alfil de la ex vicegobernadora Laura Montero, y las bancas del HCD están repartidas entre el Frente de Todos (5) y Cambia Mendoza (4).
El reclamo es para que el Estado regularice la tenencia de las tierras de las familias que habitan los campos desde hace más de un siglo. Es decir que se revise la titularidad que dicen tener las empresas, que parte del Poder Judicial reconoce como dueñas de las tierras, que se sabe fueron adquiridas a través de procesos dudosos. Los puesteros aseguran que todo el departamento se reparte en no más de siete terratenientes.
El acoso de estas empresas a los puesteros ya es parte del paisaje, pero los sucesos de los últimos meses encendieron las alarmas. En septiembre, en plena cuarentena, y con los poderes públicos funcionando a medias, la familia Galdames Vázquez sufrió un violento desalojo, ejecutado por un delegado de Palauco SA, Sergio Rostagno, que terminó con la demolición de la vivienda y la familia en un calabozo. Rostagno contaba con una autorización judicial y sirvió de santo y seña para los demás latifundistas.
Los desalojos y la Ley de Arraigo
“Nuestro desalojo fue el 12 de septiembre y una semana después desalojaron a una familia de Trintrica, les prendieron fuego todo, unos días después les llegó el desalojo a una familia de apellido Gutiérrez de Malargüe, es como que con nuestro desalojo tomaron más fuerza”, relata Karen y explica que además de indagar sobre los adquisición de las tierras es necesario que los representantes se unan para hacer cumplir la nueva prórroga de la Ley de Arraigo.
Esto tiene que ver con la aprobación, votada el 6 de diciembre en el Senado de la Provincia, que le da validez a lo dispuesto por la Ley 6086, es decir, la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2022 de la suspensión de los procesos iniciados, cualquiera fuera su estado, incluidos aquellos que se encuentren en ejecución de sentencia.
El proyecto de extensión de la prórroga llegó a la Cámara Alta por iniciativa de la Senadora Andrea Blandini, del Frente de Todos, que al tanto de la deuda, y conociendo de la cuestión de fondo, el día de la aprobación sostuvo: “Es lamentable que aprobemos una deuda como políticos. Me enoja pensarlo que personas con alta vulnerabilidad hayan contactado a una senadora por esta iniciativa. Ni siquiera piden agua, piden que le escrituremos su tierra para la crianza de sus animales”.
La Ley de Arraigo Puestero fue sancionada en 1993 y reglamentada por decreto en 1996. En ella se establece “suspensión por dos (2) años todo proceso de desalojo, títulos supletorios, cuya finalidad sea la modificación de situaciones de ocupación efectiva, tenencia, o determinación de derechos, sobre los inmuebles de dominio privado del estado o de particulares, incorporados o que se incorporen en el futuro al programa previsto en la presente ley, cualquiera sea su estado, aún cuando se hallen en trámite de ejecución de sentencia”.
Lo concreto es que desde el año 1993 hasta la fecha hubo 10 prórrogas de Ley, pero ningún avance cabal sobre la titularización para las familias puesteras. La norma establece el espíritu una solución definitiva, sin embargo a 17 años de su sanción no hay una sola herramienta que sirva para hacerla efectiva.
Puesteros unidos
El problema alcanza también a las familias productoras de ganado caprino de San Rafael y General Alvear, es por esta razón que está en la voluntad de los crianceros malargüinos conformar un grupo asociado que represente a toda la zona Sur. “Somos muchas las familias que estamos reunidas, esperábamos mucha más gente en la marcha, el problema, la raíz de todo, es que la gente que tiene miedo no se animan a salir por temor a las represalias. Queremos conformar un grupo de puesteros del Sur, Alvear, San Rafael y Malargüe cosa de pelear con más fuerza”, expresó la joven mujer, quien adelantó que preparan una marcha para enero y ofreció su contacto para los y las interesadas en sumarse a la lucha en defensa de la tierra que los que la trabajan y habitan.
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