Fue presentado en el Senado provincial un proyecto de ley para que las mujeres policías víctimas de violencia puedan tomar licencia en estos casos. El Ministerio de Seguridad en plena campaña electoral intenta “limpiar su buen nombre”, pero detrás de esta pantalla hay muchas mujeres violentadas que se vieron ninguneadas y olvidadas por las máximas autoridades de la policía. El ministro Gianni Venier tiene hasta el día de hoy una prohibición de acercamiento a su expareja y dirige las fuerzas de seguridad que quieren mostrarse dispuestas a acompañar a las mujeres policías mientras le quitan el trabajo a las que ya se animaron a denunciar.
Paola Legay es una de las primeras policías que se animó a denunciar maltratos de parte de colegas de las fuerzas de seguridad en el año 2004. Desde entonces su vida se transformó en una procesión por ser escuchada. Según sus propias palabras, nunca se le brindó contención desde el Ministerio de Seguridad y siempre se la trató de “denunciadora serial”. Durante el gobierno anterior, Paola había sido reubicada en Radio Nacional, pero al asumir este gobierno fue removida de ese puesto y la obligaron a volver a tareas de policía. “Mi abogada (Carolina Jacky) había pedido adherir a la licencia que ofrece la ley 26.485 y por ello la jueza me mandó a examinar por el cuerpo médico forense, que dictaminó que no estoy en condiciones psicológicas ni anímicas para estar en la policía. Entonces el Ministerio de Seguridad directamente me dio de baja después de 21 años de servicio. Con la firma de Venier y Munives me dejaron en la calle”.
El día de ayer la senadora radical Daniela García presentó un proyecto de ley impulsado por el grupo Madres de Pie, que apunta a que las mujeres policías que sufren de violencia de género puedan tomarse licencia cuando se den estos casos. La abogada Carolina Jacky explica que no es necesario un proyecto de esta índole y que solo basta con adherir a la modificación que se hizo en el año 2015 de la ley 5811 que establece licencias para cualquier mujer que se encontrara en situación de violencia dentro de la administración pública. “Es muy noble y loable el grupo de madres que ha buscado apoyo para impulsar este proyecto, pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. El señor Munives y el ministro Venier dulcifican una historia que para nosotras es negativa y enfermante” cuenta Legay.
“Roberto Munives me dijo en la cara, delante de mi hijo y mi papá, que yo era responsable de haber perdido mi trabajo por no haberlo cuidado” dice indignada Paola, “esta situación me da bronca e indignación como víctima directa de la violencia institucional de estos hipócritas cínicos. Nunca protegieron a las mujeres policías, nos han estigmatizado, tratado de locas, nos obligan a evaluaciones psicológicas, nos quitan el arma, el sueldo o nos echan. No hay ninguna instancia dentro de la policía que se ocupe de atender a las mujeres”.
“Munives no ayuda a las mujeres al contrario las etiqueta de locas; y él mismo hace maltrato psicológico con traslados para no dejarte tranquila” cuenta Carla Roger, otra policía víctima de violencia por parte de su ex marido, Carlos Alberto Ávila Muñoz, secretario de Roberto Munives, el jefe de la Policía de Mendoza. Carla explica “a mí nunca me asistieron y hasta en la actualidad Munives me persigue. Desde el 10 de abril que decidí entregar mi arma, pues inventaron que yo había golpeado a una jefa por eso me trasladan. Por ello y al no saber qué más pueden inventar entregué mi arma y estoy de parte de enfermo psicológico. Munives fue el padrino de mi casamiento y mi ex esposo aún trabaja en el ministerio bajo su mando dado que son íntimos amigos”.
“Mi caso surgió en el 2011, recién en el 2016 dictaron sentencia. Mi ex presentó un amparo y ahora lo van a jubilar. Además de la licencia deberían devolvernos el dinero que nos descontaron por pagar psicólogos particulares y porque nos bajan el sueldo a la mitad. Yo vengo acarreando esa angustia desde hace años y en abril me cansé de que me sigan castigando por algo que no hice. Tengo un abogado, pero estos tienen el sistema judicial comprado. Solo lo público repercute”, se lamenta Roger, que dejó su arma para no ser perseguida.
Para Paola todo el conflicto se resume en una sola pregunta que desenmascara a las máximas autoridades de las fuerzas de seguridad de este gobierno: “¿Cuántas mujeres policías han denunciado violencia de género por parte de sus colegas y cuántas de ellas continúan trabajando? Muchas se han ido de parte médico, psiquiátrico, a muchas las han echado o han renunciado. ¿Y los varones?, siguen… ellos siguen trabajando sin ningún tipo de problema. Todo queda en un círculo vicioso de amparo entre ellos mismos, es muy grande la desprotección de la mujer policía”.
“Detrás del muro azul se cuecen habas que nadie quiere visibilizar” denuncia la ex oficial, echada “a patadas” del Ministerio. Paola Legay comenta que para sobrevivir se dedicó a estudiar y se recibió de licenciada en Psicología, profesión que hoy ejerce. “Tan loca no debo estar” dice riéndose porque la habían declarado no apta para trabajar en la policía. “Yo ya estoy de vuelta”, explica, “pero las chicas jóvenes de la policía merecen que las escuchen y las ayuden y dejen de avalar a los agresores. Sobran ejemplos de mujeres policías que en manos de este gobierno estamos sufriendo la violencia misógina”.
Venier, con prohibición de acercamiento por violencia de género
