Un memorándum de la DGE propone conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, pero sin enseñar el significado histórico del 24 de marzo.

Fotos: Coco Yañez

Mediante un memorándum, la Dirección General de Escuelas instruyó a las direcciones de todos los niveles y las inspecciones general, regionales y seccionales, acerca de las características que deben tener las clases alusivas y actividades relacionadas a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En ese comunicado, firmado por las subsecretarias de Gestión Educativa (Mónica Coronado) y Planeamiento y Evaluación (Emma Cunietti), se establece una serie de pautas que deben seguir todas las escuelas de la provincia. Además de la realización obligatoria del acto escolar, “durante los días previos a esta fecha (por el 24 de marzo) se realizarán clases alusivas y actividades relacionadas que serán organizadas por las autoridades de los establecimientos educativos de la DGE, de forma tal que los estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, profundicen en el conocimiento y significado de la fecha”, señala el documento oficial.

Sin embargo, el mismo memorándum, lejos de ahondar en la transcendencia histórica del 24 de marzo, propone pensar en base a las preguntas “¿Cómo fortalecer la ciudadanía en y desde las escuelas?” o “¿Cómo convertir el aula en una espacio que contribuya a formar ciudadanía, plena, responsable y democrática?”.

Hablemos de cosas lindas

Para esta “bajada de línea” de la DGE, en lugar de reflexionar y aprender sobre la fecha y el contexto en que se produjo el inicio del genocidio cívico militar más atroz de nuestra historia, las maestras y profesores deben “ejercitar” a sus alumnos y alumnas en valores democráticos, prescindiendo del pasado que se conmemora.

En la onda del negacionismo y el reemplazo de animales y paisajes por personajes y sucesos de la historia, esta perspectiva del gobierno escolar mendocino plantea abordar la “Constitución Nacional en sus Art. 14 y 14 bis y en los tratados y declaraciones internacionales”, y el concepto de “escuela inclusiva” e “inmersa en el contexto social, cultural y regional”, pero sin traspasar las fronteras temporales del presente. 

Además, las instrucciones de la cartera de Jaime Correas remiten a los/las docentes a un documento de base del gobierno nacional. La publicación “A 40 años del golpe…” sugiere, entre otras cosas, el desafío de “construir, después de la experiencia del terror, modos de vida que vayan más allá de los tiempos repetitivos del trauma”. Es decir, esquivar conceptos claves, aunque al parecer incómodos, como genocidio, dictadura cívico-militar, plan sistemático de desaparición de personas, economía neoliberal, Plan Cóndor, secuestro, tortura, apropiación de bebés nacidos en cautiverio, identidad, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, proceso de memoria verdad y justicia, juicio y castigo a represores, etc.

Vaivenes a la derecha

Esta línea de la DGE es consecuente con la postura que adoptó su titular Jaime Correas desde los comienzos de la nueva gestión. A poco de asumir, ordenó desarticular el programa provincial Educación y Memoria (correlato de una experiencia similar del gobierno nacional), destinado fundamentalmente a la formación de docentes en la construcción social de derechos humanos en las escuelas.

Lo que debiera ser una política de Estado independiente de los colores partidarios, tuvo un accidentado devenir en los últimos años. Funcionó a pleno en 2007 y 2008, durante la gobernación de Celso Jaque, pero fue el mismo mandatario quien posteriormente lo congeló. Más de 230 educadores mendocinos de escuelas primarias, secundarias e institutos de nivel superior participaron en cursos de formación con puntaje, acreditados por resolución de la propia DGE.

Francisco Pérez, sucesor del peronista Jaque, reactivó la iniciativa, en el marco de la política nacional de derechos humanos del gobierno de Cristina Kirchner. Si bien no forma parte central de su administración, la actual gestión del presidente Mauricio Macri decidió no recortar este programa específico que sigue funcionando en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación. Sin embargo, en Mendoza, Cornejo y Correas sí pudieron.