Durante una conferencia de prensa realizada ayer en la puerta de la Legislatura provincial, el Comité por la Libertad de Milagro Sala informó que la denuncia contra Chaves es por privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y mal desempeño en sus funciones. Nélida Rojas, su marido y otros tres integrantes de la organización social en Mendoza llevan 45 días en prisión. Su defensa calificó de aberrante el procedimiento desde su inicio, y apuntó a Gullé y Cornejo como instigadores de una persecución política e ideológica.
Fotos: Coco Yañez
En una convocatoria a la prensa que contó con el apoyo y presencia de dirigentes sociales, de derechos humanos, políticos y gremiales, el ex camarista y miembro del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Horacio Báez se encargó de detallar los alcances y motivaciones de la denuncia que se presentó contra la fiscal Gabriela Chaves, quien instruye en nuestra provincia la causa contra Nélida Rojas y otros miembros de la organización social y política Túpac Amaru.
Dicho trámite se radicó en el juzgado de turno de Lavalle -ocupado por la misma Chaves, quien se tendrá que inhibir- y comprende a funcionarios policiales que ejecutaron los apremios ordenados por la fiscal. Pero el escenario legislativo fue motivo para que la acusación se replicara en la Comisión de Derechos y Garantías, mientras que se conoció que también será presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en estos momentos se encuentra sesionando por primera vez en Argentina.
“Los hechos que han ocurrido, desde las imputaciones hasta lo que está sucediendo en los últimos días, demuestran acabadamente que esto no es solo una investigación penal”, comenzó Báez, quien calificó como “aberrantes” las tipificaciones, al graficar que “se ha imputado por asociación ilícita a 38 personas que integran la organización Túpac Amaru, lo que significa presumir que esas 38 personas que se han unido en el objetivo de la construcción de viviendas, lo han hecho en realidad para cometer delitos pura y exclusivamente”.
El abogado afirmó además que “por supuesto que no hay ninguna prueba de que esas personas se hayan puesto de acuerdo para cometer delitos”. Al mismo tiempo, reflexionó que “sólo un gran prejuicio racial y político” puede llevar a imputar de esa manera, vinculando la acción de la fiscal con “el estímulo del procurador general de la corte, el Dr. Gullé”.
Cronología de la aberración
El Comité denunció que “el viernes 19 de mayo se realizó un procedimiento en un barrio de la Túpac. Con el pretexto de una encuesta ambiental, fueron llevadas 26 personas con la fuerza pública hacia Tribunales”. Al otro día “tras la visita que realizaron los hijos de Nélida a su madre en el penal, fueron detenidos e incomunicados injusta y arbitrariamente, por orden de la fiscal Chaves, durante 5 interminables horas. Sus familiares estuvieron en vilo, sin noticias de su parte, con una infinita angustia. Natalia (hija de Nélida), fue prácticamente desnudada en la vía pública para luego ser confinada a una celda húmeda y fría, privándola de dar el pecho a su bebé durante esas interminables horas de incomunicación”.
Pero la acusación registra más antecedentes, como el violento traslado de Nélida Rojas y sus hijas Carla y Leonela Martínez desde la cárcel del Borbollón a la de Agua de las Avispas, durante el fin de semana en el que fueron detenidas; el allanamiento al galpón de la Túpac Amaru ordenado por la fiscal Chaves el 14 de abril, que fue realizado de noche y sin orden de un juez; y la privación ilegítima de la libertad de Damián Torrengo, quien fue detenido durante algunas horas por orden de la fiscal sin mediar delito que lo justifique. La secuencia se completa con un allanamiento a la casa de Nélida Rojas y los hechos del último fin de semana.
El rol del poder político
Una de las conclusiones unánimes entre las intervenciones de ayer es que el poder político está detrás de esta maraña jurídica, mediante la cual se intenta “disciplinar” cualquier indicio de organización social y política.
En ese sentido, el diputado nacional Guillermo Carmona, aseguró que “la provincia de Mendoza está en falta con el sistema interamericano de derechos humanos una vez más, lamentablemente”, y convocó a que “mendocinos y mendocinas se unan en esta acción de poner en evidencia de que en Mendoza se está vulnerando el estado de derecho, y que estamos sufriendo el autoritarismo de un gobierno que ha decidido terminar con cualquier intento de organización popular”.
Tras hacer hincapié en que esta situación está provocada por “el procurador de Cornejo en la Corte”, Carmona instó “a los funcionarios judiciales, a los legisladores provinciales, e incluso a los funcionarios del Ejecutivo, a salir de las posiciones de miedo”.
Por su parte, Alfredo Guevara Escayola, integrante del equipo legal que defiende a Rojas, cuestionó que sea “la justicia penal la que determine nuestro derecho a expresarnos, reunirnos o asociarnos, derechos básicos de nuestra democracia”, y apeló a que “los legisladores reflexionen hasta qué punto vamos a continuar con esta cacería de brujas”, ya que la nuestra “es una provincia plural, con distintos sectores”, y “no es Jujuy, no es un feudo todavía”.
