Así estamos: Ignacio Irañeta, exjugador de Independiente Rivadavia, imputado desde el año 2019 por “abuso sexual gravemente ultrajante” contra su sobrina de 3 años, se encuentra a un paso del banquillo de los acusados, luego de que fuentes cercanas a la investigación informaran que “están en instancia de que la causa sea elevada a juicio”. Julio Ernesto Fiore, subdirector de Espacios Verdes de Guaymallén, sigue trabajando en la comuna donde una administrativa lo denunció tras sufrir  acosos sexuales, hostigamiento, maltrato laboral y amenazas, mientras que a la víctima le siguen reteniendo sus haberes. Ceferino Sánchez, encargado de Compras y Suministros del Instituto Universitario de Seguridad Pública, quien cuenta con una condena por ejercer violencia machista contra una exempleada y, además, ha sido denunciado por otras trabajadoras por ser víctimas de su violencia patriarcal, sin ser sumariado y lejos de proteger a las mujeres, desde el Instituto se decidió el traslado de Liliana Sánchez, una de las denunciantes, para “minimizar” el conflicto. El caso de Paola Legay, la primera mujer bombera de la policía provincial que denunció a sus superiores por violencia de género e institucional en el año 2006, vuelve a resonar, ya que por estos días su caso se trata en la Legislatura, donde se votó a favor de que se pidan informes al Ministerio de Seguridad sobre su despido en la Fuerzas de Seguridad.

Por Milagritos Contreras

Ignacio Irañeta

Foto: Seba Heras

Ignacio Irañeta, ex jugador del club Independiente Rivadavia de Mendoza, está a un paso del banquillo, luego de que el 29 de enero del 2019, fuera imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante” contra su sobrina de 3 años. La denuncia fue realizada por Carolina Serniotti, madre de la víctima, y de acuerdo a lo informado por fuentes cercanas a la investigación, no queda mucho para cerrar la etapa de producción de pruebas, por lo que la causa ya se encuentra en instancia para ser elevada a juicio.

Recordemos que Ignacio Irañeta luego de ser denunciado ante el Poder Judicial, estuvo prófugo durante casi un mes, con pedido de captura nacional e internacional, sin embargo, la (in)Justicia dispuso su libertad bajo fianza, fijada en $500 mil. Desde entonces el proceso judicial continuó su curso y la condena que podría recibir Irañeta es de 4 a 10 años de cárcel.

Mendoza Post | 18 de enero de 2019 Captura de pantalla

Tal y como lo habíamos anticipado en su momento, el jugador fue finalmente desvinculado de La Lepra, cuando ya era notorio el gran clima de descontento que se vivía por esos días en el club. Precedieron a este suceso, el escandaloso contrato de Irañeta por parte de Huracán Las Heras, lo que derivó en un repudio masivo de mujeres, organizaciones feministas, y la sociedad en general, por lo cual fue inmediatamente separado del club.

Llegando a esta etapa, ha sido grande la lucha que dieron las mujeres para no permitir que el caso quede impune, ya que fueron constantes los intentos en medios de comunicación de ignorar la gravedad del hecho, incluso intentando hacerle un “lavado de cara” al ex jugador de Independiente Rivadavia.

Foto: Seba Heras

La defensa del imputado no se ha quedado atrás al pretender obstaculizar el avance en la causa, no sólo pidiendo el sobreseimiento, lo cual en su momento fue rechazado por el Tribunal, sino también como ocurrió recientemente al solicitar una inspección ocular al departamento donde vivía Irañeta al momento de los escabrosos hechos, según informan fuentes cercanas al caso. Sin embargo, vale destacar que esta última solicitud no es una prueba relevante al ser algo extemporáneo, ya que fue en 2019 cuando se radicó la denuncia, y no se modificaría nada de lo que la víctima ya ha declarado incluso contando con una Cámara Gesell como prueba sustancial.

Como sociedad debemos estar alertas para que sucesos como éstos no queden impunes, para que realmente la Justicia haga lugar verdaderamente a los pedidos de mujeres, niños, niñas, adolescentes y disidencias, ya que una Justicia que revictimiza no es Justicia, una Justicia lenta mucho menos.

Foto: Seba Heras

Los derechos humanos son para todos, todas y todes, que las argucias procesales cometidas por parte de la defensa de Irañeta no sigan desgastando a quienes denuncian, para sostener la impunidad.

En pocas palabras, aún estamos a la espera de que la causa se eleve a juicio, mientras que Irañeta sigue gozando de libertad, todavía hay una menor esperando por justicia y una madre que sigue siendo revictimizada y violentada por el propio Poder Judicial.

Julio Ernesto Fiore

El pasado 18 de mayo nuestro diario publicaba la denuncia penal y administrativa contra el subdirector de Espacios Verdes de Guaymallén, Julio Ernesto Fiore. Susana Lunardi, trabajadora del Municipio, relataba a este diario el infierno en que se transformó su vida, a partir de sufrir constantes acosos sexuales, hostigamiento, maltrato laboral, y permanentes amenazas de ser despedida.

A pesar de que el intendente de la Municipalidad de Guaymallén, Marcelino Iglesias, tomó conocimiento de este gravísimo caso, fue más fuerte su silencio violento y patriarcal, como acostumbran varios funcionarios del radicalismo.

Foto: Coco Yañez

Lunardi, quien se desempeña laboralmente desde hace 21 años en el municipio, radicó la denuncia en la Oficina Fiscal N° 8 de Guaymallén y en la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza.

La mujer, que se encuentra con licencia psiquiátrica debido a los daños que padece, sufre prácticas revictimizantes por parte de la Municipalidad de Guaymallén, ya que hace más de cuatro meses le suspendieron el pago de sus haberes. Sin embargo, desde el año 2018 la comuna se jacta mediáticamente de ser el primer departamento de la provincia que cuenta con una ordenanza que prevé sanciones contra el acoso en la administración pública. Total paradoja, cuando lo que hacen con esta actitud frente a la víctima no es más que encubrir violentos, por supuesto violando descaradamente leyes a nivel nacional que ratifican su total rechazo hacia la violencia de género.

Foto: Coco Yañez

Como mencionábamos en la publicación del 18 de mayo de este año, esta situación llevó a que el actual abogado de la víctima, Carlos Vega, le envíe un escrito formal a Carlos Gatica, subdirector de Recursos Humanos del Municipio, para comunicarle sobre la situación violenta que tuvo que atravesar su representada por parte de Julio Ernesto Fiore. Según relata Vega a EL OTRO, la situación de Susana no dista mucho de lo que era meses atrás:Estamos esperando que la Justicia Penal le reenvíe el expediente. He pedido que se vuelva a requerir la documentación solicitada. De la ART tampoco tenemos respuestas”.

“Susana continúa sin percibir sus haberes. Y del municipio aún no les responden, sigue todo igual por esa parte”, señala el abogado en cuanto al destrato que recibe Lunardi.

Foto: Cristian Martínez

“Desde la Justicia demoraron un año en mover el expediente con la denuncia, y solamente lo empezaron a mover cuando empezamos a hacer la denuncia externa; es decir la denuncia  en los medios y todo lo demás. Ahora sí están preocupados, pero se tardaron un año porque el tipo es un protegido de Iglesias, eso es claro”, sentenció a EL OTRO, Víctor Hugo Dagfal, secretario general del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea), tras referirse a la impunidad que goza Julio Ernesto Fiore dentro de la comuna guaymallina.

Según el testimonio de la víctima, los acosos comenzaron en 2017 y luego se intensificaron, llegando a noviembre de 2019 a un empeoramiento del trato de Fiore hacia Lunardi, con aproximaciones físicas y compulsivas, tales como abrazos no consentidos y manoseos, además de palabras obscenas. Ya en los primeros días de enero del 2020 se produjo una de las conductas de abuso más graves por parte del jefe municipal hacia Susana, quien fue tomada por la fuerza y obligada a soportar un beso del agresor. Los abusos sucedieron en Avenida Mitre 510, de Buena Nueva, en un total hacinamiento al momento de desarrollar sus horas de trabajo y en condiciones totalmente insalubres, que atentaban incluso contra la propia vida de la víctima.

No sólo el ambiente que vivía la trabajadora administrativa era vergonzosamente machista, sino que además la violación de sus derechos fue completa, ya que, abusando de posiciones de poder, la sobrecargaban de trabajo con tareas que no le correspondían, llevándola así a una constante explotación laboral. Llegada la pandemia, la modalidad de trabajo cambió para Susana, lo cual en su caso no le daba el tiempo ni para almorzar, según narraba a nuestro diario.

Tras los sucesos traumáticos que padeció Lunardi, continúa tomando medicamentos indicados por su médico. Y aunque Fiore ha sido denunciado penal y administrativamente, el cinismo, la complicidad y la hipocresía con los que responde la Municipalidad de Guaymallén, conducida por Marcelino Iglesias, son verdaderamente descabellados.

En los hechos, mientras Susana se animó a denunciar y hasta continúa sin percibir sus haberes, el violento sigue en su cargo impunemente.

Ceferino Sánchez

Alfredo Cornejo y Ceferino Sánchez

En el año 2018, Ceferino Sánchez, encargado de Compras y Suministros del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), fue acusado penalmente por lesiones leves dolosas en concurso real con amenazas simples contra una empleada de esa institución a la cual estuvo acosando sexualmente por varios meses. Tal como se informó en investigaciones de EL OTRO, la Justicia dictaminó que Sánchez ejerció violencia machista contra Linda Martínez, la denunciante.

Además, el Poder Judicial condenó al dirigente de la UCR de Maipú a reparar económicamente a la mujer que sufrió daños y perjuicios. Pero no es la única denuncia que pesa sobre Sánchez, como lo hemos difundido en este medio, ya que otras trabajadoras también lo acusaron por ejercer violencia machista y hostigamiento laboral.

Ceferino Sánchez (izquierda) en la asunción como presidente de la UCR Maipú. Foto de archivo: UCR Mendoza

Liliana Sánchez fue una de las trabajadoras del IUSP que en su momento se animó a denunciar la violencia patriarcal de la que han sido víctimas varias mujeres dentro de la institución. Los testimonios son muy similares, han tenido que padecer y en muchos casos -directamente o indirectamente- continúan sufriendo las prácticas diarias de estos violentos, en forma de hostigamiento, acoso, amenazas de múltiples formas con el objetivo de aislarlas de sus respectivas tareas o funciones.

En el caso de Liliana, la situación sigue siendo grave ya que -según relata en una entrevista reciente realizada por este diario– terminaron trasladándola de institución como una nueva manera de demostrar el apoyo del Instituto Universitario de Seguridad Pública hacia el violento de Ceferino Sánchez, junto a todo el entramado machista y cómplice que lo sostiene.

“Me trasladaron a la Facultad de Derecho para aislarme del conflicto, pero el dolor lo causaron y sentís que perdiste. No sólo es eso, sino que cuando pregunto en el IUSP si le hicieron sumario, la respuesta sigue siendo negativa ‘Aún no’, me dicen. En eso veo objetivamente que realizar una denuncia por violencia es un error cuando tienen poder, porque son impunes y eso provoca náuseas. Hoy después de tanto tiempo no sólo existe ese recuerdo horroroso, sino que adquirí gastritis, insomnio y pánico. Siguen los violentos con poder, sentados en el mismo lugar y las víctimas seguimos como podemos”, denuncia Liliana Sánchez, quien se desempeñaba en el área de Biblioteca del Instituto.

De acuerdo a lo relatado por la extrabajadora del IUSP, la situación en ese espacio laboral era muy difícil de sostener, ya que en lugar de retirar del cargo al agresor la seguían exponiendo constantemente. “No podía usar el baño destinado al resto de mis compañeras, sino uno alejado que compartía con los policías, porque el baño para el personal se encuentra en el mismo pasillo dónde está su oficina (por Sánchez), tampoco podía salir a comprar alguna merienda para no cruzármelo. Recuerdo una vez que me encontraba esperando en el hall para hablar con los directivos y él desde la puerta de su oficina me simulaba un corte con una mano en su cuello. Obviamente derivó en una denuncia con testigos, pero estos últimos no fueron a declarar”, recordó angustiada la trabajadora, para referirse además a que la obligaban a lavar su taza y utensilios en el mismo baño de policías, como una forma de ‘cuidarla’, según lo mencionado por autoridades del IUSP, para evitar el contacto con Ceferino Sánchez.

Liliana afirma que “a Ceferino sólo le modificaron el horario de ingreso y egreso para que no se cruzara con las denunciantes”. Por su puesto, una forma de cuidar bastante alejada de lo que establece la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales.

“Lo que más me inquieta –continúa la trabajadora- por decirlo en forma sutil, es la forma de mi traslado ya que no puedo pedir una mejora salarial al desempeñarme en otro lugar. Al frente de la oficina que sostuve tanto tiempo se encuentra una compañera, otra denunciante, que por razones de seguridad ocupó mi lugar, ya que su oficina se encontraba a metros del agresor”.

El intendente de Godoy Cruz T. García Salazar junto a Ceferino Sánchez y Néstor Majul en el acto de asunción de Sánchez a la presidencia de la UCR Maipú en febrero de 2020. Foto: Instagram UCR Comité Maipú

Finalmente Liliana Sánchez tuvo que acercarse al Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, institución que había brindado apoyo desde un principio a las mujeres afectadas por el violento, para ponerles al tanto de su situación: “De forma inmediata la secretaria académica, Dolores Lettelier, dispuso un lugar para mí dentro de la Ciudad Universitaria. En marzo salió mi traslado en concepto de ‘comisión’, algo así como cuando trasladan a un policía a otra dependencia, o sea que el IUSP me paga y yo cumplo funciones en otro lugar”.

Ceferino Sánchez continúa como encargado de Compras y Suministros del Instituto Universitario de Seguridad Pública, mientras que las víctimas tras denunciar a su agresor, se vieron expuestas y aún siguen en la misma situación, pese haber acusado al Estado provincial de irresponsable, por no tomar cartas en el asunto cuando recurrieron a los organismos correspondientes y expusieron sus relatos.

Foto: Ministerio de Seguridad

El desamparo sigue siendo total mientras el violento continúe ejerciendo funciones dentro del mismo Instituto, cuando el ambiente hostil, que permanentemente lo encubre, les impone castigos, como le ocurrió a Liliana Sánchez, que no sólo fue obligada a trabajar en condiciones insalubres sino que además la trasladaron de establecimiento para, hipócritamente, intentar ‘apaciguar’ el conflicto en el que se encuentra involucrado Sánchez.

Pero además no hay mayor doble moral que considerarse “feminista”, como lo hace la abogada Paula Vetrugno, directora de la Diplomatura de Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia del IUSP, cuando defiende a violentos y hace la vista gorda ante la causa por la que debe abogar.

Foto: Gobierno de Mendoza

Para rematar, recientemente Vetrugno, junto a Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad; Emiliana Lilloy, funcionaria acomodada en la Corte; Enrique Thomas, apologista del gatillo fácil; y la negacionista Hebe Casado acompañaron a Patricia Bullrich en su visita a Mendoza. Como parte de la agenda de campaña presidencial, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri disertó, el pasado 13 de junio, sobre políticas de género y diversidad, en un encuentro del Instituto Universitario de Seguridad Pública.

El entramado machista, cómplice, hostigante y patriarcal que sostiene aún el Ministerio de Seguridad en nuestra provincia es realmente escalofriante ante los ojos de quienes deciden alzar su voz. Y aunque la angustia y el dolor se vean reflejados en los relatos de cada víctima, subsiste la necesidad y la insistencia de luchar por una Justicia con perspectiva de género que verdaderamente defienda a las mujeres.

Caso Paola Legay: El Ministerio de Seguridad debe responder ante la Legislatura

Foto: Coco Yañez

Como lo hemos publicado en ediciones anteriores, Paola Legay es la primera mujer bombera de la policía provincial que denunció a sus superiores por violencia de género e institucional en el año 2006. A partir de ese momento inició un largo camino en la defensa de sus derechos que incluyó un dictamen favorable del INADI en el 2011, y derivó en una medida cautelar resuelta en diciembre de 2012 por la jueza Graciela Beatriz Simón, a cargo del Tribunal de Gestión Asociada Nº 1.

Desde el año 2012 la doctora Carolina Jacky la patrocinó legalmente, a partir de las constantes revictimizaciones sufridas en distintas instituciones. Sin embargo, luego de que el 15 de octubre del año pasado el gobierno de Rodolfo Suarez avalara por medio de un decreto su despido de las Fuerzas de Seguridad, decidió no continuar más con su reclamo por intermedio de abogados, pero sí llevarlo a la Legislatura Provincial, mediante el apoyo de la diputada provincial Laura Chazarreta. Hoy su caso se trata en la Comisión de Derechos y Garantías, donde se ha votado a favor de un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Provincia acerca de este despido.

Roberto Munives. Foto: Coco Yañez

Paola ingresó a la Policía de Mendoza en el año 1997, para el año 2003 ya se había titulado como técnica en Seguridad Ciudadana con la categoría de oficial, por lo que no pasó mucho tiempo para que luego consiguiera la licenciatura. Pese a las constantes revictimizaciones, al infierno que tuvo que atravesar ejerciendo como oficial de la Policía, decidió avanzar en su formación y continuó la Licenciatura en Psicología, profesión que actualmente desempeña.

El jefe de Policía de la gestión Cornejo, Roberto Munives, fue blanco de denuncias por agredir a mujeres o encubrir a agentes violentos. En este sentido, Legay  fue una de las mujeres policías que incansablemente arremetió contra el doble discurso de Munives: “Mi abogada (Carolina Jacky) había pedido adherir a la licencia que ofrece la ley 26.485 y por ello la jueza me mandó a examinar por el Cuerpo Médico Forense, que dictaminó que no estoy en condiciones psicológicas ni anímicas para estar en la policía. Entonces el Ministerio de Seguridad directamente me dio de baja después de 21 años de servicio. Con la firma de Venier y Munives me dejaron en la calle”.

Foto: Coco Yañez

Por estos días el caso de la exoficial del Cuerpo de Bomberos vuelve a ponerse en agenda, y es que en diálogo con EL OTRO, Laura Chazarreta, diputada provincial, detalló cómo se están organizando para abrir el debate en la Legislatura por este caso: “En la Comisión de Derechos y Garantías se votó a favor del pedido de informes al Ministerio de Seguridad, para que también nos informen y nos remitan todas las actuaciones para saber cuál es, sobre todo, la causa del despido. Es decir, que nos manden la información del sumario administrativo”.

“Además –continúa Chazarreta- la idea es armar una mesa de trabajo, porque justamente nosotras venimos denunciando que existen muchas mujeres policías en la misma situación. Mujeres que cuando denuncian una situación de acoso, abuso, las terminan trasladando, por ejemplo. Lo que haríamos sería trabajarlo en una mesa con todos los asesores y asesoras de la Comisión y las diputadas y diputados con el fin de que se pueda hacer, ya sea una resolución o algún proyecto de ley, que tienda a mejorar estas situaciones dentro de las fuerzas, aplicando un protocolo. En el pedido de informes de Paola Legay se solicita que se informe qué protocolo se aplicó, si las personas están capacitadas en cuanto a la Ley Micaela. También se pide informes de las actuaciones que en su momento llevaron a cabo la Dirección de Mujeres de la Provincia y de la Corte”.

Paola Legay (derecha) en una de las marchas de las Madres de Plaza de Mayo. Foto: Coco Yañez

“Si yo me rescaté de tantos infiernos a lo largo de 12 años, vos también podés, sin vergüenzas y con todo el amor propio del que cada ser humano es capaz de brindarse”, afirmaba Paola Legay en el año 2017, luego de contar su testimonio en primera persona para nuestro diario.

Harta de las trabas burocráticas, pero sosteniéndose aún en su familia, amigues, afectos, Paola hoy insiste en su compromiso de justicia social con perspectiva de género, y en que su caso sea un granito de arena para que otras mujeres policías se animen a denunciar la violencia patriarcal que sufren a diario.