En una tensa sesión, la Cámara de Diputados de la Provincia debatió ayer un pedido de sanción a la diputada Hebe Casado por sus expresiones negacionistas en relación al terrorismo de Estado. Si bien la mayoría de los bloques expresó su repudio a los dichos de la legisladora, la libertad de expresión sin límites conjugó a diestra y siniestra los fundamentos del rechazo a la iniciativa del Frente de Todos. Con 27 votos por la negativa y 18 a favor, la UCR blindó a su aliada PRO, quien quiso hablar y se lo impidieron. El FIT rechazó sancionar a la negacionista, aunque se ausentó a la hora de votar. Consumada la impunidad, el peronismo abandonó el recinto.
La discusión despertó un creciente interés, a punto tal que la transmisión en vivo de la sesión, en el canal oficial de YouTube, fue una de las más vistas del año, superando las mil visualizaciones.
El jefe de la bancada peronista, Germán Gómez, abrió el debate (ver arriba desde el minuto 29 de la transmisión oficial) solicitando una cuestión de privilegio que fundó jurídicamente en el art. 91 de la Constitución de Mendoza, el cual establece la facultad de ese cuerpo legislativo de “corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad…”.
En su exposición, el diputado de San Rafael, quien había anticipado públicamente que solicitaría la destitución de Hebe Casado, bajó paulatinamente sus pretensiones iniciales –de máxima- y enfatizó en la necesidad de adoptar “algún tipo de sanción” –de mínima- que permitiera poner en cuestión los repudiables dichos de la diputada macrista. “Exigimos el máximo de la sanción”, señaló, para luego proponer insistentemente: “Al menos tiene que haber un llamado de atención”.
En primer lugar, Gómez trazó un contexto internacional respecto al negacionismo: “Hay una corriente importante no solo en Mendoza, de negar, disminuir, minimizar, aquellos hechos tremendos por los que ha atravesado la humanidad. En muchos países como España, Francia, Bélgica y Suecia se castiga, y está tipificado (como delito) en algunos como Alemania, la figura del negacionismo”.
El legislador justicialista definió las diversas formas de manifestación de este tipo de expresiones antidemocráticas, como la negación de la existencia de las víctimas, la ponderación de una supuesta guerra sucia entre bandos iguales, la minimización del número víctimas y la justificación de los crímenes, que en el caso de nuestro país se sintetizó con el macabro “algo habrán hecho”.
Entre los antecedentes recientes, el diputado rescató la iniciativa de la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien “promulgó un proyecto que (establece) que cuando se hace referencia a los desaparecidos se hable del número de los 30 mil desaparecidos, y cuando se utiliza el concepto de dictadura se hable de dictadura cívico militar. Y es obligatorio en todo acto, en toda expresión política institucional que, cuando se toquen esos dos conceptos, se utilice esa terminología”.
“No existen grises, o se está de un lado o se está del otro”, planteó Gómez apuntando directamente a la Unión Cívica Radical, partido al que le reclamó defender la democracia con hechos concretos y “no con meros discursos”, y apeló a la figura de Raúl Alfonsín, el “padre de la democracia”, para acentuar infructuosamente las evidentes contradicciones de la derecha mendocina.
“Nos llama mucho la atención que desde el oficialismo, desde el gobernador, el vicegobernador, el presidente del bloque, no se hayan expresado al menos diciendo que este tipo de expresiones tienen que corregirse, tienen que tener cierta cordura. Los jóvenes que no vivieron la dictadura empiezan a tener otro mensaje. Porque el proceso de negacionismo no solo es una cuestión política, ideológica y jurídica, sino también educativa. Se empieza a hablar, aunque no se escribe, en los claustros educativos que la dictadura no fue de tal forma. Minimizar la dictadura es una conducta negacionista”, manifestó el presidente del bloque del Frente de Todos, luego de destacar que las expresiones de Casado no son aisladas sino que van en línea con otros dichos previos en los que la legisladora asoció a las víctimas del terrorismo de Estado con “terroristas” y “vividores del Estado” “que ponen bombas”.
Entre las legisladoras de la oposición se destacó la intervención de Laura Chazarreta quien leyó una conmovedora y contundente carta de Claudia Domínguez Castro, la nieta recuperada 117 (leer aquí), quien manifestó el temor de “que funcionarios que pregonan o se atreven a comparar y poner en duda la veracidad de nuestras historias (…) pongan en riesgo la necesidad de una democracia que respete y garantice muchos de nuestros derechos. Derechos adquiridos con una lucha perseverante y sostenida. A costa de la vida de muchos, el silencio de otros tantos y, como ahora, la negación de otros más”.
Por su parte Mailé Rodríguez del Frente de Izquierda y los Trabajadores, se manifestó enfática al repudiar el negacionismo. “¡Fueron 30.000!” sostuvo la diputada y agregó: “Desde los organismos de derechos humanos históricamente se ha peleado, más de 40 años llevan peleando por el reconocimiento de todos sus familiares. Somos generaciones y generaciones que venimos con esa responsabilidad de encontrar a estas luchadoras y luchadores que peleaban por otro mundo, un mundo donde no hubiese injusticia”.
Rodríguez recordó que “lo que se está negando es la posibilidad de Memoria, Verdad y Justicia”. “He recorrido muchas veces las audiencias en los juicios por lesa humanidad y tener que escuchar lo que vivieron en carne propia esas mujeres que fueron violadas por los genocidas, esas mujeres que tuvieron que parir en cautiverio, esos niños y niñas que nacieron en cautiverio y aún no sabemos dónde están, eso es lo que se está negando”, reflexionó la legisladora del FIT.
“A nadie le cabe duda que como nieta de un luchador por los derechos humanos (NdR: la legisladora es nieta del periodista, escritor y referente del movimiento de derechos humanos Ramón Ábalo, fallecido el año pasado), no puedo más que ponerme del lado del repudio de esas expresiones. Pero son expresiones, distinto sería que la diputada Casado hubiese tenido una participación concreta y demostrable en el genocidio”, continuó Rodríguez.
Señalando contradicciones en el bloque del Frente de Todos, la diputada de la izquierda recordó el paso de funcionarios acusados y condenados por delitos de lesa humanidad en gobiernos comandados por el peronismo, como Carlos Rico (condenado por delitos de lesa humanidad) y César Milani, y enfatizó que “no existe el delito de opinión”, por lo que anunció la oposición del FIT a la cuestión de privilegio planteada por el diputado Gómez.
La diputada Rodríguez denunció “un doble discurso tremendo” y aseveró que si su abuelo viviera “jamás hubiese acusado ni perseguido a nadie por expresiones públicas o posiciones políticas. Ante todo mi abuelo defendía la libertad de expresión, por eso no vamos a acompañar este pedido que hace el PJ”.
Por su parte, Eduardo Martínez, del Partido Intransigente (PI) citó un intercambio de cartas entre los generales Pueyrredón y San Martín para afirmar que “la democracia republicana es imprescindible, concilia la ética con la ley, el derecho propio con el deber de la sociedad, la no explotación de la pobreza como instrumento político. Algunos dirán que es imposible como Pueyrredón. Yo creo que es imprescindible que todos los dirigentes políticos, de todos los partidos, se pongan de acuerdo en una base común donde no podemos volver ni llegar. Porque no estamos acá para durar, estamos para modificar la historia. Por lo tanto, como solamente morimos una vez, no podemos claudicar en ese ideal de convivencia que necesitamos tener en la sociedad”.
Marcelo Aparicio (Frente de Todos), manifestó que “son lamentables las expresiones de Hebe Casado y es muy doloroso para aquellos que en 1976 sufrimos la dictadura en carne propia”. El legislador recordó un operativo del Ejército sufrido por su familia, cuando él tenía 5 años, en el que fue secuestrado su padre por cometer el “pecado de pelear por un mundo mejor y ser delegado de base del Sindicato de Luz y Fuerza de la lista de Agustín Tosco”. “¿Y una diputada de la provincia osa de jactarse de estas cosas? Yo pido el máximo de la sanción que prevé nuestro reglamento interno, no se puede jugar con esto. No se puede incentivar expresiones de odio. Basta de odio”.
Al igual que la diputada del FIT, Gustavo Cairo del PRO cimentó su rechazo a la iniciativa ponderando la afectación al derecho a la libertad de expresión, “un valor esencial a todo el derecho republicano” y agregó que “llama la atención esto de imponer los dogmas y acallar las distintas voces”. Aunque su postura redundó en fundamentos igual de negacionistas que los expresados por Casado.
Tras la intervención de Cairo se produjo un cruce entre Gómez y Rodríguez, quien solicitó una cuestión de privilegio contra el presidente de la bancada peronista “por las violentas expresiones respecto de mi persona y mi abuelo, diciendo que si mi abuelo viviera se volvería a morir”. Visiblemente más molesta por la actitud de Gómez que por los dichos de Casado, y luego de otro cuarto intermedio, la diputada del FIT aceptó las disculpas del peronista.
También por el Frente de Todos, Cristina Pérez aludió a un correo electrónico enviado por Andrés Lombardi –presidente de la Cámara- acerca del comportamiento en las redes sociales de los legisladores: “Cuidado porque no son ustedes los que pueden decir cualquier cosa. A nosotros nos votó la gente para que tengamos responsabilidad en lo que decimos, por eso creo que no podemos meter en la politiquería un tema tan complicado. Esta es una discusión zanjada, con mucho dolor, con mucha prueba, con mucha historia y si son 9 mil, 10 mil, 30 mil –creo que son más- no hay derecho a ponerlo en contraposición con todos los muertos que esta pandemia nos está trayendo a nosotros”.
En representación de Protectora, Mario Vadillo repudió los dichos de Casado: “No puedo llegar a entender que esta diputada ponga en duda lo que sufrió nuestro país a causa de la dictadura cívico militar, no puedo entender que le interese si son 9 mil o 30 mil. Son muertos argentinos y muertos en la peor época histórica que hemos vivido. Me avergüenza mucho porque lo dice en su calidad de diputada”. Sin embargo, inmediatamente aseguró que “debemos respetar las opiniones y a ningún legislador se le debe prohibir dar opiniones políticas. Es un contrasentido, pero desgraciadamente tenemos que sopesar que es muy importante que los legisladores tengamos voz”.
En un marco de tensión evidente, el radicalismo había propuesto elaborar una lista de oradores para limitar el tratamiento de la cuestión de privilegio. Lista a la que se había sumado la propia Casado. Pero justo en el momento en el que Lombardi estaba por ceder la palabra a la representante del PRO, se anunció otro cuarto intermedio.
A esa altura estaba claro que el oficialismo prefería que la diputada del PRO no ejercitara su incontinente verborragia. Por lo que en el retorno de la pausa, ya no formaba parte de la lista de oradores, que quedó restringida al cierre de Cecilia Rodríguez (UCR). La diputada radical puso en palabras la decisión definitiva del oficialismo de proteger a Casado: “No compartimos la opinión, la desafortunada comparación que realizó la diputada Casado. Lo cual no fue ni más ni menos que eso, una desafortunada comparación con un hecho histórico que nos afecta y ha afectado a muchos argentinos y argentinas”.
En línea con el argumento de la libertad de expresión absoluta, la legisladora cornejista resaltó que Raúl Alfonsín, “el padre de la democracia”, nos enseñó que “la libertad de expresión cuando más se defiende es justamente cuando no nos agrada lo que dice el otro. No vamos a acompañar que se suspenda a una diputada por verter su expresión, más allá de que nosotros como bloque no compartimos sus dichos y creemos y esperamos que se llame a la reflexión”.
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