Acompañados por numerosos dirigentes sindicales, Judiciales de Mendoza se manifestó en contra de la intervención del sindicato. El ministro de trabajo nacional Jorge Triaca designó como “delegado normalizador” a Hugo Parrino, abogado afín al gobierno de Cornejo.

Fotos: Apprentice

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial. Referentes de sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de partidos políticos y organizaciones estudiantiles, acompañaron ayer a la conducción de Judiciales en un “acto de repudio a la intervención del gremio”, impulsada por el Ministerio de Trabajo de la Nación en concordancia con el gobierno de Alfredo Cornejo.

Tal como ya informáramos en las páginas de EL OTRO, el ministro de trabajo Jorge Triaca tomó la decisión de avalar algunas argucias que la Lista Bordó -opositora del gremio- esgrimió para invalidar las elecciones de autoridades de 2016, en las que resultó electa la actual secretaria general Adriana Domínguez.

 

Arancibia (secretario regional adjunto de la CGT) rodeado por Lorite y Dagfal del SITEA.

Carlos Ordoñez, co-secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA), explicó cuáles fueron los ejes sobre los que el gobierno de Mauricio Macri, en conjunto con las autoridades provinciales, se apoyaron para intervenir el gremio de los trabajadores y las trabajadoras de la justicia mendocina. Para Ordóñez la jugada de Triaca y Cornejo es una maniobra tosca sin sustento jurídico alguno, que tiene por único objetivo atacar a una organización independiente del gobierno. “Necesitan disciplinar a los trabajadores para bajar costos laborales”, sintetizó el sindicalista.

A su turno, Domínguez agradeció el respaldo de un amplio arco sindical de la provincia y de representantes nacionales de la FJA, presentes ayer en la “casa” de los judiciales. El espaldarazo de los pares locales no es nuevo, desde el año pasado los miembros de la Intersindical han sido solidarios con la dirigenta ante la embestida gubernamental. En el mismo sentido, desde que se produjeron las impugnaciones la conducción de la Federación Judicial respaldó a la secretaria general. “La FJA acompaña incondicionalmente al gremio cuyano en su justa pelea disponiendo el estado de Alerta y Movilización nacional a los fines de llevar adelante todas las acciones políticas necesarias para revertir esta vergonzosa ofensiva gubernamental”, expresaron desde la conducción judicial nacional en un comunicado dado a conocer el pasado lunes.

La primera mujer electa en 70 años al frente de los judiciales, contextualizó la intervención del gobierno en el marco de la avanzada neoliberal: “queda otra etapa de ajuste y eso no es una promesa de semestre, es una realidad”. En uno de los momentos más reconocidos por la concurrencia, la secretaria general recordó al dirigente Agustín Tosco al marcar la diferencia “entre los compañeros que luchan y los que se entregan”, “acá estamos los que luchamos, compañeros…” sentenció Domínguez interrumpida por un aplauso cerrado.

José Luis Ronconi, en representación del secretario general de la FJA –Hugo Blasco-, completó la mesa de los expositores, acompañado por el secretario adjunto del sindicato y el abogado Ulises Gorini.

Los ritmos de la “normalización”

La elección invalidada por Triaca se celebró en abril de 2016, pero el ministro se tomó cinco meses para analizar la situación y recién en septiembre, días antes de la asunción de Domínguez, anunció que ésta no había sido electa en forma legal.

Este lunes 17 de abril, a un año de la elección de los judiciales, el titular de Trabajo firmó la resolución 211-E/2017, en la que designó a Hugo Marcelo Parrino como “delegado normalizador” del sindicato por un lapso de 120 días, tiempo en el cual estará facultado para conducir la entidad gremial hacia una nueva elección de autoridades.

Hugo Parrino Foto: Gentileza
 

Carlos Ordoñez afirmó que “no hemos sido notificados” de la designación de Parrino como interventor del gremio y tampoco precisó si conoce al abogado o su trayectoria.

Por lo pronto, se sabe del letrado que es vocal suplente del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza -bajo la conducción del radicalismo-, que fijó domicilio en calle Montevideo de Ciudad, y que tiene una cercanía política con el gobierno de Alfredo Cornejo a través de su amigo personal Ulpiano Suárez, subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado y miembro paritario del gobernador en las negociaciones con los gremios.

Con los platillos de la patronal y el gremio en una sola mano, no resulta difícil predecir para qué lado inclinará la balanza el nuevo interventor.