Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Cervantes, del distrito Jocolí Viejo de Lavalle, realizaron este martes una protesta para exigir al Gobierno Provincial que mejore las condiciones del establecimiento. El principal problema que denuncian es la saturación del sistema cloacal, que hace que las aguas servidas inunden el patio donde niñas y niños transitan diariamente, y que los baños se encuentren en riesgo de derrumbe. Una vez más las y los mendocinos invisibilizados cuestionan en las calles el relato del gobernador Rodolfo Suarez, quien hace exactamente diez días mintió en la Legislatura al afirmar que “tuvimos uno de los mejores arranques de ciclo lectivo, con sólo cuatro establecimientos que no pudieron comenzar con el dictado normal de clases”. Información oficial confirma que la Subsecretaría de Infraestructura Escolar subejecutó las partidas presupuestarias que se le asignaron en 2020 y 2021. La pésima gestión no utilizó durante el año pasado más de 120 millones de pesos destinados a reparar escuelas.
Por Redacción EL OTRO
¿Clases con normalidad?
Los graves problemas de la escuela primaria Cervantes, situada a 6 kilómetros de Villa Tulumaya, la ciudad cabecera del Departamento de Lavalle, son similares a los que sufre un número considerable de edificios educativos en toda la Provincia. Realidad que desconoce o niega el gobernador Rodolfo Suarez, quien aseguró, en la Apertura Legislativa del 1° de mayo, que el arranque del ciclo lectivo 2022 había sido “uno los mejores”, en cuanto al estado de la infraestructura escolar.
Detrás de la opinión ficcional del mandatario, los números evidencian una sistemática reducción presupuestaria que se refleja en consecuencias estructurales que saltan a la vista de estudiantes, padres, madres, trabajadoras y trabajadores de la educación que cotidianamente deben lidiar con deficiencias en construcciones, redes eléctricas, instalaciones de gas, filtraciones de agua, precariedad sanitaria, etc.
En febrero, en el inicio del ciclo escolar, EL OTRO visibilizó la situación de otra escuela de Lavalle, la Simón Chaves del distrito El Vergel, la que no pudo abrir sus puertas debido a una demora de dos años en las reparaciones que, a cuenta gotas, se realizaron en ese establecimiento. La publicación de este diario provocó que numerosos lectores y lectoras nos enviaran imágenes de deplorables condiciones en distintos edificios de la provincia que contradijeron el relato oficial de “normalidad” propalado por esos días por el director general de Escuelas, José Thomas, y los medios de comunicación afines al Gobierno de Mendoza.
Insalubres e inseguras
En diálogo con EL OTRO, una de las madres de la comunidad de la escuela Cervantes contó que el agua de los baños sobresale, que no hay lugar donde hacer pozos para descomprimir el sistema cloacal, que los sanitarios están a punto de desmoronarse, que peligra la caída del techo de los mismos y que, sin embargo, las autoridades de la escuela les exigen a las y los alumnos que asistan al establecimiento. “Quieren que nuestros niños anden por entremedio de esos fluidos que corren por el patio”, resumió la mujer que participó de la protesta para reclamar que se arreglen las instalaciones, y así garantizar el elemental derecho a la educación en condiciones dignas.
Además de su testimonio, la mujer envió a este medio fotografías y videos que confirman sus dichos y grafican el estado deplorable del edificio escolar al que asisten alrededor de 250 estudiantes de Nivel Primario. Situación crítica que viene agravándose, no obstante los reclamos de mejoras y ampliaciones de infraestructura que “desde hace veinte años” realiza la población de Jocolí Viejo.
Video publicado por EL OTRO el 21 de febrero de 2022.
El Gobierno minimiza el déficit estructural, reitera que en la actualidad hay 200 escuelas que necesitan reparaciones, promete que las arreglará durante este año, y deslinda sus responsabilidades en los municipios. En cambio, desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SUTE) señalan que hay falta de inversión en infraestructura, y aseguran que la cantidad de edificios deteriorados por falta de mantenimiento supera ampliamente lo reconocido por la Dirección General de Escuelas.
Mentir no es de buena educación
Paradójicamente, la información presupuestaria de la DGE desmiente el cuento de la DGE. Y esta vez no lo dice una comunidad educativa, ni el sindicato docente, ni una investigación de EL OTRO. Lo reconoce el oficialista diario El Sol, que publicó ayer datos oficiales demostrando que la Subsecretaría de Infraestructura Escolar subejecutó las partidas presupuestarias que se le asignaron.
El artículo periodístico de Florencia Martínez del Río señala que esta dependencia dispuso de casi 619 millones de pesos en 2020, pero que sólo gastó el 84% de ese presupuesto asignado. Irresponsabilidad que se reiteró el año pasado ya que, si bien la Legislatura votó una inversión de 1100 millones de pesos, el Gobierno ejecutó el 89% de ese monto.
Es decir, la pésima gestión de Mendocita impidió que más de 120 millones de pesos fueran utilizados para arreglar las escuelas en 2021. Dinero más que suficiente para resolver necesidades urgentes de comunidades que, lejos de ser invisibles, están más allá del radar negacionista de la DGE.
