La frase le pertenece a Fernanda Arias, integrante de la Túpac Amaru en Mendoza. El Comité por la liberación de los presos políticos de esa organización realizó un nuevo reclamo en la explanada de la Legislatura. Fuertes críticas a los poderes judicial y ejecutivo de la provincia.
Fotos: Lucky Viard
Pasado el mediodía de ayer, militantes sociales y políticos de distintos espacios se reunieron en la Legislatura tras una nueva convocatoria del Comité por la liberación de Milagro Sala, Nélida Rojas y los presos y presas políticas de la Túpac Amaru.
Si bien la idea inicial era ofrecer una conferencia de prensa en la que denunciarían nuevos hostigamientos e información sobre la marcha de las audiencias en la Cámara de Apelaciones, la escasa concurrencia de medios de comunicación terminó transformando la actividad en un hecho político reivindicativo que contó con las adhesiones del senador provincial Luis Böhm (presente en el lugar), y los legisladores nacionales Guillermo Carmona y Anabel Fernández Sagasti. EL OTRO estuvo ahí y te cuenta qué fue lo más importante que se dijo.
La bandera de la justicia social
El momento más emotivo del mediodía se produjo durante la intervención de Fernanda Arias, una joven integrante de la organización Tupac Amaru.
Visiblemente emocionada, comenzó su intervención con una fina ironía respecto a la participación de miembros de la organización en el acto de ayer –uno de los motivos que esgrime la fiscal Gabriela Chaves para justificar supuestas prácticas extorsivas-: “en los buenos tiempos pudimos ser miles de compañeros, ¿saben por qué no nos acompañan en esta crisis que estamos pasando? Porque nadie está obligado a estar en la organización Túpac Amaru”, y agregó que “cuando se trabaja colectivamente nos planteamos un objetivo en común. En este caso una vivienda. Pero como lleva un tiempo en cumplirse, la organización invita a trabajar socialmente, ya que se juegan otras necesidades que a corto plazo pueden satisfacerse”.
Reafirmando la manera de organizarse, la joven tupaquera aseveró que “nuestro lema es ‘cuando la voluntad existe, ahí hay recursos. Cuando la voluntad no existe, hay miles de excusas’. Nosotros hemos construido desde ahí, con voluntad, no extorsionando. Nuestra arma de lucha ha sido la bandera de la justicia social, y así y todo fuimos calificados como violentos”.
Destacando el trabajo de años de la organización social y política, Arias se dio tiempo para reflexionar: “quizá hayamos cometido errores, pero no por ello nos juzgan. Nos juzgan por nuestros aciertos: porque construir fábricas textiles, bloqueras, escuelas, jardines, guarderías, hospitales, modelos preventivos de salud, un parque temático con una pileta gigantesca abierta para todos aquellos que quieran disfrutarla, no es ilegal. Capacitar compañeros para trabajar e identificarnos con la remera y la bandera de nuestra organización no es ilegal”. Y cuestionó: “¿O acaso es legal que nuestros logros nos sean arrebatados? ¿Es legal el hostigamiento constante que sufren nuestros compañeros y compañeras? ¿Es justo que haya presos políticos en democracia?”
Al finalizar su intervención, la militante describió la detención del hijo de Nélida Rojas: “el día 22 de agosto, siendo las 7 de la mañana, irrumpieron policías en la casa de Federico Torrengo, arriba de los techos. Cuando Federico salió a ver qué estaba pasando en su casa, fue apuntado con una Ithaca, tirado al piso en ropa interior. Fue esposado, sin derecho a esperar a su abogado defensor, fue llevado a la comisaría de Lavalle, y tras largas horas de espera, trasladado a Tribunales, a la fiscalía de Lavalle-Las Heras a cargo de Gabriela Chaves, que nos tiene de blanco. Los hijos de Federico, ambos menores, fueron encerrados en una habitación, siendo vulnerados todos sus derechos”. Fue así que la joven repudió el maltrato de las autoridades, solicitando que “dejen de detenernos, porque la libertad de nuestros compañeros y compañeras, cada uno las lleva consigo. Pero las convicciones y los ideales jamás podrán detener”.
El delito: organizarse
El exjuez, especialista en derecho penal, y miembro del Comité, Horacio Báez, con su característico estilo pedagógico, vertió enérgicas críticas al poder judicial y al sistema penal. Tras aseverar que “muchas personas que hoy están con Macri, durante las dictaduras también estaban con Macri, pero no necesitaban estar en el gobierno”, acudió a datos históricos para explicar la corrupción en la que se sume el Poder Judicial, con evidencia particular en el caso que denuncia.
“El Poder Judicial y sistema penal que tenemos no es fruto de la casualidad. No es que haya una fiscal Chaves que por ignorancia, por brutalidad, por ideología o por odio actúa hoy contra personas de la Túpac Amaru. Quienes educaron al Poder Judicial, a sus funcionarios, a sus magistrados y fiscales, lo hicieron de la misma manera que a los policías jóvenes que ingresan a la institución policial. Se educan por la cultura que viene de hace muchos años”, afirmó el prestigioso jurista.
Al asegurar que “el factor común del sistema penal es la pobreza”, Báez estimó que sobre los miembros de la Túpac pesan “los dos argumentos principales y sustanciales que tiene el poder judicial para perseguir a los más vulnerables durante toda su historia: ser personas humildes y de trabajo y tener organización social y política”. Además agregó que “ese es un peligro enorme para los poderes económicos y para quienes trabajan para ellos, como nuestros poderes judiciales”.
Luego de señalar la responsabilidad política del procurador general de la provincia Alejandro Gullé (“mano derecha del gobernador”), el abogado y docente sostuvo que “infundir temor sobre los sectores más vulnerables es la cultura que transmiten nuestras fuerzas políticas actuales que están fundamentalmente ejerciendo la autoridad nacional y provincial. Hay que ser duros, hay que ser recios para que nuestro pueblo se comporte bien. Ya sabemos que más del 95% de las personas sometidas a proceso penal no tienen escuela primaria o secundaria. Hay una terrible cobardía institucional que está aceptada por nuestra sociedad”.
En cuanto a las expectativas en el trámite judicial, Báez cifró sus “esperanzas de que la Cámara de Apelaciones (NdR: la defensa de los miembros de la Túpac ha solicitado la nulidad de todo lo actuado) resuelva las cosas sencillamente y como corresponde. Porque en este proceso no se ha cometido delito alguno. Se han imputado como delitos las funciones normales de la organización. Esta brutal fiscal, acompañada por el procurador general y el gobernador de la provincia, piensa que los compañeros de la Túpac son delincuentes desde el año 2007, año en que nació la organización”.
Concluyendo su exposición, el ex juez sostuvo que “para entender que eso es una organización delictiva hay que tener la cabeza muy podrida y degenerada por este sistema judicial adherido a lo peor de nuestra historia nacional. Algo que demuestra la falta de idoneidad ética y jurídica, lo mínimo que hay que tener para estar en esos puestos”, e infirió, en tono crítico, que “el gobernador Cornejo dijo que irían a buscar hasta sus madrigueras a los delincuentes. Es decir, considera ratas a quienes imputan. Y a los únicos que imputan son a los pobres”.
