La incesante violencia contra las mujeres y su impunidad ya suscitó las primeras movilizaciones del año, por parte de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia Contra las Mujeres y Ni Una Menos, para evidenciar la negligencia con la que el Estado actúa frente a las denuncias de víctimas de femicidio, maltrato y violaciones. En Mendoza, la jornada de lucha del miércoles pasado comenzó en la madrugada con diez mujeres detenidas en el departamento de San Martín, por pegar carteles convocando a la manifestación, y continuó por la tarde con una concentración frente a Tribunales de Capital. Una vez más exigieron la renuncia de Levrino y Munives, ministro de Seguridad y jefe de la Policía, respectivamente.
Crónica especial de Malka Orozco Agudelo
Son cincuenta y tres los días que van del año y Argentina ya registra cincuenta y siete femicidios y travesticidios, de los que a Mendoza le corresponden tres víctimas, según datos del Espacio Feminista La Duarte: Karen Ponce, Margarita Zárate y David Calderón (diversidad). Y es que éstos nombres son más que números, detrás de ellos hay rostros ensangrentados de mujeres que fueron asesinadas pidiendo ayuda al 911, como Florencia Romano, o que denunciaron en más de una ocasión a su agresor, como Úrsula Bahillo, sin recibir respuesta o atención alguna.
Pero los femicidios no son los únicos crímenes que se cometen a diario contra las mujeres, según datos de 2019 de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), el 90% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, 40% de ellas menores de edad y uno de cada cuatro de estos delitos denunciados fueron violaciones. Aun así, se sabe que el 87% de las víctimas no denuncia, ya sea por desconfianza en las instituciones, minimización del hecho y/o ‘resolución por cuenta propia’.
El dolor e indignación que esto causa lo expresa Anahí, militante de Feministas Acorazadas, quien asegura que “tiene que haber otro abordaje, porque si no las chicas terminan así, con sus causas encajonadas, y mañana te las matan y ¿qué vas a hacer? ya está, ya te las mataron, no puedes hacer más nada, y la causa estuvo ahí parada. Todos los casos son lo mismo, hay denuncias previas, hay un montón de cosas previas, pero la justicia no hace nada”.
Úrsula, como muchas otras, aterrorizada por la soledad e impotencia ante la amenaza de su asesino, y la desprotección e indiferencia del Estado que debía resguardarla, ya presentía su muerte, y días antes escribió en sus redes sociales: “Si un día no vuelvo, hagan mierda todo”. Esa misma rabia e impotencia sienten las víctimas que luego de haber sido violadas y amenazadas por su agresor, y tras insistir infructuosamente en fiscalías y comisarías de policía, para que tomen medidas de acción y protección, terminan defendiéndose por mano propia, lo que evidencia el daño psicológico ocasionado por los hechos, y agudizado por el silencio e indiferencia de la justicia patriarcal cómplice, que pudo evitar un hecho más de violencia si hubiera actuado con diligencia y celeridad.
Y es que la indiferencia es violenta, y la violencia no puede sino generar más violencia.
Para frenar esto, organizaciones de todo el país, agrupadas en la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia Contra las Mujeres y Ni Una Menos –esta última congrega en Mendoza alrededor de setenta organizaciones– convocaron el pasado miércoles 17 de febrero a movilizaciones en todo el territorio nacional con el propósito de que el Estado asuma al fin su responsabilidad y se comprometa a ponerle freno a tanta humillación sometimiento y violencia, para comenzar a escribir una nueva historia en donde esta ola de misoginia no nos ahogue más.
No obstante, lejos de escuchar y recoger las demandas expresadas a través de las diversas manifestaciones, la reacción del Estado ha sido violenta y represiva. Según lo afirma Anahí: “El Estado no hace nada, el gobierno no hace nada, la policía no hace nada, siguen estando ausentes y nosotras tratando de ponerle el cuerpo como podemos, porque también nos exponemos, porque lamentablemente ya vemos lo que pasó en el Este, donde la policía termina reprimiendo por manifestarnos por las pibas que nos están matando todos los días”.
Anahí se refiere a la detención de diez mujeres en San Martín durante la madrugada de ese miércoles (00:40 hs.), quienes fueron aprehendidas mientras regresaban a casa después de una jornada de pega de carteles por las calles por donde pasaría la marcha ese día en la tarde, entre las que se encontraba Victoria Pérez, de la Coordinación Feminista del Este, quien relata que entre los carteles figuraban “las caras de los abusadores de los casos más recientes de la zona este, como es Panelo, Nazaretto y Tur”; con este último debieron compartir celda minutos después.
“Nos piden los documentos, nos los retienen. Nos piden que vaciemos todo lo que teníamos en la mochila. Nos sacan los carteles, se ponen a leer los carteles uno por uno. Nos preguntaron por dónde habíamos estado, les explicamos el recorrido que hicimos. Nos preguntaron si nosotras habíamos pintado en la jefatura de policía, nosotras les explicamos que no teníamos pintura; es más, no nos encuentran absolutamente ningún rastro de pintura, ningún aerosol, lo que dicen después los medios es absolutamente mentira, nosotras solamente teníamos bols y una jarra con engrudo, o sea, harina y agua, y los carteles. No teníamos absolutamente nada más”, recuenta Victoria.
Justo una semana antes había conocido a Victoria frente a la Oficina Fiscal N° 12 de San Martín durante una manifestación contra la violencia de género, en la que ella alzaba un cartel que rezaba: “La yuta no nos cuida, nosotras nos cuidamos de la yuta” y otras palabras se contorneaban desafiantes en un dorso sobre el que se leía: “A mí me cuidan las pibas, no la policía”; palabras con una lógica profética atemporal en este país, y en muchos otros de Nuestramérica.
Ni ella ni yo imaginamos en aquel momento que ese sería el mismo lugar en la que la mantendrían detenida injustificadamente una semana después de conocernos, por más de doce horas, junto a cinco de sus compañeras de militancia, pues de las otras cinco, tres fueron llevadas a la Comisaría de Palmira y dos a la Comisaría de Montecaseros, pese a que cuando fueron aprehendidas se encontraban a pocas cuadras de la Oficina Fiscal N° 12.
“La verdad que fueron doce horas horribles, horribles, no sabíamos dónde estaban nuestras compañeras, no sabíamos cómo la estaban pasando (…) fue indignante ver la rapidez con la que se movieron, la cantidad de efectivos policiales, por sólo diez chicas pegando carteles, porque realmente no habíamos pintado nada. Y así hubiésemos pintado lo que sea que hayan pintado, tampoco era necesario, no era para movilizar siete efectivos de la policía, dos móviles, una camioneta, un furgón y tenernos doce horas encerradas”, expresa Victoria.
Además, relata que, al llegar a la comisaría, “la policía nos reconoce a dos de nosotras y nos dice – ¡Ah! ustedes habían venido el otro día, si son las del pañuelito –y se comenzaron a reír”. Pero el cuadro de indignación y humillación no cierra ahí para estas mujeres, pues su compañero de celda, un abusador al que denunciaban, “se fue incluso antes de nosotras, y cuando a nosotras nos llaman a declarar arriba con el ayudante fiscal, teníamos al lado a Florencia que era la chica que había realizado la denuncia contra Ezequiel, y que era la tercer vez que la citaban”.
Sólo hasta después de las ocho de la mañana, momento en que los organismos de derechos humanos intervienen y hacen presencia, es que se logra ejercer presión y acelerar la liberación de las mujeres, a quienes pretendían mantener en el calabozo por quince horas más. Aunque ahora las compañeras se encuentran en libertad, están falsamente imputadas por daño a la propiedad privada, según informa María Emilia Alin, vicepresidenta de la Asociación Hermanadas, quien se sorprende de cómo “no hay celeridad en los procesos judiciales (contra femicidas), en cambio con las compañeras hubo absoluta celeridad para imputarlas”.
Vemos así como nuestro sistema jurídico sigue priorizando los derechos subjetivos por sobre los derechos humanos –como lo es el legítimo derecho a la protesta social–, reduciéndolos a una mercancía a la que sólo aquellos que ostentan capacidad económica y poder, pueden disfrutarlos.
Al final “Nos pintaron los dedos, nos pidieron antecedentes, nos hicieron una causa y lo peor de todo fue que no nos quedó otra que firmar un papel, obviamente para que nos dieran la libertad, dejamos disconformidad, pero en el papel básicamente estaba sentado que habíamos sido nosotras las que habíamos pintado”, cuenta Victoria con voz temblorosa que denota una combinación de miedo, rabia e impotencia ante lo ocurrido.
Lo narrado por Pérez es apenas una muestra de cómo la policía maltrata y humilla sistemáticamente a las mujeres que se movilizan por exigir sus derechos. No son hechos aislados, ni los funcionarios que humillan son manzanas podridas de la institución, son vicios institucionales que quedaron de las prácticas despóticas, totalitarias y opresoras de la dictadura, aún presentes hoy entre los aparatos de fuerza del Estado. Los genocidas y femicidas están ahí, nunca se han ido. Una reforma judicial y policial es imperativa. Asimismo, es urgente cambiar el enfoque de la justicia, desde una punitiva hacia una preventiva.
No obstante hacen falta otros cambios, “necesitamos que la personas empiecen a tomar conciencia (…). Estamos en una sociedad que hoy en día llora una pared y no una piba que matan, es totalmente triste, es ridículo, entonces tiene que cambiar esa mentalidad”, dice Anahí, y agrega Rocío Jazmín Escobar, integrante de la Corriente Clasista Combativa, que “también necesitamos otra educación para les pibes que están creciendo el día de hoy, con menos violencia, más amor, más comprensión, más contención. No enseñarle a la nena que el nene que le molesta en la escuela, le pega, es porque le gustás, porque le estás enseñando que la violencia es sinónimo de amor”.
Entretanto, mientras no paren las violencias contra las mujeres, las movilizaciones en las calles convocadas por ellas tampoco pararán. “Lo de hoy acá en Tribunales es la primera convocatoria del año, y seguramente no va a ser la última, vamos a hacer más, y ahora ya arrancamos con las asambleas de cara al 8M para organizar un buen paro, una buena huelga feminista acá en la provincia”, adelanta Silvia Fernández, integrante de Ni Una Menos Mendoza.
Y lo confirma Anahí, al expresar que “las calles han sido tomadas históricamente como herramienta de lucha, porque es en las calles donde nos matan, donde nos levantan para secuestrarnos y después llevarnos a la trata; por lo tanto, es en las calles donde nosotras tenemos que demostrar fuerza, porque es de donde nos quieren correr y es a donde nos quieren callar. Cada vez que nosotras hemos hecho manifestación en la vía pública, cada vez que nosotras salimos, tenemos represión de la policía, entonces es ahí donde tenemos que hacer hincapié, desde donde nos quieran quitar. Ya nos callaron históricamente, siempre nos quemaron, nos mataron, nos hicieron de todo. Bueno, llegó el momento de las mujeres, de las disidencias, (la calle) es nuestro lugar, es el único que hay”.
Bajo este panorama la agenda feminista del 2021 la va a escribir la lucha contra las violencias hacia las mujeres y diversidades, pues mientras las estructuras patriarcales quieran seguir imponiendo su visión de mundo autoritario, uniformado y heteronormado, habrán mujeres que no escatimarán en resistir. La exigencia hoy en Mendoza es que Raúl Levrino, ministro de Seguridad de la Provincia, y Roberto Munives, jefe de la Policía de Mendoza, renuncien.
No bastará con que pongan mujeres, porque cuando “pedimos mujeres nos referimos a mujeres con perspectiva de género, mujeres que no revictimicen, que de verdad se ocupen y que entiendan que una denuncia puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte para una piba”, pues mientras marchábamos, a Miriam Beatríz Farías se le extinguía la vida porque su pareja había decidido quemarla, cual inquisidor, el 14 de Febrero, ‘Día de los Enamorados’.
