El comisario e interventor apostólico para el Instituto Próvolo, Obispo Alberto Bochatey, pidió reabrir la entidad cuando aún resta determinar la responsabilidad penal de religiosas y religiosos imputados por numerosos abusos sexuales de niños, niñas y jóvenes hipoacúsicos cometidos en ese lugar. En diálogo con EL OTRO, Alejandra Berlanga, del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, le recordó al Estado que esto no sería más que una falta de respeto hacia las víctimas y familiares.
Por Milagritos Contreras
“Estaban en una misión de cuidar, enseñar y proteger, pero ocurría lo contrario”
Catorce personas han sido imputadas en la causa judicial por abusos sexuales agravados y corrupción de menores cometidos en el Instituto Próvolo. Entre los acusados, el cura Nicola Corradi, las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez se encuentran con prisión domiciliaria, en tanto que el sacerdote Horacio Corbacho, la ex representante legal de la institución Graciela Pascual, los ex administrativos Jorge Bordón y Armando Gómez y la cocinera Noemí Paz aguardan el proceso tras las rejas.
Dialogamos con Alejandra Berlanga, miembro de Padres Autoconvocados de Niñxs, Jóvenes y Adultos con Discapacidad y del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, quien expresó una posición crítica sobre la jerarquía eclesiástica, el avance de la causa y el deficiente rol del Estado en la protección de las víctimas y sus familiares.
Alberto Bochatey pidió reabrir el Instituto Antonio Próvolo pese a que en este momento hay una investigación en curso por los abusos sexuales ocurridos en esa institución. ¿Cómo responden desde el Colectivo?
Desde que el Obispo Alberto Bochatey fue nombrado en este cargo ha tenido innumerables expresiones alrededor del Caso Próvolo, instando a la fiscalía a que terminen los rastrillajes para que devuelvan el edificio y poniendo en duda ciertas actuaciones en la investigación. La institución eclesiástica, a través de sus representantes, no ha tenido hacia las víctimas y sus familias ninguna acción reparadora, si es que la pudiese haber, ni de arrepentimiento público, al punto de no reconocer lo que sucedía en esta institución. Porque si bien toda esta gente está imputada, los hechos por los cuales se los está acusando son gravísimos, ya que se trata de vejaciones, violencia física, violencia psicológica y abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, y muchos de ellos en situación de mucha pobreza y alejados de sus familias.
Estaban en una misión de cuidar, enseñar y proteger, y resulta que nos enteramos de los horrores que estos niños, niñas y adolescentes han vivido en este lugar bajo la supuesta mirada y protección de esta gente. Son los mismos que están pidiendo que una vez devuelto el predio del Instituto se lo reabra por las “cosas buenas” que sucedían allí. Entonces, si vamos a hablar de las cosas buenas desde el punto de vista educativo, hay que preguntarnos por qué no se enseñaba en forma sistemática la lengua de señas.
No se le puede negar una mecánica de comunicación tan elemental para una persona como es la lengua de señas. Y entendemos también que esta falta de herramientas de comunicación que tenían muchos de estos niños, niñas y jóvenes estaba totalmente relacionado con los abusos que allí se cometieron. Porque aquí hubo un silenciamiento en todos los sentidos. Por eso no podemos permitir que se reabra el instituto del horror.
¿Cómo viven esta paradoja de que haya víctimas que no tengan ni para comer y obispos que perciban de nuestros propios impuestos más de 45 mil pesos por mes?
Justamente otra de nuestras luchas en este contexto tiene que ver con la separación de la Iglesia y el Estado. Por eso exigimos la eliminación del Concordato entre la Iglesia Católica y el Estado Argentino con la derogación de la ley 17032.
La vinculación entre la Iglesia y el Estado es una vinculación histórica. Pero no podemos olvidar que le estamos pagando el sueldo a todas estas personas quienes habitamos la República Argentina, pertenezcamos o no a esa religión.
¿Van a solicitar una reunión con la vicegobernadora Laura Montero?
Sí, este lunes 19 de marzo las organizaciones como Apapachar, Incluir, Padres Autoconvocados de Niñxs, Jóvenes y Adultos con Discapacidad, La Colectiva, Xumek, Irrompibles, y Red de Sobrevivientes de abuso Sexual Eclesiástico, nos haremos presentes a las 10 hs en la Legislatura provincial para solicitar una reunión con la vicegobernadora, Laura Montero, por el Caso Próvolo. Por lo que esperamos que se pueda dar una instancia de diálogo y reflexión el próximo 28 de marzo a las 18 hs en la Legislatura.
Anteriormente, familiares y personas sordas tuvieron algunas reuniones con la vicegobernadora y la Defensoría de Personas con Discapacidad. El reclamo sobre el que se insistió permanentemente fue, por un lado, el acceso al aprendizaje a la lengua de señas y, por el otro, la facilitación de talleres de aprendizaje de lengua de señas para las personas con discapacidad y para su familia, y para todo aquel que la requiriera en el territorio donde se encuentren, porque muchas de estas familias son de zonas alejadas. Es por ello que el Estado debe brindar el servicio en los lugares donde se requiere, hasta aquí eso no se ha cumplido.
Otro tema en discusión es el del acompañamiento psicológico, que desde el punto de vista de la salud mental, todas estas familias, niños y jóvenes van a requerirlo. Y ese acompañamiento tiene que ser a lo largo del tiempo.
Inicialmente cuando esto estalló, la primera acción que hicimos como agrupación de padres fue el pedido de acompañamiento por parte de Salud Mental de la Provincia. Tuvimos una reunión con el equipo y establecieron algunos mecanismos, nosotros venimos señalando mucho déficit en la implementación de ese mecanismo de acompañamiento. De hecho aún hay familias que no lo reciben.
“Con nuestras manos y nuestras voces rompimos el silencio”
A pesar del dolor y el descontento por parte de víctimas y familiares, este lunes 19 de marzo, a las 19 hs, en San Martín y Peatonal se llevará a cabo una nueva manifestación para exigir verdad y justicia en el caso Próvolo.
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