El sector laboral gastronómico es uno de los que presenta mayores índices de informalidad en Argentina. En Mendoza, el 60% de las trabajadoras y trabajadores de este rubro está en condiciones de precariedad absoluta. En diálogo con EL OTRO, la profesional de la pastelería Fernanda Echegaray denunció las condiciones de explotación que padeció durante meses en La Panettería, una exclusiva empresa de Godoy Cruz dedicada a la venta online, que la despidió arbitrariamente por reclamar dos meses de salarios impagos. El valiente testimonio de esta joven expone la realidad de miles de personas que, no obstante su esfuerzo y formación, ven truncados sus proyectos de vida digna en manos de empresarios inescrupulosos que permanecen impunes gracias a la vista gorda, cuando no la complicidad, de sindicatos del sector y organismos de fiscalización del Estado.
Por Negro Nasif | Fotos: Coco Yañez
En Argentina actualmente hay 4 millones y medio de trabajadores en la informalidad, la cifra equivale al 40% de la masa total de asalariados. La mayor cantidad de los precarizados provienen de los rubros agricultura, construcción y gastronomía. En Mendoza, la informalidad en el sector gastronómico, según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), es del 60%. El último informe referido, publicado en 2020, señala que en la provincia hay 12.302 personas trabajando informalmente.
Para desarmar las cifras alarmantes y ponerle caras, nombres y vivencias a la precarización, EL OTRO entrevistó a una profesional del rubro, que en su corta trayectoria laboral ha recolectado más maltratos y engaños que ganancias. La historia le pertenece a Fernanda Echegaray, una joven de una familia obrera, de 22 años de edad, con formación en Gastronomía, especialización en Pastelería, y actual estudiante de Bromatología de la Universidad Nacional de Cuyo.
En mayo pasado, Fernanda decidió demandar a la empresa en la que trabajaba por falta de liquidación de dos meses completos de un salario muy por debajo de las remuneraciones establecidas en el convenio colectivo. Trabajó sin estar registrada como es debido en La Panettería, un establecimiento ubicado en Godoy Cruz, que carecía de autorizaciones legales para desarrollar las actividades de producción y comercialización de alimentos, en condiciones de higiene y seguridad laboral completamente irregulares.
Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, Fernanda desarrolló tareas en jornadas de 5 horas diarias, con la exigua remuneración de $150 por hora. “Dejé de trabajar porque no me pagaban, me dijeron que me iban a arreglar y, luego de dos meses seguidos, no cumplieron con lo que me correspondía. Fue pasando el tiempo y no me arreglaron, por lo que, lógicamente, me consideré despedida e inicié acciones legales”.
Entre telegramas no respondidos y otra documentación que compartió con este diario, Fernanda mostró el texto de la “Certificación de fracaso por falta de acuerdo” que le extendió Paula Marina Palazzi, titular del Registro 37 de Conciliaciones Laborales, designada por la Subsecretaría de Justicia y Relaciones Institucionales, del Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia del Gobierno de Mendoza.
La audiencia de conciliación fracasó por falta de propuesta de los empleadores Florencia Lourdes Montanari y Miguel Eduardo Giordano Acevedo, ante el reclamo de Fernanda Echegaray de salarios adeudados, proporcionales de aguinaldos y vacaciones, diferencias salariales e indemnizaciones derivadas del despido arbitrario. “Luego de esto me bloquearon de las redes de la empresa y de sus redes sociales personales”, recordó la trabajadora al tiempo que puntualizó que las ganancias de sus patrones eran significativas: “Es una empresa que se especializa en pastelería, que vende exclusivamente a domicilios o servicios de eventos. Venden muchos productos caros y tienen como clientes a personas de alto poder adquisitivo. Recuerdo, por ejemplo, que hicimos el servicio para el casamiento de Belén Franchese”.
La decisión de demandar a sus empleadores y denunciarlos públicamente no es un acto menor ni común. Sin especular demasiado, Fernanda resolvió llevarlo a cabo y pararse firme frente a las posibles consecuencias. “No tengo miedo de contarlo, al principio pensaba que por los contactos que tiene mi ex empleadora Florencia Montanari, quien trabaja en el Poder Judicial, todo sería en vano y que se saldría con la suya. Pero me parece que es importante dejar en claro que nadie merece que le roben su tiempo”, afirmó con evidente convicción.
Entre los 17 y los 22 años, la joven trabajó de moza, panadera y pastelera. Su trabajo más estable fue en el Hotel Sheraton, pero en 2020, excusándose en la pandemia, la obligaron a presentar la renuncia. “Si no renunciás no vas a trabajar nunca más en tu vida”, le dijeron en el lujoso hotel.
“De todos estos años rescato el contacto con las compañeras, compañeros más cercanos, pero cuando alguien se siente con poder de decidir sobre el futuro cambia todo. No tengo buena opinión de los patrones que, solo por el hecho de tener plata, se creen con derecho sobre las vidas de las otras personas”, concluyó Fernanda.
A propósito de esta cruda realidad, cabe apuntar que la semana pasada el gobernador de Mendoza ponderó a la avenida Arístides Villanueva como “un atractivo turístico que ya es conocido mundialmente”. Más allá de la grandilocuente afirmación y su temor de que ese territorio comercial sea “invadido por mapuches”, los testimonios recabados por EL OTRO dan cuenta que allí, como en casi toda Mendoza, la Subsecretaría de Trabajo y el sindicato gastronómico no estarían siendo habitués.
