Hugo Díaz Broullond, director de la Red Prestacional de OSEP y su esposa, la magistrada María Alejandra Ferrer, denunciaron un robo en su domicilio de 100 mil dólares, valiosas joyas y relojes. Sin embargo, ese patrimonio atesorado en la casa particular no figura en la declaración jurada de bienes de la oficina anticorrupción, ni en la Suprema Corte de Justicia. Según el matrimonio, la mayor parte del dinero sustraído serían ahorros de su hija.

Investigación especial de EL OTRO

Foto: Facebook Hugo Rubén Díaz Broullond

El 14 de noviembre pasado, diferentes diarios mendocinos informaron, con textos similares y la misma fotografía, que un propietario de una vivienda ubicada en la calle Martín Zapata de la Ciudad de Mendoza fue víctima de un robo de 100 mil dólares y 10 relojes de oro.

“El hecho se produjo entre la tarde del viernes y la madrugada de hoy sábado, cuando delincuentes ingresaron a este domicilio en el que no había nadie. El que se dio cuenta que estaba la puerta abierta y llamó al propietario fue el repartidor de soda que llegaba a la casa para hacer la entrega semanal”, informó diario Uno y aseguró que la fuentes policiales señalaron que “el domicilio no cuenta con alarma, cámaras, ni seguro”

Captura de pantalla: Los Andes | 14/11/2020

En tanto que diario El Sol precisó: “La vivienda se encontraba revuelta (con signos de que buscaron elementos en particular) y (el propietario) decidió ir hasta el sector donde guardaba su caja de seguridad. Así fue que notó que había sido violentada para sacarle lo que había en su interior: 100 mil dólares (casi 8 millones al cambio oficial y más de 16 millones en blue)”.

Hasta aquí la crónica periodística de otro ejemplo más de la gravísima inseguridad que sufren los vecinos de Capital. Sin embargo, en este caso no se trató de un ciudadano común, sino de dos funcionarios públicos provinciales, cuya identidad, extrañamente, no fue dada a conocer por ninguno de los diarios que difundieron la noticia, pese a la trascendencia pública de las víctimas del hecho.

Captura de pantalla: El Sol | 14/11/2020

Recién el 18 de noviembre, el periodista de FM Zafiro Marcelo Ortiz entrevistó a una de las personas que sufrieron el delito. El médico Hugo Díaz Broullond, director de la Red Prestacional de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), accedió a dar su versión de los hechos.

El médico, notoriamente apesadumbrado, destacó la cultura del trabajo en contraste con el robo padecido, recordó que comenzó a trabajar a los 7 años y que formó una familia austera junto con su esposa, María Alejandra Ferrer, quien todos los días se va a trabajar en colectivo a Tupungato, donde se desempeña como magistrada judicial.

Díaz Broullond (de corbata). A su derecha: Sergio Vergara, expresidente del directorio de OSEP. Tercero a su izquierda: Carlos Funes, su actual jefe en la obra social. | Foto: Gentileza | 2016.

El funcionario se quejó de información inexacta dada a conocer por los medios de comunicación. Aclaró que su casa sí tiene alarma pero supone que no funcionó el día del robo porque hubo tormenta. Aseguró que la mayoría del dinero que guardaba en su casa era de su hija, que no tenía en su caja fuerte 10 relojes de oro -como dieron a conocer los diarios- sino algunos relojes pulsera deportivos, además de joyas valiosas heredadas.

Frente a la contradicción de las declaraciones del director de OSEP respecto a la información periodística, EL OTRO consultó los registros patrimoniales oficiales de Hugo Díaz Broullond y de la funcionaria judicial María Alejandra Ferrer. Este diario verificó que en las manifestaciones de bienes de ambos no consta registro alguno de moneda extranjera atesorada, ni colección de relojes, ni joyas de alto valor.

Foto ilustrativa: Coco Yañez

La actual declaración jurada de Díaz Broullond ante la Oficina de Investigaciones y Ética Pública solo consigna: 1% de la titularidad de un inmueble adquirido en 2013, de 3.468 m2, con 20 m2 de construcción, valuado en irrisorios $12 (¡doce pesos!); también es propietario del 1% de de una casa de 100 m2 edificada en un terreno de 3.925 m2, comprada en 2009, declarada con un inverosímil avalúo fiscal de $90.570. Además posee el 50% de un auto Volkswagen Polo, productos bancarios, e ingresos anuales -no precisados- por trabajos en relación de dependencia en OSPEC y OSEP.

Captura de pantalla: Oficina de Investigaciones y Ética Pública | 23/11/2020

En la declaración jurada vigente de Ferrer, disponible en la página web de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, consta que la “asesora de menores e incapaces” posee un sueldo correspondiente a la clase 24, aunque no señala cuánto percibe por mes. También declara la titularidad del 50% de un departamento de 110 m2, recibido en herencia; 50% de un auto Chevrolet Spark 2015, adquirido con su sueldo; y el 100% de un Chevrolet Cruze 2016, comprado con ahorros.

Copia de declaración jurada de María A. Ferrer | Fuente: Poder Judicial de Mendoza

Más allá de la pertinente investigación fiscal sobre el origen de los fondos robados en el hogar familiar, y las diferentes hipótesis que puedan surgir, es imprescindible que el Estado, con los datos oficiales sobre la mesa, garantice transparencia en los patrimonios de los funcionarios públicos, y aclare si es legal y/o ético que los mismos atesoren semejante suma de dólares sin declarar.

Gabriel Balsells Miró, titular de la oficina anticorrupción de Mendoza, y Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, deberán disipar las dudas acerca de la posible contradicción entre los hechos y las declaraciones bajo juramento de los servidores públicos Hugo Rubén Díaz Broullond y María Alejandra Ferrer.

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