El intento político, judicial y mediático de criminalización de la Túpac Amaru recibió un nuevo fracaso. El Tribunal de Cuentas aprobó las operatorias de viviendas construidas en Lavalle por la organización barrial.

Fotos: Coco Yañez

Mientras el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y el procurador de la Corte Alejandro Gullé insisten en la persecución política y penal de la organización barrial Túpac Amaru, el Tribunal de Cuentas desestimó presuntas irregularidades contables en la construcción de 250 casas en el departamento de Lavalle (leé el fallo completo aquí).

Por unanimidad, el organismo de contralor resolvió dar por terminada una pieza administrativa del 2015 que puso la lupa sobre las cuentas del Instituto Provincial de la Vivienda y “liberar de cargo a los funcionarios intervinientes”. Asimismo, mediante el Fallo N° 17.074, fechado el pasado 3 de octubre, el Tribunal solo aplicó una multa de $15.000 a Gabriel Buzzaqui, secretario técnico del IPV, por encontrarlo responsable de irregularidades administrativas menores.

Alfredo Guevara.

Alfredo Guevara, abogado de la dirigenta social Nélida Rojas y otros militantes de la Túpac, ponderó la decisión del Tribunal de Cuentas y sostuvo que con este fallo la estrategia judicial de la fiscal Gabriela Chaves se debilita casi por completo. “Sin daño al patrimonio público no hay sustento para una acusación por fraude a la administración pública, al menos hasta el 2015 inclusive, por inexistencia de perjuicio al Estado, requisito objetivo del tipo penal”, explicó el especialista.

Guevara reseñó el contexto político y mediático que precedió a la decisión del organismo: “Durante 2016, bajo el gobierno de Alfredo Cornejo, después de una auditoria rigurosa, a través del IPV se reanudaron los pagos a las cooperativas de la Túpac que se habían suspendido desde el inicio de la nueva gestión. El 7 de abril de 2017 la fiscal Chaves ordenaba la detención de Nélida Rojas y varios miembros de su familia. A la arbitraria detención se agregó la imputación de más de 60 miembros de la Túpac Amaru”.

Nélida Rojas y Alfredo Guevara.

Para el letrado “las imputaciones tenían que ver con la criminalización de prácticas habituales en las organizaciones populares” y no con “delito alguno que tuviera que ver con el manejo de fondos públicos, a pesar de lo que divulgaron los medios de comunicación hegemónicos”.

Guevara recordó que, pese a que el gobierno provincial anunció una auditoría sobre las viviendas construidas por la organización social, la revisión que llevaría a cabo el Ministerio de Economía nunca se efectuó y los análisis contables se enfocaron en observaciones puntuales del Tribunal de Cuentas, “que el año pasado aprobó el ejercicio 2014”.

“Hicieron sobre las cuentas de 2015 una rigurosa auditoria de los barrios de Lavalle. Y en octubre de 2017 no les aprobaron la rendición de cuentas a Parisi (ex titular del IPV), Righi (intendente de Lavalle) y otros funcionarios, ordenando una investigación por ‘pieza separada’, que se anunció por los medios”, recordó el defensor de Rojas.

Abril de 2011: Nélida Rojas, junto a Milagro Sala y las Madres de Plaza de Mayo.

El reciente fallo del Tribunal de Cuentas puso certeza sobre los números de las operatorias y dio por terminada la revisión contable, aprobando el ejercicio 2015, y liberando de responsabilidades administrativas a los funcionarios.

“Durante 2016 los fondos los autorizó el gobierno de Cornejo, y las obras se interrumpieron cuando criminalizó a la organización social, detuvo a sus dirigentes y familiares, secuestró los materiales y herramientas para la construcción y destrozó una organización social que cometió el único delito de levantar las banderas con el rostro indígena de Túpac Amaru por las exclusivas calles del centro mendocino”, concluyó Guevara.

Fiscal Gabriela Chaves.

Sin embargo, la fiscal Chaves, quien ya encarceló sin fundamentos jurídicos a Rojas y sus familiares y tuvo que retroceder por decisión de la Octava Cámara del Crimen, anunció que continuará impulsando la persecución contra la Túpac, monitoreada de cerca por su jefe Alejandro Gullé, amigo personal y correligionario del gobernador.

“Lo que diga el Tribunal de Cuentas no implica que yo no pueda seguir con la investigación, porque al Tribunal se le rinden cuentas y es algo político. Este fallo no afecta la investigación porque nosotros investigamos en el plano real, no en el plano político ni contable”, manifestó la funcionaria, según declaraciones recogidas por el diario Los Andes.

 

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