La administración Cornejo sumó ayer otro fracaso en el operativo de persecución sobre la organización social y política Túpac Amaru. El rechazo del Jury de enjuiciamiento a la denuncia contra la octava Cámara del Crimen resulta muy significativo en términos político-institucionales. Lo propio había logrado el fallo de la Cámara cuestionada en términos político-jurídicos. Ambas decisiones, contrarias al método disciplinador “al filo de la ley” del gobernador, provienen de instancias jerárquicas y, por lo menos, sugieren hartazgo a la metodología implementada desde Casa de Gobierno.
El Jury de enjuiciamiento descartó la denuncia que el Ministerio Público interpuso contra los integrantes de la octava Cámara del Crimen de Mendoza, Alejandro Miguel, Luis Correa Llano y Ramiro Salinas.
El asunto llegó a esta comisión tras la objeción planteada por la Procuración ante el fallo del tribunal que ordenó la liberación de los militantes de la Túpac. Con el visto bueno -cuando no explícito impulso– del jefe de los fiscales Alejandro Gullé y del mísmisimo gobernador, la fiscal Gabriela Chaves repasa el ábaco y calcula los minutos que restan a su derrumbe profesional definitivo.
Como EL OTRO informaba ayer, el gobierno de Cornejo viene ejerciendo una intensa y sostenida presión sobre el Poder Judicial, amenazando principios constitucionales básicos. En ese recorrido, el oficialismo poroteó con expectativa y confiado el resultado del Jury.
Sin embargo, once de los integrantes del Jury rechazaron la denuncia, mientras que fueron diez los que acompañaron la orden de Cornejo. La postura que se impuso contó con los votos de los seis legisladores del peronismo y cinco de los siete componentes del gobierno judicial. El gobernador recogió la unánime, aunque insuficiente, fidelidad de sus ocho subordinados y el aval de los jueces Llorente y Uliarte.
Si bien la disputa se preveía reñida, el gobierno esperaba otro comportamiento del tercio judicial que compone el cuerpo. En este sentido, es destacable que sean otra vez las mujeres quienes neutralizan de manera más firme la impronta machota del gobernador de Mendoza. Los votos de las camaristas María Gabriela Ábalos y Gladys Marzala fueron cruciales para que la denuncia sea archivada por el Jury y se restituyan ciertas garantías del orden constitucional.
El malestar por la definición se expresó en silencio por parte del mandatario. Fue el experimentado legislador radical Juan Carlos Jaliff el vocero de la bronca oficial. Sus declaraciones estuvieron acompañadas del tono sobre actuado de quien mordió el polvo y una sobreactuación que genera más dudas que certezas.
Un legislador tan avezado como Jaliff, siempre encargado de reunir quórum, votos y manos, ¿realmente hizo todo lo que debía para obtener una resolución favorable al interés del gobernador? ¿El resto de los legisladores radicales dejó cuerpo y alma para satisfacer al gran jefe? ¿Acaso el resultado adverso es producto de errores o ineptitud política del bloque radical?
¿O el horizonte 2019 sin reelección comenzó a licuar la hegemonía del gobernador? ¿El Poder Judicial ya hizo esta lectura también? Si así fuera, ¿ya no alcanzan las fuerzas o recursos para que el atropello y aleccionamiento a organizaciones políticas, sociales o sindicales sea tramitado por cualquier grosería jurídica?
¿Cornejo se entregará a un nuevo fracaso de la operación Túpac en el capítulo pendiente en la Sala Penal de la Corte? ¿Insistirá en su afán de ampliar la Corte para sumar más poder? ¿Chaves y Gullé se quemarán hasta el fin?
En todo caso, ¿existirá un espacio para la reflexión que le permita al gobernador asumir estrictamente el cumplimiento de su función y velar por la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho?
El voto de los integrantes del Jury:
Rechazaron la denuncia: Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Mario Adaro (Suprema Corte de Justicia), María Silvina Ábalos y Gladys Marsala (camaristas civiles) y las legisladoras Carina Segovia, Patricia Fadel, Samuel Barcudi, Lucas Ilardo, Eduardo Bauzá y José Muñoz.
Aceptaron la denuncia: Pedro Llorente (Suprema Corte), Roberto Arlington Uliarte (camarista penal que espera por su beneficio jubilatorio) y los miembros del poder legislativo Beatriz Varela, Daniela García, Juan Carlos Jaliff, Jorge Albarracín, Jorge López, Miguel Bondino, Jorge Palero y Emiliano Campos.
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